PSOE y VOX no frenan la ley del alquiler vacacional

El PSOE consiguió retrasar durante ocho días, mediante una maniobra reglamentaria, la toma en consideración de la ley que regula el alquiler vacacional, pero este viernes ni su enmienda a la totalidad ni la presentada por Vox impidieron que la Cámara inicie los trámites para aprobar de forma urgente el texto que pone límites a una modalidad de negocio turístico que ya supera los 66.000 inmuebles y que ha tensionado el precio de la vivienda residencial.

En un salón de plenos con la bancada de invitados llena de representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) -con su presidenta y alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, a la cabeza- y de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), que ha interpuesto recursos a la ley tanto en el Tribunal Supremo (TS) como en la Comisión Europea en Bruselas, los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) rechazaron las enmiendas de devolución presentadas por los socialistas y los diputados de la derecha radical.

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Durante su defensa del texto, la consejera de Turismo, Jéssica de León, afirmó que entre los municipios de La Oliva (Fuerteventura), Arona (Tenerife) y Yaiza (Lanzarote) se ofertan ahora mismo en los principales portales inmobiliarios un total de 3.700 anuncios de viviendas vacacionales y sólo 240 son casas de alquileres de larga duración. De esas 240 viviendas ofertadas en total, según la consejera, "solo tres están en un precio que va entre los 600 y 800 euros del alquiler y el resto supera los 1.000 euros mensuales".

Más datos: el crecimiento de la vivienda vacacional en el archipiélago desde 2021 ha sido de un 57% y los precios de esta modalidad se han incrementado un 52%.

Y, para calibrar la dimensión de este modelo de alojamiento turístico, la consejera sentenció que en el año 2015 el alquiler vacacional comenzó su andadura con 2.634 viviendas y ahora son 66.843: "ya supone el 37% de la oferta alojativa" del Archipiélago.

Regular el caos

En su defensa del texto, De León incidió en que desde que entre en vigor la nueva legislación no se podrán dar nuevas autorizaciones durante cinco años para que los ayuntamientos "definan dónde y cuántas caben" en cada uno de los 88 municipios canarios.

En un momento en el que hay 1,1 millones de viviendas susceptibles de convertirse en turísticas, la ley reserva un 90% del suelo a uso residencial -en las islas verdes será un 80%-, en las zonas que se declaren tensionadas el crecimiento será cero y las viviendas de protección oficial no podrán destinarse al uso turístico.

"Esta ley viene a viene a regular el caos en el que en estos momentos se encuentran todas las modalidades alojativas y hemos empezado por ordenar la vacacional porque la refrendamos como una modalidad extrahotelera", insistió la consejera De León.

La consejera asegura que la nueva norma "regula el caos en el que se encuentran todas las modalidades alojativas"

"No pierdan de vista que estamos diseñando el modelo de turismo de Canarias para los próximos diez años basado en la convivencia", defendió De León desde la tribuna de oradores. "No se trata de estar con los turistas o con los residentes, se trata de estar con los más fuertes o con los más débiles, y han elegido de nuevo defender a los más fuertes", respondió el portavoz socialista, Sebastián Franquis.

Para el PSOE, que de forma paradójica tiene el apoyo de Vox en este debate, "miles de familias están sufriendo, agobiadas y viviendo con incertidumbre" y, aunque asumen que "hay que regularizar este modelo de negocio", insisten en que no puede hacerlo el Gobierno "invadiendo las competencias de los ayuntamientos", ya que traslada a las corporaciones municipales "una carga inasumible y desproporcionada de fiscalización de la actividad de vivienda vacacional".

"Apostamos por ordenar y actualizar el sector, pero de forma pactada y con sentido común, quien debe definirlo son los ayuntamientos, no el Gobierno de Canarias, porque además todos los municipios no son iguales, y ustedes no han escuchado a los ayuntamientos", insistió Franquis.

Para el partido de la derecha radical, tal y como defendió su diputada Paula Jover, el Ejecutivo "yerra y muerde la mano del sector que nos da de comer", y "culpa al pequeño propietario que con esfuerzo ha adquirido una vivienda y busca rentabilizar" antes que implementar políticas que faciliten el acceso a la vivienda con un aumento de la oferta residencial.

Incluso, según Jover, "ha impuesto sanciones a quienes usan sus viviendas como primera o segunda residencia y sancionado a quienes gestionan de forma legítima su patrimonio".

Por lo que respecta a NC-Bc, el otro partido en la oposición, la diputada Esther González aseguró que no presentaron enmienda a la totalidad porque hay aspectos del texto que comparten, aunque creen que "la ley, tal y como está, es irrealizable".

González recordó que el proyecto legislativo está cuestionado por las federaciones de municipios (Fecam) e islas (Fecai), el Consejo Económico y Social (CES), la Confederación Canaria de Las Palmas (CCE) y de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco).

Con similares argumentos a los de Vox, la portavoz canarista aseguró que "lo que está detrás no es la defensa del derecho a la vivienda, sino impedir la competencia a los de siempre, perjudicando a las familias canarias que destinaron sus ahorros a adquirir una segunda residencia para uso individual y, en el caso de que lo necesitaran, una renta complementaria".

"La ley piensa en el pequeño propietario que ejerce la actividad, que es buena si está bien regulada y que ayuda a muchas economías familiares, por lo que quien ejerce hoy la actividad y cumple podrá continuar ejerciéndola", refutó la consejera De León. 

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"De no atenderse las reivindicaciones de los ayuntamientos esta será una norma fracasada", concluyó González. «Durará solo lo que dure este Gobierno", remachó el socialista Franquis.

Los grupos que respaldan al Gobierno regional hicieron piña en torno a la consejera de Turismo, y tanto el conservador David Morales como la nacionalista Socorro Beato criticaron, sobre todo, la incoherencia de los socialistas canarios al rechazar la tramitación de la norma cuando desde 2017 reclaman que el Parlamento tramitara por la vía de urgencia una ley que regulara la actividad del uso turístico de viviendas.

"Ahora resulta que consideran que no ha lugar la urgencia y que, además, mejor incluso si se retira este proyecto de ley. El PSOE debe salir a la calle y explicar a la ciudadanía sus contradicciones y, de paso, desvelar cuál es su verdadero objetivo respecto a toda vivienda vacacional existente en Canarias, que no es otro que el de lograr su completa erradicación", dijo Morales.

Por su parte, Beato reprochó a Vox que "reduzca el problema de la vivienda a la inmigración ilegal" y al PSOE "que haya pasado de querer que se despachara con un decreto ley, por urgencia, sin trámites de consulta pública y sustrayendo el debate parlamentario, a oponerse y obstaculizar su tramitación". Además, recriminó a los socialistas que "no hicieran nada en los cuatro años en que gobernaron, ni hayan hecho aportaciones en la consulta pública, ni presentado alegaciones al proyecto de ley". 

"Buscamos proteger el derecho de los canarios a una vivienda digna y promover un turismo responsable porque Canarias debe seguir siendo un destino atractivo, pero también un hogar digno para quienes aquí vivimos", concluyó la portavoz nacionalista.

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