Clavijo insta al Estado a definir el reparto de menores para garantizar el apoyo de Junts

El partido de Puigdemont reclama conocer la cifra niños y niñas que le tocaría acoger a Cataluña

El presidente canario afirma que Montero no acepta financiar de manera previa el traslado a otros territorios

Salvamento Marítimo rescata a un cayuco con 16 migrantes de origen subsahariano que navegaban a unas cuatro millas de puerto Colón (Tenerife)

Salvamento Marítimo rescata a un cayuco con 16 migrantes de origen subsahariano que navegaban a unas cuatro millas de puerto Colón (Tenerife) / Alberto Valdés / Efe

Joaquín Anastasio

Madrid

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue siendo optimista sobre la posibilidad de un reparto extraordinario y puntual de 4.000 menores migrantes desde las Islas, y otros 400 desde Ceuta, al resto de comunidades autónomas a partir de la propuesta pactada con el Estado y en base a unos criterios de distribución también acordados entre ambas partes. El también líder de CC asegura que el necesario apoyo de los siete escaños Junts por Cataluña en el Congreso, imprescindible tras el ‘no’ seguro del PP, sigue siendo factible pese al condicionamiento que hace esta formación política al resultado práctico y efectivo de aplicación de ese reparto, e insta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a que aclare el número de niños que recibirá cada territorio. Sería, según Clavijo, la información que queda por saber para avanzar en el proceso y garantizar el respaldo de la formación independentista catalana.

El presidente canario aseguró este lunes en declaraciones a Radio Club Tenerife que habló a finales de la semana pasada con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y que ésta le aseguró mantener su disposición a apoyar la propuesta actualmente en marcha aunque aún pendiente de que se den varios pasos en cuanto al procedimiento. Si acaso, ese respaldo queda condicionado a conocer la ponderación que se otorga a cada uno de los cinco criterios que el propio presidente canario pactó con Rego -población, PIB regional, tasa de desempleo, dispersión poblacional y esfuerzo histórico de acogida-, y, por tanto, la información con la que solo cuenta el ministerio sobre el número de menores que recibiría cada territorio. En todo caso, el cuerdo con Junts se cerraría en una reunión conjunta entre el propio Clavijo, Nogueras, la ministra Rego, y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La otra cuestión que queda por despejar respecto al hipotético apoyo de los de Carles Puigdemont sería la negociación abierta entre el Gobierno y la máxima dirección del partido sobre la delegación a Cataluña de las competencias en materia de inmigración. 

Esa, precisamente, es la razón por la que los exconvergentes han estado dando largas y frenando su respaldo seguro a la medida, pero que tras las últimas negociaciones, y según afirmó ayer su secretario general, Jordi Turull, podrían «materializarse en las próximas semanas». Tras más de un año de negociaciones ha habido avances, pero el pacto sigue encallado en tres puntos sensibles: el papel de los Mossos en las fronteras, la capacidad de realizar expulsiones y la gestión de los NIE (Número de Identidad de Extranjero). 

Con todo, Clavijo aseguró que esta negociación entre Junts y el PSOE no condiciona de manera directa el apoyo de los soberanistas catalanes al reparto puntual de menores, al menos es la versión que le ha trasladado su interlocutora. «Hablé con la portavoz para ver los términos de la distribución extraordinaria, independientemente de las negociaciones que está teniendo el PSOE con Junts y los acuerdos que hayan alcanzado», afirmó el mandatario regional.

El presidente explicó que «esta distribución que nosotros proponemos es un asunto puntual que ellos están en disposición de apoyar», asegurando que «lo que quieren es tener la claridad de cómo va a quedar esa distribución y cuáles son los criterios, porque a mí siempre me han transmitido que ellos aceptarán para Cataluña lo que les corresponda, pero en el contexto global de España». 

Distribución unilateral

Desveló Clavijo que también había hablado en los últimos días con la ministra Rego y que le había pedido mayor celeridad en documento que su ministerio tiene que elaborar sobre cómo se ponderarán los criterios de reparto por territorio «si no lo haremos nosotros mismos”, avisó. 

Según él, esta fase del proceso «es lo que nos falta», porque aseguró que «en la parte de Hacienda no va a haber acuerdo, tendremos que buscarlo con los grupos políticos del Congreso». Aclaró en este sentido que «nosotros (Canarias) sostenemos que la financiación tiene que ir antes de que lleguen los niños a los territorios y el Gobierno central quiere diferirla según vayan llegando los niños».

 «Ahí no habrá acuerdo, pero se acordará con los grupos políticos (durante la negociación en el Congreso), Junts está en disposición de poder apoyar», insistió el presidente canario sin aclarar cómo condicionaría la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a ese mecanismo de financiación a la negociación parlamentaria para respaldar la propuesta que finalmente se presente en la Cámara baja y sobre la que aún tiene que decidir la Abogacía del Estado si se presentará como proposición de ley, real decreto ley o proyecto de ley.

¿Hay un ‘plan B’ al hipotético rechazo de Junts a la propuesta pactada entre Canarias y el Estado? Según Clavijo, ese plan alternativo estaría en una decisión política por parte del Gobierno central para activar de manera «unilateral» el «mecanismo de solidaridad», algo que, según él, se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional publicada la semana pasada en la que además de tumbar de forma parcial el protocolo de menores aprobado en su día por el Gobierno de Canarias, recuerda que el Estado mantiene la responsabilidad en la aplicación del principio de solidaridad entre las comunidades por mucho que las competencias en esta materia estén transferidas a las administraciones autonómicas.

La sentencia, subraya Clavijo, «deja pasajes muy reveladores que nos da la razón, que por el mero hecho de la cercanía geográfica o porque Salvamento Marítimo lleve a los niños (a Canarias) no se pueda responsabilizar a una comunidad autónoma de toda la presión migratoria». «El ‘plan B’ es lo que hemos reivindicado siempre. Con un decreto ley para esa distribución extraordinaria, o la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, o bien mediante el ejercicio de las competencias que la Constitución otorga al Estado, si el Gobierno quisiera podría aplicar esa distribución de manera unilateral», afirmó Clavijo.

En tanto se dilucida si habrá o no ese reparto puntual de menores que reclama Canarias, el Ejecutivo regional aprobó ayer la prórroga de la emergencia relativa a la atención de los menores migrantes para garantizar su protección, ante la situación de «colapso» que sufren los centros de acogida, con una ocupación actual del 123%. Canarias atiende en estos momentos a 5.860 menores. 

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