El Gobierno central ve “pronto” la solución al reparto de los menores migrantes tras el acuerdo con Junts

La cesión a Cataluña de la “política integral” en inmigración pactada el lunes entre el Gobierno central y Junts per Cataluña no abre de forma automática el proceso de reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas. El acuerdo en materia migratoria que otorga a la comunidad catalana gestionar cuestiones como la devolución de migrantes en situación ilegal, el control de los centros de internamientos (CIES) o la actuación de la policía autonómica en la frontera, es independiente de la negociación que lleva a cabo el Gobierno central con el partido independentista para su apoyo a la reforma de la ley de extranjería o a la distribución extraordinaria pactada entre el Estado y Canarias. Sin embargo, la Moncloa considera que ese acuerdo es un paso importante para resolver a corto plazo la situación de colapso de los centros de acogida de las Islas y la ciudad autónoma precisamente implicando de nuevo al partido de Carles Puigdemont.

La lectura del acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts tras conocerse en la mañana de este martes los pormenores del mismo dejaban dudas a todos los niveles sobre su efecto en la negociación respecto al reparto de menores. El Gobierno de Canarias no quiso avanzar durante todo el día ninguna valoración, aunque un comunicado de CC asumía un tono muy crítico e incluso arrojaba dudas sobre la legalidad de la cesión de competencias que establece la proposición de ley registrada en el Congreso por PSOE y Junts. El que sí se pronunció de forma clara fue el líder de Junts desde Bélgica para dejar claro que dicho acuerdo es independiente de la “cuestión de los menores, que no está resuelta”.

“Nosotros llevamos muchos años defendiendo que estamos muy por encima del conjunto de las comunidades autónomas españolas con lo que respecta a la asunción de responsabilidades con respecto a los menores no acompañados”, afirmó Puigdemont en una rueda de prensa telemática. Según el líder independentista catalán, es al resto de territorios a los que corresponde en este contexto “hacer un esfuerzo adicional”. “Cataluña no puede asumir más porque ni tenemos recursos, ni nos corresponde a nosotros, corresponde a otras comunidades autónomas hacer este esfuerzo que nosotros llevamos haciendo hace años. Es un criterio que todo el mundo puede entender”, recalcó en lo que podría considerarse como una interpretación de que Cataluña quedaría excluida de cualquier proceso de reparto que se lleve a cabo.

Esta posición dejaría en entredicho el espíritu de las propuestas que hay en marcha a este respecto, tanto la de la reforma de la ley que el Gobierno negocia con Junts, como la del reparto extraordinario que trabajan el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y varios ministros del Gobierno central con la participación del Gobierno del País Vasco. Según Clavijo y sus interlocutores ministeriales y vascos, los criterios que se han pactado para la distribución no excluyen del reparto ni a Cataluña ni a Euskadi, aunque sí reduciría considerablemente el número de acogidas de ambas comunidades precisamente por el esfuerzo que han hecho en ese sentido en los últimos años. Cataluña tiene en acogida a 1.065 menores migrantes, lo que supone el 24% del total, y Euskadi 498. Según Clavijo, de sus conversaciones con la portavoz de Junts en el Congreso para respaldar la propuesta de reparto puntual de 4.000 menores desde Canarias (que tutela en estos momentos a más de 5.600) y otros 400 de Ceuta (con más de 500 tutelados), no se deduce en absoluto que Cataluña vaya a quedar excluida del mismo.

Reforma a la vista

El Gobierno central interpreta, en este sentido, que la puntualización de Puigdemont no es un rechazo frontal a nuevas acogidas por parte de Cataluña, sino la constatación de un hecho sobre el esfuerzo realizado por esa comunidad en el pasado. La aplicación de los criterios de reparto pactados por Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, vendría a confirmar que antes de que Cataluña reciba un solo menor más, otros territorios deberían incrementar o actualizar sus recursos de acogida. En todo caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado este martes muy optimista respecto a la posibilidad de acelerar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para el reparto automático de menores migrantes sin tutela desde que llegan a cualquier punto de la geografía española, especialmente de los miles que lo hacen a las costas canarias.

Así lo ha expresado la ministra de Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros, resaltando que el Gobierno está “trabajando de manera intensa para que pronto vea la luz la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y que esas competencias de las comunidades autónomas pasen a ser una solidaridad obligatoria”. Destaca en este sentido el hecho de que una comunidad como Cataluña apueste por asumir una “responsabilidad tan importante como la gestión migratoria” y lo contrapuso a la “clara dejación de funciones” que protagonizan otras negándose a acoger a menores y a la modificación legal que lo establecería.

También desde el ministerio de Política Territorial que lidera el canario Ángel Víctor Torres se reconoce que el acuerdo con Junts para la cesión de competencias a Cataluña “acerca posiciones” en relación con la negociación sobre los menores, y que para el Gobierno la prioridad en materia de menores es ahora pactar con los independentistas catalanes la modificación de la ley de extranjería, aunque se siga trabajando con Canarias como opción adicional o complementaria la propuesta de reparto puntual de 4.400 niños y niñas mediante una iniciativa en el Congreso. Fuentes cercanas al ministro señalan que la gestión migratoria puede ser solicitada por otras comunidades autónomas y que en el caso de Canarias “la gestión de los CIES no parece que pueda ser mal vista”.

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