El Tribunal de Cuentas reabre la investigación de los contratos covid

El Tribunal de Cuentas vuelve a poner la lupa sobre los contratos que el Gobierno de Canarias –presidido entonces por el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres– cerró durante la pandemia para la compra de material sanitario. El máximo órgano fiscalizador de la gestión económica del sector público ha abierto, de nuevo, diligencias preliminares para investigar las «presuntas irregularidades» que se produjeron en la adjudicación directa sin licitación, por parte del Ejecutivo autonómico, «de varios contratos durante la emergencia del covid-19». Y aclarar con ello si existe responsabilidad contable. Así se explica en el documento que el Tribunal de Cuentas envió el pasado 25 de marzo al Servicio Canario de Salud (SCS) y que aparece firmado por el delegado instructor de las Actuaciones Previas, Manuel José Alonso Núñez.

En el informe se solicita al organismo autonómico que, en un plazo de diez días hábiles, aporte los certificados y documentación justificativa relativos a las catorce adjudicaciones que se detallan en el mismo documento para practicar las diligencias de averiguación. En esta lista aparecen empresas que cerraron acuerdos millonarios con el Gobierno canario y que incluso están siendo investigadas, como es el caso de Soluciones de Gestión y Apoyo, vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos y germen del presunto caso de corrupción que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea -ya que parte de las compras se hicieron con fondos comunitarios-. Y otras compañías que también están en pleno proceso judicial por un posible delito de malversación de caudales públicos como Damco Trading Services, a la que Canarias compró batas, test y guantes por un valor de casi cinco millones de euros (4.981.610).

Ya han pasado cinco años desde que el planeta se paralizó como consecuencia del virus mortal, pero todavía hoy continúan sobre la mesa las dudas sobre los contratos millonarios que cerró Canarias en 2020 y 2021, por más de 37 millones de euros. Esta no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas se pronuncia sobre este asunto. En diciembre de 2023 decretó el «archivo provisional» de las investigaciones sobre los trámites administrativos llevados a cabo por el SCS en el conocido como caso mascarillas –Canarias compró a RR7 United cuatro millones de mascarillas que nunca llegaron–, descartando la existencia de cualquier delito contable y, por lo tanto, cerrando el expediente dentro de este organismo nacional. La empresa implicada, RR7 United, no aparece ahora entre las adjudicatarias de las que el Tribunal de Cuentas pide ahora más información .

Trámite "suspendido"

En abril de 2024, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, aclaró que se había abierto diligencias para determinar si hubo responsabilidad contable de las irregularidades detectadas en los contratos de compra de material sanitario en Canarias y explicó que el trámite se encontraba «suspendido» ante las acciones emprendidas por el Gobierno autonómico para recuperar los cuatro millones de euros que costaron las mascarillas que no llegó a recibir. La Agencia Tributaria Canaria, a día de hoy –cuatro años después– no sabe nada de ese dinero.

En enero de este año el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), Pedro Pacheco, también defendió, en su intervención ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, que podría haber indicios de responsabilidad contable en los contratos de la pandemia, pero insistió en que debe ser el Tribunal de Cuentas el que lo determine. Según Chicano, la acción de pedir responsabilidades se emprendió precisamente a partir de la documentación recogida en el borrador del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que se aprobó finalmente el diciembre pasado.

Las investigaciones abiertas apuntan a que muchas de las pruebas PCR, mascarillas quirúrgicas y protectores que se compraron en plena emergencia presentaban un precio mucho mayor que los oficiales del mercado. Uno de los ejemplos es el de la empresa ACJ S. A., con sede en Las Palmas de Gran Canaria y dedicada al comercio al por menor de artículos médicos, que recibió 795.000 euros del SCS por la venta de 50.000 test PCR, con un coste unitario de 15,9 euros que contrasta con los 5,46 euros que rondaban en el mercado. También la dirección general de Recursos Económicos encargó a Valsons Traders Explotaciones S. L., con sede en la ciudad, el suministro de 50.000 unidades de equipos de protección y 300.000 unidades de mascarillas FFP2, por un coste total de 2.081.650 euros, que triplicaba el precio habitual.

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