La Audiencia Provincial archiva la causa contra Miguel Ángel Ramírez por la gestión de Sinergias

La SLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha acordado el sobreseimiento libre de la causa que investigaba a Miguel Ángel Ramírez y a otros empresarios por la presunta comisión de un delito de fraude contra la Seguridad Social por, supuestamente, haber eludido el pago de las cotizaciones de los trabajadores de dos empresas de seguridad: Sinergias Vigilancia y Seguridad y Novo Segur Seguridad Privada.

El auto, emitido este viernes, considera que la decisión del juez instructor de seguir adelante con el procedimiento carece "del más mínimo indicio del que pudiera derivar la comisión del delito". La investigación también se cierra así para las otras seis personas acusadas como presuntas colaboradoras, que son Alicia Pérez Sánchez, Jacobo López Perdomo, Antonio Redondo Álvarez, Jesús Miguel Acosta Santana, Marta Rosa Hernández Marrero y Gladys Jesús Acosta García.

La Fiscalía elevó hace un año su escrito de acusación, en el que pedía seis años de cárcel para Ramírez porque consideraba que era él quien controlaba las dos empresas mediante una serie de personas de su confianza, mientras que el resto de investigados se enfrentaban a tres años de cárcel. El fallo es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

"Da la sensación de que el juez se quedó con el contenido de la querella del Ministerio Fiscal", apunta el auto

La Audiencia Provincial estima el recurso presentado por las defensas contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que acordaba la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra todos los investigados. La querella parte de la comprobación llevada a cabo por la Dirección Provincial de Las Palmas de Trabajo y Seguridad Social tras recibir una denuncia que informaba de que Sinergias retribuía a sus trabajadores por debajo de la remuneración prevista en el convenio sectorial.

A raíz de la documentación aportada, la inspección concluyó que la sociedad detrajo "importantes importes de las bases de cotización de sus trabajadores" mediante conceptos de dietas y distintos pluses de nocturnidad, fines de semana y festivos. "A pesar de que la empresa disponía de los cuadrantes sobre horas nocturnas y festivas realizadas por los trabajadores, no procedió al pago de las mismas o disminuyó considerablemente el importe y, en consecuencia, la liquidación a la Seguridad Social", concluyó la Dirección de Trabajo. El perjuicio, según alega la Fiscalía, habría ascendido a 791.572 euros.

Alegaciones de las defensas

Todos los encausados, a excepción de Novo Segur Seguridad Privada (que se encuentra inmersa en un procedimiento concursal), interpusieron recursos de reforma contra el avance del procedimiento, que se encaminaba a la celebración del juicio. Las defensas argumentaron que la resolución no señalaba datos de relevancia para la investigación, datos incriminatorios o una individualización de las conductas. Tampoco delimitaba las diligencias de investigación practicadas ni valoraba sus resultados, según esta parte, que considera que los hechos descritos carecen de relevancia penal.

El auto, con Pedro Herrera Puentes como ponente, señala que "la empresa estuvo siempre empeñada en la aplicación de su criterio y cotizó a la baja, pero, pese a ello, nunca dejó de abonar las cuotas que consideraba debidas y, tras el inicio del expediente administrativo y una vez fijada la diferencia de cotización, nunca dejó de avalar y garantizar ese importe". Esto, sostiene el tribunal, provocó que la administración no tuviese que hacer ninguna actuación para recibir el dinero que debía la entidad.

La Audiencia Provincial critica que el auto pasa por alto la vía administrativa que inició la Inspección de Trabajo y el acta de liquidación, que, bajo su criterio, da a entender que la entidad no rehuía su obligación de cotizar. "Esa actuación revela un actuar reglado y transparente que difícilmente puede casar con un actuar evasivo y torticero. La empresa fija su postura y la defiende y, cuando no es posible mantenerla, claudica", señala la resolución judicial.

La Fiscalía pedía una pena de seis años de cárcel para Ramírez como administrador de hecho

Para el tribunal, "da la sensación, como se apunta por algunas de las partes apelantes, que el juez se quedó con el contenido de la querella del Ministerio Fiscal y no ha tenido presente la evolución y el dinamismo de la investigación judicial". En este sentido, añade que para valorar si procede o no seguir adelante con la causa penal hay que valorar los indicios desfavorables para los investigados y los favorables o contra-indicios, siendo esto último "lo que aleja la reflejada situación de la clandestinidad y del engaño y sirve para descartar cualquier tipo de argucia fraudulenta".

"No hay base indiciaria sólida que avale el contenido punible que postula sin éxito el juez de instancia y que ha servido, mientras se sustanciaban los recursos de reforma y apelación, de soporte a la acusación pública y a la particular, pues no se vislumbra la existencia de un fraude a la Seguridad Social", resuelve el auto. El tribunal matiza que esto no implica que se respalde el actuar de los investigados, el cual "bien ha podido chocar con el rigor y buen hacer exigible".

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