Canarias confía en más resoluciones a su favor en el pleito sobre menores

El Gobierno de Canarias cree que la justicia está empezando a reconocer su situación en relación con la emergencia migratoria y a darle la razón en sus planteamientos de fondo sobre la necesidad de que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y aportar soluciones en interés de los menores migrantes no acompañados, pero también para auxiliar a la propia comunidad autónoma en su soledad, asumiendo la acogida y atención a este colectivo. Es un camino que considera que los tribunales han empezado a recorrer con la resolución del Tribunal Supremo el pasado miércoles exigiendo al Gobierno central, mediante la aceptación de una medida cautelar solicitada por Canarias, que se haga cargo de más de un millar de menores migrantes solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo regional recibió esta decisión del Alto Tribunal prácticamente como un anticipo de la sentencia definitiva que se producirá respecto a este recurso en concreto, pero también respecto a los otros dos presentados ante la misma sala de lo Contencioso Administrativo (por afectar a decisiones del Consejo de Ministros) y que están a la espera de alegaciones procesales presentadas en cada caso. El primero de estos recursos, registrado en noviembre de 2024, considera que se vulnera el principio de solidaridad del Estado reconocida en textos legales como el artículo 2 de la Constitución y el artículo 38 de la ley de extranjería, respecto a la obligada atención del Estado a los menores. El contencioso se encuentra pendiente de que el Alto Tribunal resuelva las alegaciones que puso el Estado a Canarias y que la comunidad autónoma ya respondió.

El segundo de los recursos, presentado en diciembre pasado, se refiere a la compensación económica, alegando la comunidad autónoma un quebranto económico de más de 130 millones por asumir en solitario una acogida sobre la que entiende que el Estado debe asumir. Al respecto el Gobierno central ha presentado alegaciones previas que la comunidad autónoma debe responder y sobre las que aún está en plazo para ello.

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Estos dos pleitos se refieren al conjunto de menores migrantes no acompañados, mientras que el de los solicitantes de asilo fue presentado con posterioridad y, sin embargo, atendido antes por el Tribunal Supremo aceptando la medida cautelar para que el Estado garantice en un plazo de diez días improrrogables el “acceso y permanencia” de 1.221 de estos chicos en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

Desde el Ejecutivo canario se destaca que “normalmente las cautelares suelen ser en sentido negativo, y se evita acordarlas porque las consecuencias de su aplicación tendría efectos irreparables ante una eventual sentencia contraria a la demanda” y que “es muy extraño que se acuerden cautelares en sentido positivo, en tanto se decide sobre el fondo de la cuestión”, según señala su portavoz, Alfonso Cabello. De ahí que esta resolución la tomen como un indicio de que las sentencias que están por llegar les den la razón.

“Somos prudentes, pero entendemos que es de justicia que se cumpla con Canarias y que aquí ha habido una buena forma de plantearlos por parte de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma”, añade el portavoz. “La decisión del Supremo nos da una orientación sobre el camino que toma el pleito entre Canarias y el Estado sobre la situación en torno a los menores migrantes”, resalta. Cabello asegura, además, que la propia sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de febrero en la que se declaraba nulo el protocolo de acogida del Gobierno regional y ratificaba la competencia de Canarias para atender a los niños y niñas que llegan a sus costas sin familiares, también dejaba clara, por otra parte, “que había una serie de principios supra autonómicos que no se están cumpliendo, que tienen que ver con el principio de solidaridad”.

Recovecos jurídicos

Esa es la senda que, según el Ejecutivo de Fernando Clavijo, están tomando las resoluciones judiciales como fondo del problema sobre el que la comunidad autónoma pide sea atendida por el Estado y por el resto de los territorios. “La orientación es favorable a nuestros argumentos de que este es un tema que sobrepasa la implicación de Canarias y que cuando menos corresponde al conjunto del Estado”, insiste el portavoz. En relación con los menores solicitantes de asilo, el Gobierno canario teme que el Estado vaya a buscar “recovecos jurídicos” para evitar un mandato tan claro y expreso como le indica la resolución judicial del miércoles. “Hasta ahora el Estado ha culebreado todo lo que han podido, mientras nosotros nos hemos visto abocados por carácter de emergencia a ir abriendo centros semanalmente, y ahora intentan sacudirse la responsabilidad cuando ya hay unas medidas cautelares del Tribunal Supremo diciéndole que esta competencia es del Estado”, declara el portavoz gubernamental.

“No sería razonable buscar ningún otro recoveco jurídico porque sería contradictorio con el hecho de que le estemos pidiendo a todas las comunidades autónomas que asuman una parte de los menores que acoge Canarias”, señala en referencia al decreto-ley de reparto que será convalidado el próximo día 10 en el Congreso. Este decreto, por otra parte, va a contribuir a resolver los dos pleitos trasladados al Supremo sobre la obligada solidaridad del Estado en materia de acogida y la compensación económica a Canarias por asumirla en solitario hasta el momento. “Sin querer ser frentistas, esperamos que esto se solucione por la vía del acuerdo político y por la aplicación de la reforma de la ley de extranjería que se producirá vía decreto ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros hace unos días y su próxima convalidación”, recalca Cabello. “Los contenciosos están presentados y continuamos defendiendo lo que creemos que es justo y legal para Canarias, pero por la vía de los hechos y de la acción política se pueden ir resolviendo los asuntos”, afirma el portavoz del Ejecutivo canario.

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