La nueva ley eleva hasta el 40% la disponibilidad de suelo para construir vivienda pública

La actualización de la Ley del Suelo de 2017 que impulsa el consejero Manuel Miranda no solo busca simplificar y agilizar la planificación territorial sino mejorar la protección del territorio y, en un momento de emergencia habitacional como el que vive el Archipiélago, "fomentar la vivienda pública". Por ello, la nueva norma aumenta el porcentaje de suelo destinado a tal fin: en suelos urbanizables pasa del 30% al 40% y en urbanos consolidados pasa del 10% al 20%.

Asimismo, se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, "fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas", y "se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas".

Así lo explicó en sede parlamentaria el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, que junto al consejero Miranda expuso este viernes a los diputados el contenido del borrador del proyecto legislativo que el Gobierno quiere que se debata en otoño en la Cámara regional. Un texto en el que se ha trabajado durante más de un año, en el que han participado "700 técnicos de los 88 ayuntamientos y los cabildos" y que se abrirá la semana próxima a aportaciones durante el período de consulta pública. La idea es que, como expuso el consejero, se consiga una legislación más operativa que la de 2017: "es una buena ley, pero en algunos casos no ha sido operativa, se entendió poco y se aplicó menos", reconoció.

Por este motivo, y entre otras cuestiones, el anteproyecto "reduce los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de ‘Avance’ en los Planes Generales de Ordenación (PGO) y consiguiendo que el proceso sea más rápido".

"No es un cambio de filosofía ni un cambio de fondo de la Ley del Suelo, sino que se trata de agilizar trámites y hacerla más entendible por parte de los operadores", motivo por el que Miranda insistió en que "necesitamos la participación y el compromiso de todas las fuerzas políticas, si queremos que sea una herramienta útil para responder a los nuevos desafíos del reto demográfico, el cambio climático y la crisis habitacional".

La totalidad de los grupos parlamentarios aplaudieron el sistema empleado para proceder a la "actualización, que no modificación" de la ley, ya que se ha escuchado primero las mejoras que proponen los técnicos y administraciones que tienen que aplicarla se ha y se ha explorado el consenso entre las instituciones y las fuerzas políticas. Un procedimiento contrario al que, según la socialista Nayra Alemán, pasó con la vigente ley en 2017, que "se gestó en un despacho, solo fue apoyada por 33 de los entonces 60 diputados y supuso que por primera vez que una ley territorial no se aprobara por consenso" en la historia de la Comunidad Autónoma.

El director general de Ordenación Territorial incidió en que se han reducido los instrumentos de ordenación, simplificar los trámites urbanísticos, dar más protección al territorio y apoyar a los municipios en retroceso demográfico. Por ello, el anteproyecto declara el desarrollo de los municipios de la 'Canarias vaciada' como interés general, "lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones" y se establecen "normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento en municipios con menos de 10.000 habitantes".

Asimismo, "eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural", permite la "centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos" y se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.

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