Los daños al medio ambiente podrán ser multados con 600.000 euros

La Ley del Suelo del año 2017 tiene un apellido que a veces se ignora: Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y es que esa norma, que ha iniciado ahora su proceso de "actualización", tal y como lo define el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, supuso un cambio sustancial no solo en el modo reordenar el suelo desde el punto de vista urbanístico, sino de protegerlo y recuperarlo "como recurso natural valioso y escaso" en un territorio archipielágico. Por este motivo, se incluyen en el proyecto legislativo una serie de herramientas en la medida en que la ordenación territorial y urbanística puede contribuir de forma decisiva a la integración de la evaluación ambiental en la toma de decisiones. En ese sentido, el nuevo texto hace una mención expresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, "en particular para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles", así como los específicos recogidos en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que constituyen el siguiente paso en la consolidación de este principio que debe guiar a todo lo que afecte a los recursos naturales.

Por este motivo, uno de los objetivos de la futura norma es garantizar una mayor protección del territorio y, en este sentido, se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (APMA), pasando de 6 a 9 meses, para intervenir en infracciones y amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los actuales cuatro años a ocho años.

La APMA cuando las infracciones tengan carácter de graves o muy graves y se produjese inactividad del ayuntamiento o del cabildo por el transcurso de un mes desde el requerimiento al efecto realizado para la incoación, instrucción o resolución del correspondiente procedimiento.

Además, podrá actuar en infracciones contra la ordenación urbanística y territorial en suelo rústico fuera de asentamiento, salvo cuando sean leves.

La actualización de la ley de 2017 incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Canaria 2030

Con todo, el "cambio más relevante en esta materia", como reza en el propio texto, es que se endurecen las sanciones por daños ambientales: las multas leves pasan de 60 euros a 300 euros y "las muy graves pueden llegar hasta 600.000 euros", tal y como recoge el anteproyecto que el pasado viernes explicó Miranda en el Parlamento.

La mayor cuantía de las sanciones -de 10.000 a 600.000 euros- se refiere, como es lógico, a la alteración de cualquiera de los elementos o las condiciones naturales de un espacio natural protegido o de su zona periférica de protección siempre y cuando "ponga en peligro o cause daño a sus valores y a los fines de protección o se realice con ánimo de provocar la desclasificación del espacio o de impedir su declaración como protegido". Tras esta causa, la mayor sanción por atentado medioambiental -de 6.001 a 600.000 euros- será para las extracciones de áridos sin las autorizaciones preceptivas. Además, la multa se graduará teniendo en cuenta la extensión de suelo afectada y el volumen de áridos que hayan sido extraídos.

De menor gradación son las infracciones por el incumplimiento de las obligaciones asumidas de conservar, mantener y entretener las obras de urbanización y sus instalaciones -de 6.001 a 60.000 euros- las obras de construcción o edificación en parcelas que no se correspondan con el uso del suelo o superen la ocupación permitida de la parcela o la altura o excedan de una planta en suelo rústico, que serán sancionadas con un mínimo de 6.001 euros y un máximo de 80.000 euros.

También se califica como infracción grave y se sancionará con multa de entre 6.001 y 80.000 euros todo cambio objetivo en el uso al que estén destinados edificios, plantas, locales o dependencias, sin contar con el título habilitante pertinente.

Además, se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por las actividades mineras o la contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.

Red Natura 2000

Asimismo, los futuros planes insulares de ordenación delimitarán las zonas del territorio de cada isla "que deban preservarse del proceso urbanizador y, en su caso, edificatorio, porque su transformación sería incompatible con el desarrollo sostenible" del territorio. En este contexto tiene especial relevancia la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000, "integrada por los espacios representativos de los hábitats naturales más significativos y de los principales centros de biodiversidad del archipiélago".

En tanto en cuanto la gestión de las Redes debe atender a los objetivos de restauración, conservación, desarrollo socioeconómico y uso sostenible, en el texto se asegura que "el desarrollo socioeconómico de las poblaciones asentadas en los espacios protegidos, sobre todo en los parques rurales y paisajes protegidos, tendrá una especial consideración en el planeamiento de los mismos".

Es decir, cualquier plan o programa con efectos territoriales o urbanísticos que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la Red Natura 2000 "se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar para saber si es o no necesaria para el área protegida, así como si podría generar o no efectos apreciables" en la zona.

Junto a estas medidas, se incluye que las ordenanzas municipales de edificación deberán ajustarse a las disposiciones relativas a la protección del medioambiente, y lo mismo se dicta para la ordenación de los usos del suelo.

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