La nueva entente de Sánchez con Junts acerca ahora el reparto de menores

El acuerdo para la distribución de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas podría estar más cerca después varias semanas de incertidumbre y bloqueo, tras el nuevo entente político alcanzado entre el Gobierno central y Junts per Catalunya. En el complejo puzzle político que determina el futuro de ese ansiado reparto de niños sin tutela familiar que tensionan los recursos de acogida de las Islas y de la ciudad autónoma, las relaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido de Carles Puigdemont son vitales para intentar allanar el camino. En el carrusel de situaciones que se están dando desde hace varios meses en este sentido, la coyuntura actual apunta a una visión positiva y a una cercana negociación política en el Congreso, tras el acuerdo alcanzado esta tarde para el traspaso de competencias sobre inmigración por parte del Estado a Cataluña. 

Esta es al menos la sensación que se tiene desde el Gobierno de Canarias y desde el Ministerio de Política Territorial, las dos instancias que apadrinan la propuesta de una iniciativa legislativa que sostenga formal y jurídicamente ese reparto extraordinario entre el resto del territorio nacional en base a unos criterios acordados hace justo un mes. El punto de inflexión para una posible aceleración del proceso ha sido el cambio en la dinámica de las relaciones entre el PSOE y Junts. Si hace algunas semanas eran de claro enfrentamiento, hasta el punto de que los exconvergentes auspiciaron una propuesta en el Congreso para que Sánchez se sometiera a una moción de confianza, la situación ha cambiado por completo. 

El acuerdo se daba ya esta tarde por cerrado tras «significativos avances» para superar las diferencias en torno a esa «gestión integral» en inmigracuón a la que, en principio, se oponía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro era reticente a ceder ningún tipo de atribución que sea de competencia exclusiva estatal como el control de fronteras, la expedición de los NIE –Número de Identidad de Extranjero– y la apertura de expedientes de expulsión. 

Por el camino se han abierto soluciones intermedia, entre ellas, una suerte de «custodia compartida» de las fronteras entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, de manera que el cuerpo catalán pueda acompañar a los estatales en las nuevas labores que quiere asumir, pero sin desplazarlos ni suplirlos. 

Además, ya se ha pactado el despliegue de la policía catalana en puertos y aeropuertos, aunque por cuestiones logísticas su desembarco efectivo no se producirá hasta el próximo mes de septiembre.

Nuevos presupuestos

Este acuerdo, junto a otros comprometidos previamente por el Gobierno central cuando Junts aprobó hace más de un año dos decretos de medidas económicas para combatir la inflación, han llevado a los postconvergentes a retirar su polémica iniciativa sobre la moción de confianza y, según los socialistas, incluso se abre una posibilidad seria de negociar unos nuevos presupuestos estatales. 

Las fuentes gubernamentales consultadas consideran que esta nueva dinámica de relaciones con Junts, y el acuerdo sobre el traspaso de la inmigración a Cataluña, despeja claramente la negociación para que el partido independentista apoye en el Congreso la reubicación de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas incluida Cataluña. El Gobierno central insiste, de hecho, en que con el acuerdo podría dar un impulso también a la negociación para el apoyo de Junts a la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, que rechazó en julio pasado junto al PP y Vox, para que esa distribución se haga de forma automática y de manera obligatoria desde que el menor sin tutela familiar llega a las costas españolas.

Si efectivamente el Ejecutivo estatal y Junts formalizan esta semana el mencionado acuerdo sobre la gestión catalana de la inmigración, el resto de trámites y cuestiones pendientes para el reparto extraordinario podrían ir despejándose en los próximos días, si bien el presidente de Canarias y líder de CC ha señalado en varias ocasiones que él tenía el compromiso de la portavoz de ese grupo, Míriam Nogueras, de que apoyarían la medida independientemente de la otra negociación. 

El ministro Torres, por su parte, admitía hace unos días , sin embargo,que la propuesta pactada con Canarias (en la que también participó el País Vasco) no acabaría cristalizando en una propuesta legislativa en el Congreso y en una negociación con los grupos parlamentarios no había acuerdo previo con Junts. 

Reunión clave

Con ese respaldo garantizado, el ministerio de Política Territorial daría luz verde a la Abogacía del Estado para que comunicara su informe jurídico sobre la fórmula legal de proceder al reparto -proposición de ley o decreto ley- , y probablemente daría paso ya a la convocatoria, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para comunicar el resultado concreto de la distribución de niños y niñas por territorios en base a los criterios pactados con Clavijo (población, PIB regional, tasa de parto, dispersión y esfuerzo de acogida).

De esta forma, la reunión del próximo lunes entre Clavijo y al ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomaría especial relevancia de cara a otro de los elementos que quedan por aclarar, el de la financiación a las comunidades autónomas por la acogida extra. A este respecto hay discrepancias en estos momentos entre ambas partes: Canarias defiende una financiación previa a la reubicación, mientras el Ministerio plantea que sea a posteriori. A partir de ahí, se abrirá el proceso de negociación con los grupos en el Congreso, de los que hasta ahora sólo se han mostrado en contra del reparto el PP y Vox.

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