El Gobierno apuesta por que las oposiciones se resuelvan en un año

La Administración Pública afronta una encrucijada en los próximos años para que no vuelvan a repetirse los elevados índices de temporalidad en el empleo público.

Esto ha provocado importantes quebraderos de cabeza en los últimos años para estabilizar a miles de trabajadores que llevaban años sin consolidar sus puestos de trabajo por la caótica organización de la función pública, pero también por la falta de ofertas de empleo público o unos procesos selectivos que se dilatan en el tiempo sin que se puedan sustituir las plazas vacantes por personal estable.

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Alternativas

Una de las alternativas que están sobre la mesa en Canarias es que las oposiciones duren solo un año desde que se publica la convocatoria hasta que finalizan los procesos selectivos, un reto inédito que figurará en la nueva ley del empleo público que prepara el Gobierno regional.

El desafío es enorme por la inercia de la Administración y el ya de por sí lento y complejo funcionamiento de los trámites, requisitos y condiciones para acceder al empleo público.

De ello es consciente el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, que advierte de la necesidad que realizar una «revisión en profundidad» de la función pública en la nueva ley con «objetivos potentes» dentro de la legalidad para dar más estabilidad y seguridad a los empleados públicos porque, en caso contrario, «los problemas de temporalidad van a existir siempre».

Modelo pionero

Llorens se fija en un modelo pionero puesto en marcha por la Comunidad Valenciana. La Ley de Función Pública Valenciana marca el plazo de un año para resolver los procesos selectivos desde que estos son convocados, lo que conlleva simplificar al máximo los procedimientos y dar un giro a las pruebas con exámenes teóricos menos complejos y más formación a los futuros funcionarios para demostrar su capacidad y competencia.

El Ejecutivo ve difícil que la tasa de temporalidad llegue al 8% en Sanidad y Educación

Los procesos extraordinarios de estabilización, con macroconvocatorias abiertas de miles de plazas para dar preferencia a los interinos, han sumergido a las administraciones públicas en un sobreesfuerzo que ha afectado en Canarias a más de 25.000 empleados públicos de la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos de las Islas.

En el caso de la Administración autonómica los procesos están finalizados en más de un 90% en cuanto a las listas definitivas, pero no así en los puestos de trabajo ofertados, que superan el millar porque quedan por rematar las categorías más numerosas.

Plazos

Antonio Llorens advierte que en año y medio se ha hecho lo que no hizo el Gobierno anterior entre 2022 y hasta mitad de 2023 cuando entró el actual Ejecutivo.

Los 3.500 interinos de la Administración General tendrán sus plazas a principios del verano pero eso no significa que la tasa de temporalidad en la Comunidad Autónoma llegue al 8% como reclama la Unión Europea a España.

El viceconsejero duda que se alcance ese porcentaje y que el modelo de función pública que impera en España permita llegar a esa cifra, sobre todo por el dimensionamiento de personal con el que cuentan la educación y la sanidad públicas.

40% de interinidad

Ahora el objetivo es que no se vuelvan a repetir las cifras de más del 40% de interinidad en la Administración y para ello se barajan todas las vías posibles.

Además de acortar al máximo la duración de las ofertas de empleo público, también se quieren consolidar las listas de reserva de aquellos opositores que aprueben los procesos selectivos pero no tengan plaza para que sean funcionarios de carrera directamente con el fin de cubrir las vacantes que surjan de aquellos que sí obtengan las plazas convocadas.

Llorens apuesta por explorar modelos y alternativas para que los procesos selectivos no duren cinco años o más como es la tónica dominante: «En cinco años se generan necesidades que obligan a contratar personal temporal, lo razonable sería hacer los procesos selectivos en un año para evitar los problemas de interinidades». 

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No obstante recalca que evitar la temporalidad en Educación y Sanidad será más complicado que en la Administración General y centros directivos de las consejerías.