El Gobierno central admite que solo negociará el reparto de menores migrantes cuando tenga un respaldo previo de Junts

Desde hace ya un tiempo todo el proceso de reparto puntual de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto del Estado, para aliviar la situación de colapso de sus respectivos centros de acogida con más de 5.800 niños en el caso de las Islas y de más de 500 en el de la ciudad autónoma, está pendiente de varios frentes de negociación atascados en estos momentos, pero todo condicionado a la posición de Junts per Catalunya respecto al número de chavales que recibirá la comunidad catalana. El Gobierno central admite ya, sin ningún reparo, que todo el acuerdo con Canarias sobre este reparto extraordinario no tiene ningún recorrido de futuro si la formación independentista catalana acaba rechazando en el Congreso la propuesta en base a los criterios pactados hace dos semanas por el presidente canario, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Así lo reconoció este miércoles del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en los pasillos del Congreso y mientras los equipos de Clavijo y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cierran la fecha para la próxima semana de la reunión que ambos debían haber mantenido el pasado día 12 pero que fue aplazada por enfermedad de la también vicepresidenta primera del Gobierno central. Esta reunión debería despejar, en teoría, parte del procedimiento en marcha para concretar con cifras el acuerdo para el reparto excepcional, y en concreto todo el asunto relacionado con su financiación. Es decir, cuál es la ficha financiera que está dispuesta a poner sobre la mesa la ministra de Hacienda, y de qué forma y con qué calendario y condiciones se trasvasaría a las autonomías.

A este respecto Clavijo ya apuntó el lunes que Hacienda no asume la propuesta canaria para una «financiación previa» al reparto, algo que corroboró Torres al asegurar que «hay dos redacciones en el texto, y lo de la prefinanciación el ministerio no lo ve», dando por hecho que habrá una redacción conjunta definitiva asumiendo de fondo las tesis de Montero a favor de que la distribución de fondos se realizará después de que se haya producido la acogida por parte de los territorios. En todo caso, cualquier avance que se pueda producir en ese aspecto tampoco incidirá demasiado en el otro elemento clave del proceso: la negociación política con Junts.

Sin garantías

El Gobierno estatal tiene claro, en todo caso, que no abrirá una ronda negociadora con los grupos del Congreso si no hay un previo acuerdo específico con Junts, y considera que si es así no habrá, de facto, propuesta formal de reparto pese a todos los pasos ya dados con el Gobierno de Canarias. Eso requerirá, como avanzó el presidente canario, que para ello habrá que concertar una reunión de la portavoz del grupo, Miriam Nogueras, con él mismo, Torres y Rego. 

 Además, el Gobierno central sigue sin tener ninguna garantía de que la formación de Carles Puigdemont vaya a apoyar el reparto extraordinario, y pone en cuarentena las diversas declaraciones de Clavijo afirmando que él sí la tiene. 

El presidente canario asegura que la última vez que la obtuvo fue a finales de la semana pasada, aunque instó paralelamente al Ministerio de Juventud e Infancia a que concrete ya el número de menores que le corresponde a cada comunidad. Ese es el dato fundamental que espera Junts para saber cuántos menores correspondería acoger a Cataluña, y definir su posición.

Aunque Clavijo también afirmó que Junts asegura no vincular su posición en el Congreso a la negociación que mantiene con el Gobierno de Pedro Sánchez para el traspaso de competencias en materia de inmigración, Torres no lo ve así. De hecho, el ministro cree que Junts no se definirá oficialmente sobre el reparto hasta no tener cerrados: la aplicación de los criterios de distribución y número de menores que corresponderá a Cataluña, el cierre de la negociación sobre gestión migratoria, que Jordi Turull -secretario general de la formación- calculó para dentro de «pocas semanas», la financiación del proceso, y otras negociaciones políticas de distinta índole entre los ex convergentes, y el PSOE y el Gobierno central.

De hecho, Torres insiste en destacar que más allá de lo que vaya a dar de sí esta negociación con Junts sobre el reparto puntual, en lo que el Estado pone más énfasis es en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que los soberanistas rechazaron en el Congreso en julio junto a PP y Vox, y que podrían respaldar en el futuro si se cierre el acuerdo para ceder a Cataluña la gestión migratoria.