La violencia en el Sahel dispara los movimientos migratorios forzosos

Las muertes vinculadas a grupos yihadistas y a organizaciones paramilitares en África se mantienen en cifras récord. La región del Sahel, ubicada a apenas 850 kilómetros de Canarias, se confirma como el escenario más letal del continente por cuarto año consecutivo, pues concentra el 55% de las muertes relacionadas con la violencia. Así, se estima el año pasado murieron 10.400 personas en Malí, Níger, Burkina Faso y Chad, según el último informe del African Center for Strategic Studies (ACSS), un ‘think-tank’ vinculado al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los conflictos y los regímenes represivos empujaron a más de 45 millones de africanos a abandonar sus hogares, una cifra que supone un 14% más que en 2023 y que no ha dejado de crecer desde hace 13 años. La población desplazada por la fuerza en África se ha duplicado desde 2018 y, aunque tres de cada cuatro personas se queda en el continente, para muchos su destino final es Europa.

En Malí, el país más inestable de la región, el número de personas que se ven obligadas migrar sigue aumentando a medida que se deteriora la situación de seguridad, pues los grupos islamistas controlan cerca del 50% del territorio. Si bien, en 2024, murieron casi tres veces más civiles debido a la violencia de las fuerzas de seguridad sahelianas y rusas que por grupos islamistas. El ACSS advierte que tanto las cifras de desplazados como las de fallecidos están “subestimadas”, pues la junta militar maliense ha bloqueado el acceso a la información en el país, llegando incluso a exigir que se retire la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma).

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Beatriz Mesa, periodista especializada en los grupos armados que actúan en el Sahel y profesora del Collège des Sciences Sociales de la Universidad Internacional de Rabat, asegura que el grupo Wagner -ahora reinventado como Africa Corps- ha asesinado a numerosos civiles y ha cometido grandes violaciones de derechos humanos en Liptako-Gourma, la región que une las fronteras de Malí, Burkina Faso y Níger. “El Sahel es una zona expuesta a unos niveles muy altos de violencia, pero de diferente calado. No solo hay grupos armados, yihadismo y mucha criminalidad, sino que también existen conflictos locales relacionados con la protección de la actividad económica, que ha fragilizado comunidades vinculadas a la ganadería o la agricultura”, detalla Mesa. 

En 2024, más de 653.000 malienses abandonaron sus casas huyendo de la guerra que vive el país desde hace más de 12 años y de la violencia yihadista, lo que supone un 9% más que el año anterior. Según estima el ACSS, cerca de 120.000 malienses se desplazaron hacia Níger y otros tantos fueron hacia Mauritania, en cuya frontera con Malí se encuentra el campo de refugiados de M’bera, en el que viven hacinadas unas 150.000 personas. 

Los ‘hombres fuertes’

Las autoridades mauritanas han advertido reiteradamente sobre la crisis migratoria interna que afronta el país, en cuyas costas se han instalado miles de malienses –y en los últimos meses también migrantes de origen asiático– a la espera de una oportunidad para subir a un cayuco con rumbo a Europa, a través de Canarias. En los últimos 15 años, según datos de Frontex, han arribado al Archipiélago de manera irregular 23.429 personas de origen maliense y el 71,5% de ellas (16.773) llegaron en 2024. Entre los más de 5.800 niños y adolescentes que están bajo la tutela del Gobierno canario hay más de un millar que han salido desde Malí sin el apoyo de ningún familiar adulto.

En el Sahel, los episodios de violencia contra civiles relacionados con las juntas militares y las fuerzas rusas aliadas son cada vez más frecuentes. El año pasado se registraron 356 incidentes de este tipo, que se saldaron con 2.109 víctimas mortales, un 36% más que el año anterior. Además, el nivel de violencia de los grupos islamistas en el Sahel se ha duplicado desde que comenzó la epidemia de golpes de Estado en la región en 2020, cuando una junta militar se hizo con el poder en Malí. A pesar de que los asaltos a los gobiernos elegidos democráticamente se motivaron, en parte, por la preocupación ante la incapacidad para afrontar la creciente inseguridad, los hombres fuertes que se hicieron con el poder en Malí, Níger y Burkina Faso tampoco han sido capaces de controlar las acciones de los grupos insurgentes islamistas, cuya operatividad sigue al alza. Organizaciones islamistas como Jama’at Nusrat-al Islam wal Muslimin o el Estado Islámico llevan casi una década compitiendo por el control territorial en la región.

Este tridente africano ha trazado un nuevo plan para tratar de controlar la violencia yihadista. El pasado 29 de enero, los tres países formalizaron su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y ahora apuestan por la Alianza de Estados del Sahel (AES). “Es una nueva versión del G5 Sahel, que impulsó Francia para transferir la seguridad a los países del Sahel, pero fracasó porque no era operativo y en determinados conflictos ganaban los grupos armados e, incluso, robaban armamento. La AES es un nuevo intento, pero con otro actor internacional detrás, en este caso, Rusia”, explica Mesa. 

Los estados de la AES han creado una fuerza militar conjunta formada por 5.000 soldados para hacer frente a la inseguridad en la región, una medida que han calificado como su “pasaporte hacia la seguridad”. Si bien, los escasos recursos económicos de Malí, Burkina Faso y Níger complican el entrenamiento, mantenimiento y dotación de armamento de estas tropas. Mesa señala que en estos estados es muy difícil formar ejércitos nacionales por la diversidad de las comunidades que reivindica el control del territorio, con lo que la soberanía nacional es complicada pues los grupos insurgentes no se sienten representados. 

Además, la experta subraya que, desde que son independientes, no cuentan con una política de defensa “lógica y coherente”, porque han recurrido a milicias para hacer frente a sus levantamientos armados. “Siembre ha habido una dependencia del exterior, que no ha tenido ningún interés en capacitar y formar a las fuerzas armadas en los estados del Sahel. Esto es una negligencia absoluta por parte de Occidente, que no ha hecho un trabajo de formación y acompañamiento real”, apunta Mesa. Rusia ha sabido ver esas carencias y ahora está construyendo una nueva hoja de ruta para los estados del Sahel, que han querido desvincularse de la estrategia de Francia que consideran fracasada.

Propaganda y mercenarios

Más allá de enviar fuerzas paramilitares a África, Rusia ha desplegado su soft power. “Moscú emplea las campañas de desinformación para ganar legitimidad popular como actor estatal y a favor de sus cuerpos paramilitares”, detalla Mesa, quien añade que el Kremlin también se ha encargado de sembrar el anticolonialismo a través de las redes sociales. Precisamente, ese sentimiento ha sido uno de los motores que ha expulsado a Francia de los países Sahel, que han puesto ahora su mirada en nuevos socios como Rusia o China. El ACSS señala que Moscú es la principal fuente de desinformación en África, con más de 80 campañas documentadas dirigidas a más de 20 países, y sostiene que «las embajadas rusas parecen haber ayudado a crear una red de organizaciones de base aparentemente africanas». Para esas campañas de desinformación, emplean influencers africanos pagados y avatares digitales, así como vídeos y fotografías falsas y fuera de contexto. Estos mensajes se copian y pegan y se difunden a través de medios de comunicación controlados por el Estado ruso, “creando cámaras de eco repetitivas en las que las narrativas de desinformación se vuelven rutinarias”. 

La producción y difusión de propaganda a medida se ha convertido ya en un elemento más del pack que ofrece Rusia a regímenes como Malí o Burkina Faso, que se completa con el envío de mercenarios, campañas de apoyo en foros internacionales y ayuda para la especulación con sus recursos naturales.

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