El Supremo da 10 días al Estado para hacerse cargo de un millar de menores solicitantes de asilo en Canarias

El Tribunal Supremo (TS) insta al Gobierno de España a hacerse cargo de más de un millar de niños y adolescentes migrantes no acompañados que han solicitado protección internacional o han manifestado su voluntad de solicitarla y que permanecen en el sistema de acogida del Gobierno de Canarias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo regional y da un plazo “improrrogable” de 10 días para que el Ejecutivo central “garantice el acceso y permanencia” en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de estos menores, en su mayoría de origen maliense. De esta manera, el TS reconoce que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de derecho de asilo y, por tanto, Canarias no tiene potestad para prestar asilo y protección internacional a los menores no acompañados que llegan a sus costas.

La Sala también exige que, dentro del mismo plazo de diez días, se le informe de las medidas que se adopten en virtud del requerimiento, y transcurrido dicho plazo decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada, que permitirá aliviar la congestión de la red de acogida del Archipiélago. La Sala no se pronuncia sobre la tutela de los menores que, en principio, seguiría recayendo sobre el Gobierno de Canarias, pero sí obliga al Estado hacerse cargo de la atención de los niños y a darles asistencia como solicitantes de asilo pues, hasta ahora, no han tenido acceso a este servicio.

El auto por el que se acuerda esta medida cautelar ha sido dictado a instancia del Gobierno de Canarias, que previamente había requerido al Gobierno de España hacerse cargo de estos menores, al entender que requieren una atención especializada dentro del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Hasta ahora, el Ministerio de Migraciones ha defendido que la tutela de los menores no acompañados solicitantes de asilo es competencia de las comunidades autónomas y ha rechazado su obligación de atenderlos en los centros de protección internacional de España, como sí ocurre con los niños que llegan con sus padres o con un hermano mayor de edad.

Pleno derecho

La Sala, tras examinar sucintamente las competencias de ambas administraciones, considera que, en la actual situación, el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional no ha sido puesto a su disposición pese a que es un sistema al que "tienen pleno derecho" y cuya implantación efectiva se revela "imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento" en que estos menores -según resulta notorio- se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger.

Sistema colapsado

En agosto de 2024, España declaró que su sistema de acogida para refugiados estaba completo y no podría recibir más solicitantes de asilo hasta 2025. La Subdirección General de Gestión de Plazas e Itinerarios de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Migraciones, envió un comunicado a sus entidades colaboradoras informando del agotamiento de las capacidades normales de acogida, lo que ha llevado a paralizar temporalmente el traspaso de solicitantes de protección internacional de los centros de atención humanitaria a la red de protección internacional.

En el comunicado, al que tuvo acceso LA PROVINCIA / DLP, el Ministerio apuntaba que no se retomarán las valoraciones y derivaciones hasta que disminuya la saturación, previsiblemente en enero de 2025, momento en el que parte de las plazas de los centros de acogida de migrantes adultos pasarán a formar parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

Según el escrito del Ministerio, la capacidad de alojamiento del sistema de acogida de protección internacional español estaba «temporalmente agotada», a pesar del «sustancial crecimiento» desde 2022 del número de plazas. La tasa de ocupación durante todo 2024 no bajó nunca del 90% y permaneció por encima de este umbral. El Ministerio atribuía estos niveles al aumento de las llegadas por vía marítima y a un cambio en el perfil de las personas que arriban de forma irregular, lo que ha incrementado las solicitudes y prolongado su estancia en el Sistema de Protección Internacional y en el Programa de Atención Humanitaria.

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