Canarias, entre dos fuegos en la guerra del PP contra Sánchez

Como en tantas otras ocasiones en la reciente historia de la comunidad autónoma, Canarias se está comprobando situada en el actual contexto español en una ubicación de tierra de nadie y en medio de un fuego cruzado entre el Gobierno del Estado y una oposición política que abarca tanto el ámbito parlamentario de las Cortes, como el territorial desde la mayoría de las comunidades autónomas. Esta posición del Archipiélago es tanto consecuencia de sus características especiales como territorio a 2.000 kilómetros del continente y del centro de poder en el Estado, como de la circunstancia interna de contar con un Gobierno que aúna a dos partidos, CC y el PP. Ambas formaciones tienen posiciones distintas en muy variados temas, pero sobre todo con intereses contrapuestos en la dinámica política estatal.

Lo cierto es que Canarias se está viendo afectada en los últimos meses por una dura confrontación que, o bien le atañe de manera directa, como es el caso de la crisis migratoria y la situación de los menores migrantes no acompañados, o se ve arrastrada a ella por la contradicción que supone el hecho de que nacionalistas y populares compartan un Ejecutivo regional que está en negociaciones permanentes con el Estado y con un Gobierno central al que el PP combate por tierra, mar y aire en Madrid. Esa situación contradictoria ha provocado ya en distintas ocasiones algunas tensiones en el seno del pacto y, sobre todo, entre los nacionalistas y la cúpula de la calle Génova en Madrid, pero de momento el pacto en las Islas parece a salvo por el empeño del presidente del Gobierno y líder de CC, Fernando Clavijo, de no provocar seísmos importantes cuyas consecuencias a medio y largo plazo, ni conoce, ni tiene capacidad de controlar en una legislatura estatal tan quebradiza y de tanta incertidumbre.

En todo caso, Canarias busca de nuevo en este contexto una posición todo lo ventajosa posible en un mapa autonómico que no le favorece como consecuencia de esa guerra política abierta por los territorios del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que los populares son hegemónicos a este respecto al gobernar en once de las diecisiete comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, a las que habría que añadir Canarias como el socio minoritario del Ejecutivo. 

Sin embargo, la parte nacionalista de este gobierno en las Islas está comprobando que la sociedad con el PP no solo no le aporta nada en la dinámica política territorial, sino que está siendo un hándicap porque distorsiona, entorpece o directamente boicotea acuerdos para las Islas, a veces solo en el ámbito parlamentario del Congreso y el Senado, pero también en las conferencias sectoriales, y sobre todo en el que directamente negocian Canarias y el Estado.

La última de las distorsiones producidas entre los socios ha sido con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado miércoles en la que se abordaba la condonación de parte de la deuda a las comunidades autónomas, y de la que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, se levantó siguiendo la consigna de su partido, el PP, algo que ha provocado irritación y malestar en el parte nacionalista del Gobierno regional. 

CC comparte el fondo político de las críticas del PP a la quita de la deuda, y hace piña con el socio en cuanto a considerar a Canarias seriamente perjudicada por los criterios, la metodología y los resultados de la propuesta del Ministerio de Hacienda. Pero de ahí a levantarse de la mesa y plantar a la ministra, María Jesús Montero, con la que Clavijo tendrá que reunirse esta semana, va un largo trecho. 

Además, es evidente que la parte nacionalista apostará en su momento por negociar con el Estado condiciones ventajosas de la condonación de la deuda canaria porque quedarse fuera de este proceso supone asumir las consecuencias negativas del mismo para Canarias, sin beneficiarse de la propia quita a la que tendría derecho. Mal negocio, por tanto, entrar en el debate abierto entre las comunidades del PP sobre si admitir o no esa condonación por el hecho de haber sido acordada previamente entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Sánchez.

Hay otras muchas facetas en las que Canarias tiene que gestionar esa doble condición de comunidad gobernada por un pacto entre un partido que negocia y acuerda con el Ejecutivo central, y otro que le da un respiro ni está dispuesto a pactar el más mínimo asunto. Es evidente, por ejemplo, que el PP, incluidos sus seis representantes canarios en el Congreso, votará en contra del reparto extraordinario de 4.400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas, si es que finalmente el acuerdo entre los gobiernos regional y central cristaliza en una propuesta parlamentaria. La crisis migratoria y el asunto de los niños es sin duda el gran asunto en el que se manifiesta claramente la contradicción política apuntada, y la complejidad para las Islas en situarse en el intrincado mapa autonómico y evitar una ‘tierra de nadie’ que le perjudica. 

Buscando complicidades

Por ello Clavijo ha buscado en este asunto no solo una estrategia común con el Gobierno central, sino la cercanía y complicidad de una comunidad histórica y de peso político como el País Vasco, además de la de, por motivos obvios, Ceuta y Melilla. También podría haber concertado estrategias en esta materia con otras de las más afectadas como Andalucía o Baleares, pero ese frente se ha demostrado imposible como consecuencia de la estrategia del PP nacional contra la reforma de la ley de extranjería y de que sus territorios acojan menores pese al colapso de los centros de Canarias y Ceuta. La parte nacionalista del Gobierno canario considera que el pacto con Sánchez en Madrid y unos resultados razonables de la agenda canaria comprometida por La Moncloa son la única manera de aprovechar la actual dinámica política y territorial. 

En asuntos como la financiación autonómica, que vuelve a estar en el debate político tras la polémica propuesta de condonación de la deuda a los gobiernos regionales, Canarias ha buscado históricamente alianzas con otros territorios con intereses similares. Pero este es, precisamente, uno de los asuntos que, además de estar aplazado por motivos políticos desde hace diez años tanto por gobiernos del PP como del PSOE, más divide a las comunidades y en la que los jefes de los partidos más inseguros se sienten a la hora de concretar posiciones. Será una guerra, cuando finalmente se plantee la reforma del modelo, que cada uno hará por su cuenta y será difícil componer de antemano un escenario en el que Canarias pueda prefijar estrategias y objetivos en un mapa autonómico en plena ebullición.

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