"¿Cuantas personas queremos ser en Canarias?": Los grupos del Gobierno proponen una consulta ciudadana para averiguarlo

Los cuatro grupos que apoyan al Gobierno regional (CC, PP, ASG y AHI) quieren "desarrollar un verdadero proceso de participación ciudadana» para que los residentes en el Archipiélago decidan «la Canarias que queremos ser". Así se asegura en el dictamen de la comisión de estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional aprobado la pasada semana en el Parlamento con la abstención del PSOE y NC-Bc y el voto en contra de Vox. Una implicación de la ciudadanía para la que "resulta determinante definir la pregunta correcta, que no es cuántas personas caben en Canarias, sino cuántas queremos que sean", tal y como reza el texto aprobado.

Esta consulta no debe confundirse con un referéndum o plebiscito, cuya convocatoria es competencia exclusiva del Estado, sino como uno de los mecanismos previstos en la Ley de Participación Ciudadana de Canarias del año 2010, que prevé que los poderes públicos pueden habilitar mecanismos de participación en sus páginas oficiales, que no son vinculantes. Algo parecido a lo que sucedió en 2014 con la consulta telemática que puso en marcha el expresidente Paulino Rivero sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura que impulsaba Repsol con el beneplácito del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria. 

La participación ciudadana solo es una de las múltiples consideraciones del dictamen de la comisión relativas a "actuaciones realizables a corto, medio y largo plazo, que pongan límites al número de visitantes y modulen el crecimiento de residentes". Unas propuestas que pretenden "evitar el desmesurado crecimiento poblacional y ayuden a garantizar la sostenibilidad medioambiental, el equilibrio territorial y el bienestar social de todas las personas" que viven en la Comunidad Autónoma. Propuestas que combinan "una correcta planificación económica, territorial y urbanística" en las áreas turísticas del litoral distintas de las zonas que necesiten retener población y aumentarla, como los municipios de menos de 10.000 habitantes.

El dictamen de la Cámara propone explorar con la UE medidas para restringir la venta de casas a no residentes

Para poder "afrontar con garantías dicho reto" el informe considera preciso la formulación de tres preguntas que cimientan la actuación de las distintas administraciones: "¿cómo es el lugar en el que nos gustaría vivir?»; «¿de qué nos gustaría vivir, de qué nos gustaría trabajar y con qué medios?»; y finalmente, «¿con qué podemos realmente vivir, cuáles son los recursos materiales e inmateriales con los que podemos contar?"

Restringir la venta de casas a no residentes

Los grupos gubernamentales quieren buscar la complicidad ciudadana a la hora de adoptar medidas que supongan una restricción de la libertad de movimiento de personas y capitales que conforman la base del derecho comunitario. Por ello, pretenden obtener un amplio respaldo social con el que negociar en el futuro con las autoridades españolas y de la Comisión Europea (CE) "la adopción de medidas específicas de carácter temporal para frenar el crecimiento demográfico de las Islas sobre la base de nuestra condición ultraperiférica" y, de manera especial, la "limitación en la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en Canarias, fuente de una nueva burbuja especulativa". Esa "limitación en la venta" de casas a no residentes se basa en la legislación previa que existe en Dinamarca -país de la UE- Canadá o Nueva Zelanda.

Vivienda

Según el informe, es "imprescindible" impulsar "obra pública de vivienda protegida", así como el desarrollo de un plan para "la puesta en alquiler residencial de una parte significativa de las más de 211.000 viviendas vacías". Es decir, el Gobierno regional debe potenciar "políticas públicas orientadas a garantizar el acceso asequible a la vivienda" y establecer "un programa de ayudas" para adquirir casas "en municipios o núcleos de población igual o inferior a 10.000 habitantes, con especial atención en la población joven". El dictamen aprobado el pasado 27 de febrero reconoce que en Canarias "sigue siendo una necesidad construir viviendas protegidas de promoción pública y privada, garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades y mejorar las condiciones de las viviendas con criterios de eficiencia y cuidado del medio ambiente". 

Turismo

Tal y como defiende el presidente Fernando Clavijo desde enero de 2024, en las conclusiones de la comisión de estudio se apuesta por un "reparto más equitativo de la riqueza que genera el turismo, especialmente en los trabajadores del sector", a los que hay que dar "acceso a una mejor formación para que accedan a mejores puestos con mayor salario". 

Es más, consideran que "los rendimientos derivados del turismo deben trascender al propio sector y beneficiar a la propia sociedad canaria", potenciando la formación para que al final redunde "en una mayor remuneración y que accedan a mejores puestos con mayor salario". Junto a estas medidas, y en la línea marcada por la Ley de Vivienda Vacacional, las conclusiones incluyen regular el alquiler turístico en las áreas tensionadas «teniendo en cuenta las singularidades de cada territorio para conjugar de forma efectiva el derecho a la propiedad y el acceso a una vivienda digna».

Asimismo, se apuesta por "el nomadismo digital de las Islas Verdes y, en general, en las zonas despobladas" pues esta modalidad supone "un importante recurso no sólo a nivel turístico sino también por su potencial para crear sinergias económicas locales, generando nuevos nichos de negocio en aquellos lugares en los que precisamente, resulta más difícil emprender" y permite fijar población en municipios de la Canarias vaciada.

Rehabilitación y revitalización

Tal y como se reconoce en el informa de la comisión parlamentaria el urbanismo "debe enfocarse en garantizar derechos de los ciudadanos, priorizando la vivienda y la calidad del hábitat humano". Esto implica no sólo construir más viviendas, sino promover políticas públicas que aseguren que "el desarrollo urbano será inclusivo, equitativo y sostenible".

Para ello, se deben considerar aspectos como "garantizar que las áreas urbanas cuenten con infraestructuras adecuadas" -agua, saneamiento, transporte, salud, educación-, fomentar un "urbanismo que incorpore áreas verdes, sostenibles y resilientes frente a los desafíos del cambio climático", la "rehabilitación de edificios antiguos" que incluya la mejora de "su eficiencia energética y adaptándolos a las necesidades actuales".

Junto a estas medidas, se propone la "revitalización de barrios con altos niveles de degradación" mediante intervenciones integrales que incluyan infraestructuras, servicios y actividades culturales o sociales y promover "programas de conservación histórica en zonas de valor patrimonial", cuyo fin sea preservar "la identidad local al tiempo que se mejora la calidad de vida de sus habitantes" al crear "entornos urbanos más dinámicos y atractivos" en los que se mezclen espacios para la residencia con los destinados al comercio y el ocio.

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