Maestras en el punto de mira

El nuevo régimen dictatorial desata en Canarias un proceso represivo muy profundo desde los primeros meses de la guerra civil. Se trataba de poner los cimientos de un nuevo Estado, cuyas bases fueran diametralmente opuestas a la pluralidad y el laicismo del régimen democrático republicano. Por eso, el sector de la enseñanza primaria constituye un escenario absolutamente estratégico, cuya prioridad es la depuración del profesorado que no comparte las ideas reaccionarias y confesionales que se pretenden imponer. La represión contra las mujeres maestras es especialmente importante, sobre todo porque ellas constituyen un pilar imprescindible en la conformación ideológica de las familias. 

La IIª República había generalizado la enseñanza primaria y extendido la misma a zonas olvidadas hasta ese momento. Para ello, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos (1931-1933), destina a la educación una parte importante de los presupuestos generales republicanos para extender la enseñanza a las olvidadas zonas rurales, creando más escuelas que cualquier época histórica española y subiendo el sueldo a los profesionales. 

Por otro lado, el acceso de las mujeres al Magisterio había sido uno de los grandes acontecimientos en los últimos años, registrando, junto con el sector sanitario, una mayor ocupación en el mercado de trabajo oficial. En resumen, las mujeres superan a los hombres en el sector de la enseñanza primaria en Canarias. Pero todo esto sufre un daño irreparable con el golpe de estado de los militares, quienes quieren darle un protagonismo exclusivo a la enseñanza religiosa.  

El investigador Olegario Negrín Fajardo ha estudiado la depuración del profesorado en Canarias durante la guerra civil. En él nos basamos para determinar la magnitud de este proceso. Antes del golpe militar existían en Canarias 1.311 maestros y maestras, de los cuales 516 fueron depurados después del 18 de julio, constituyendo alrededor del 40% de ellos. Hay que decir que entendemos por proceso depurativo aquel que condena a los acusados a diversas sanciones como la separación definitiva del puesto de trabajo, el traslado de destino o la suspensión temporal de empleo y sueldo. Del total de castigados, el 38% son maestras. 

De por sí, estas cifras son lo suficientemente elocuentes, pero habría que añadir el carácter disuasivo de las mismas sobre el resto del profesorado. Aquellos que se salieran del marco oficial sabían lo que les esperaba. 

Pero el proceso de depuración tendrá varias etapas, una primera en que las autoridades militares investigan y sancionan los casos que ellos consideran más urgentes, sobre todo atendiendo a la premura de empezar el curso escolar 1936-37 excluyendo a los que ellos consideraban sus enemigos. Antes de que Burgos cogiera el toro por los cuernos, el gobernador general militar de las Islas, Ángel Dolla Lahoz, será un adelantado en esta tarea. El artículo segundo de su bando, publicado a finales de octubre de 1936, propone: «...la suspensión de empleo y sueldo o la formación de expediente contra aquellos» que no se «considere conveniente situar al frente de sus escuelas, por ser su labor contraria a las normas del Nuevo Estado». (La Prensa, 31 de octubre de 1936).

A esta etapa de improvisación le sucede otra mucho más ordenada. En noviembre de 1936 se crean las comisiones provinciales de depuración del Magisterio, encabezada por una central a nivel estatal presidida por el poeta José María Pemán. Los órganos de depuración actuarán con la precisión de un relojero y la efectividad de un carnicero, hendiendo el cuchillo depurador de una manera generalizada. La cúpula militar, acaudillada por Franco, a medida que la guerra se estabiliza y los bandos se preparan para una larga guerra, encauza una gran parte de la actividad a las tareas de asegurar la retaguardia. A principios de 1937 consignamos un discurso del delegado militar de Primera Enseñanza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el teniente coronel José Pérez Andreu, en el que justifica la tarea depuradora con las siguientes lindezas: la escuela republicana estaba «asaltada por unos cuantos traidores disfrazados de maestros, con la intención de entregarla a la barbarie marxista, a cambio de la hoz y martillo»; que los enseñantes «se enrolaron en ese exótico y pomposo Sindicato de Trabajadores, que ...era un...funesto banderín de enganche al servicio de Moscú»; justificando la intervención del Ejército como «medida profiláctica». Y concluye su alucinada intervención con una frase lapidaria: «¡Vamos a rescatar de las sangrientas garras rojas el alma del niño isleño» (La Prensa, 8 de enero de 1937). Y a eso se dedicaron. 

Este es el contexto represivo, ¿qué pasó con las mujeres maestras? Desde luego, el porcentaje de sancionadas es inferior al de los hombres, probablemente porque su nivel de participación política empezaba a descollar pero tenía todavía indices más bajos. La conquista del voto femenino en las elecciones de 1933 fue un acontecimiento que iba a cambiar rápidamente los parámetros sociológicos de la participación política en España, truncados con el golpe militar. La lista de afiliados/as a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, adscrita a nivel nacional a la UGT, es significativa. De los 152 enseñantes afiliados en la provincia de Las Palmas 42 son mujeres, constituyendo el 27,6%.

Citaremos algunos casos de maestras contra las que cayó todo el peso del reaccionarismo institucional. Josefa Pavón León era natural de Córdoba y rondaba la cuarentena cuando fue señalada por el ángel exterminador. Ella y su esposo, Ginés Perdomo Bethencourt, labrador de Teguise, compartían la ideología socialista aunque ella no aparece en las listas oficiales del sindicato afín, pero sí pertenecía a la Sociedad Nueva Vida, auspiciada por la UGT. Las acusaciones contra ella son muy variadas. Estuvo en algunas escuelas en Lanzarote y los diversos informes le achacan cargos muy variados: obligar a niñas y niños a cantar el himno libertario y propiciar la ida de ambos sexos juntos al mingitorio. También, cuando estuvo de maestra en La Graciosa, los obligaba a bañarse juntos y desnudos en una pequeña playa que existía enfrente de la escuela. Al trasladarse a Tahiche se comportó de la misma manera y convirtió los retretes en corrales de cabras y los alumnos hacían sus necesidades en los caminos públicos. Esto dicen los informes que se usaron para el expediente de depuración: una mezcla de prejuicios y medias verdades, aderezados con evidentes mentiras.

Incluso apuntaban que, después del golpe militar, Josefa conservó en su pupitre la enseña tricolor republicana y en un registro que le hicieron el 29 de agosto de 1936 le arrancaron la parte morada de la bandera. También la acusaron de negarse a izar la bandera bicolor en su escuela. 

Por todo ello, fue suspendida de empleo y sueldo por la comisión depuradora provincial y su expediente fue elevado al presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos. A finales de 1937 su expediente no se había resuelto, pero ella seguía apartada del Magisterio. Finalmente, fue repuesta a finales de la guerra, pero su calvario no había terminado. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le abrió otro expediente por los mismos cargos (rollo 292/1939). En su pliego de descargo (febrero de 1940) desmiente que se negara a cambiar la enseña nacional en su escuela, no tenía tela roja para sustituir el morado y como en Teguise no había tienda de tejidos tuvo que trasladarse a pie a Arrecife para comprar la tela correspondiente. No se creyó el Tribunal estos argumentos, añadiendo la acusación de actuar durante las elecciones generales de 1936 a favor del Frente Popular como propagandista. La condenó a 25 pesetas de multa, que tuvo que pagar, y la inhabilitó para el ejercicio de su profesión durante dos años. 

Una familia particularmente castigada, y relacionada con el Magisterio, fue la de los Zamora Lloret. Andrés Zamora Zorraquino era telegrafista y fue incluído en la expedición falangista que marchó al frente a principios de septiembre de 1936. Le dispararon «una onza de plomo» en la cabeza a la altura de Talavera de la Reina, como dice en una carta un falangista de San Mateo, Juan Ignacio Ojeda. La esposa de Andrés era Angelina Lloret Llorca, impartía la enseñanza en una escuela de Las Palmas y estaba afiliada a la Fete-UGT. Tenía 38 años en 1936 y era natural de Finestrat (Alicante), también tenía siete hijos cuando quedó viuda. Le abrieron expediente de depuración y estuvo separada del ejercicio de la enseñanza durante un tiempo. Finalmente, fue repuesta pero el Tribunal de Responsabilidades Políticas le cayó encima de nuevo (rollo 1655/1941). Gracias a una reforma de la ley, realizada en 1942, fue absuelta. 

No es fácil entender cómo Angelina sacó a su familia numerosa adelante, con un marido asesinado y con periodos en los que no recibió una peseta. Hay que vivirlo para entender el sufrimiento de esa familia. Se trasladó a Lanzarote y ejerció de maestra en Arrecife y concluyó su vida laboral en San Mateo (Gran Canaria). 

El caso de Carmen Toledo Ortíz es interesante. Contaba con 30 años en 1936, estaba casada y era maestra en Ye (Haría). Su aparición en las listas del Sindicato de Enseñantes le hace sospechosa de marxista, incluso le acusan, «según rumores», de gritar a favor del comunismo en una marcha de estudiantes en plena guerra. 

En octubre de 1936 fue suspendida de empleo y sueldo, pero en febrero del año siguiente fue repuesta, aunque el proceso administrativo de indagación sobre sus antecedentes siguió en marcha en aplicación de la nueva normativa y fue suspendida de nuevo. El análisis de su expediente (Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, rollo 312/1939) nos desvela el modus operandi de la represión en el Magisterio. 

La Comisión depuradora provincial indaga entre los vecinos de Haría para que la denuncien, pero tanto padres/madres como alumnos/as la protegen. El acta del Consejo Local de Primera Enseñanza, constituido en Ye (Haría) de 19 de noviembre de 1936, tiene un valor extraordinario, máxime teniendo en cuenta que en ese periodo de la guerra civil en Canarias cualquier declaración a favor de los llamados «rojos» era considerada en acto de connnivencia con el enemigo. El presidente y secretario de la misma, Francisco Lasso y A. Betancort respectivamente, serán los autores de este valioso documento. El alumno Lucas García Barrera dice que, «en ningún momento, se ha hablado mal de la Patria ni de sus instituciones fundamentales, ni nada que roce la Religión» y que como maestra «ha cumplido en todo instante con su deber». Otro alumno, Francisco Morales Perdomo, sostiene «que tampoco ha oído a la maestra manifestaciones contrarias a la intangibilidad de la Patria y que le tiene mucho cariño por ser una buena maestra». 

Cuando llega el turno a los padres, estos no se quedan atrás en los elogios a Carmen Toledo. Antonio Morales Socas dice que nunca ha oído a sus hijos nada que indique que la maestra «haya mezclado en su escuela ideas políticas y antirreligiosas», añadiendo que ella se «entregó en todo momento a su deber profesional, de cuya labor está satisfecho». Otros padres, como Domingo Torres Luzardo, Domingo Perdomo Dorta y Manuel Delgado Socas, coinciden en sus opiniones favorables, diciendo este último «que nunca ha oído a sus hijos nada que pueda indicarle que la maestra tenga ideas marxistas ni ha hecho manifestaciones contra la Patria y la Religión». 

Estas declaraciones suponen un punto de solidaridad vecinal con su maestra y, sin duda, ocasionó que las autoridades no supieran bien qué hacer con ella. Según un oficio de la Inspección de Primera Enseñanza a finales de 1937 la comisión depuradora propone sancionar a la maestra a la Comisión de Cultura y Enseñanza de Burgos. También el sacerdote Manuel Socorro, como presidente del órgano de depurados provincial, afirma a finales de 1938 que están esperando la resolución de Burgos. Felizmente, fue exonerada. Se le repuso definitivamente y le abonaron la mitad de los sueldos que le quitaron durante la suspensión. También el Tribunal de Responsabilidades Políticas la absuelve. 

Este es el calvario de Carmen, salvada de la quema gracias el apoyo de la ciudadanía, cosa que no solía ocurrir en el ambiente opresivo y envenenado de Canarias en esa época. Por eso es importante resaltar estos gestos de quienes se jugaban la vida para salvar a un miembro prominente de su comunidad. Fueron lucecitas de humanidad en la inmensa oscuridad de la época.  

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