Ex altos cargos del Gobierno defienden que Canarias tenga siempre la última palabra sobre el REF

Las difíciles y correosas relaciones entre el Estado español y Canarias como consecuencia de las modificaciones y cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas han centrado este lunes las comparecencias parlamentarias del economista Antonio Olivera, exviconconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y actualmente director de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, y de José Miguel Ruano, exconsejero de Educación, exportavoz de CC en la Cámara regional y vigente vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife. Ambos, que fueron protagonistas en anteriores modificaciones del REF, insistieron en la comisión que estudia la futura modificación del fuero canario en la importancia de asumir un mayor control y autonomía en la gestión del REF.

"Lo importante es el fuero, no el huevo y que el Estado respete las previsiones del Estatuto de Autonomía para su modificación, que siempre deben negociarse con la Comunidad Autónoma en caso de discrepancias" defendió Ruano, mientras que Olivera consideró que se puede explorar un modelo de gestión "mediante una autoridad independiente a modo de consorcio entre el Estado y la Comunidad Autónoma", similar al que ya existe para la Zona Especial Canaria (ZEC) pero con participación paritaria de ambas administraciones: "negociar con el Estado un beneficio fiscal global para Canarias y que a partir de ahí las decisiones fiscales concretas se adoptaran en las islas sin necesidad de estar negociando recurrentemente".

Mientras Olivera puso énfasis en que Canarias pueda gestionar por sí misma el REF a partir de un beneficio fiscal global que se negociaría con el Estado, dentro del respeto a la normativa básica del Estado y de la Unión Europea (UE), Ruano ha defendido que cualquier modificación que se plantee debe respetar el artículo 167 del Estatuto de Autonomía, es decir, que no solo que sea preceptivo un informe del Parlamento, sino que en caso de ser desfavorable se negocien las diferencias en una comisión bilateral.

Asumir un mayor control y autonomía en la gestión del REF en lugar de estar "en una lucha constante con el Estado por cada modificación" fue la esencia de la tesis de Olivera, mientras que Ruano insistió en que para que esos mecanismos bilaterales sean efectivos es imprescindible que el Estado aborde las modificaciones del REF en proyectos de ley o proposiciones de ley específicas, no mediante leyes heterogéneas de distintas materias (las conocidas como ómnibus) o en los presupuestos estatales.

En este sentido, insistió en la importancia de que el Estado respete sus propias normas y los mecanismos de modificación del REF, que están incluidos en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 2018, ya que la consulta a Canarias por cualquier cambio en el REF es una garantía institucional y una protección jurídica esencial para buscar un modo conciliatorio y de mutuo acuerdo. "No estamos poniendo en riesgo la soberanía del Estado, sino garantizando una relación de colaboración leal", concluyó.