Cierre de filas con las dietas opacas de los diputados

Mantenerla y no enmendarla. La Mesa del Parlamento insiste en que su Portal de Transparencia cumple con la ley a pesar de que a día de hoy la información sobre la cuantía que perciben los diputados en concepto de indemnizaciones se ha ocultado. De hecho, de la presidenta, Astrid Pérez, no aparecen ni sus asistencias.

A día de hoy, la Mesa del Parlamento invita a cualquier ciudadano que quiera conocer cuanto dinero ha percibido un diputado concreto en concepto de dietas e indemnizaciones a que lo haga por su cuenta, con calculadora en mano, sumando las sesiones de comisión o pleno a las que asiste y multiplicando por la cuantía de cada gasto por alojamiento y manutención con ocasión de su concurrencia a reuniones o sesiones de los órganos de la Cámara -100 euros si es de Tenerife y 180 euros si es del resto de las islas, en el caso de quienes no ostentan ninguna portavocía o son miembros de la Mesa, es decir, los diputados rasos-. 

Hasta el pasado mes de noviembre esto no era así, pues desde 2017 existía un apartado en la página personal de cada una de sus señorías en el que se podía consultar de forma fácil las indemnizaciones. Una ‘pestaña’ que ahora ha sido suprimida porque, aseguran, "cuando se publicaba sumado se prestaba a error y en muchos casos las cantidades no eran correctas".

De esta forma se interpreta de forma restrictiva no solo el artículo 5 de la ley canaria de acceso a la información pública que obliga al Parlamento a poner "a disposición de cualquier persona, en una manera clara y entendible" la información que se recaba, sino que también se incumplen las normas que la propia Cámara aprobó en 2015: en el Portal de Transparencia habrá "un apartado relativo a los diputados y grupos parlamentarios en el que se especifique la situación de cada uno de ellos". Pero es más, aunque la institución del Comisionado de Transparencia no es competente para fiscalizar a la Cámara regional, en todas sus resoluciones de años anteriores referidas a cabildos o ayuntamientos siempre ha defendido que la información se ofrezca a la ciudadanía de manera "lo más clara y fácil posible".

Pese a todas estas incongruencias y al hecho de que, de puertas adentro, varios diputados se han mostrado contrarios a este cambio de criterio por entender que dificultar el acceso a la información a la ciudadanía les perjudica "porque parece que queremos ocultar algo que es legal y, a la larga, produce más distanciamiento y desafección", lo cierto es que, de forma oficial, la totalidad de los grupos han cerrado filas con la decisión de la Mesa del Parlamento, que recuerdan que es soberana para adoptar este tipo de resoluciones. Solo Vox, a través de su portavoz Nicasio Galván, asegura que "nunca nos opusimos al método anterior con las especificidades en el portal. Y recordamos que votamos en contra de la subida del sueldo y las dietas" en el mes de julio.

La decisión de la Mesa ha optado por poner la parte estrecha del embudo a la hora de facilitar una información que hasta hace tres meses era diáfana, poniendo más trabas de las necesarias al acceso a la información e, incluso, también quebranta su propia nueva decisión sobre la forma en que deben conocerse las indemnizaciones percibidas.

Así, se puede constatar en la web del Parlamento que mientras que de la vicepresidenta Ana Oramas hay constancia de que ha tenido 14 presencias en reuniones de la Mesa, comisiones y plenos parlamentarios durante este mes de febrero -lo que equivale a 1.680 euros al ser diputada por Tenerife, es decir, 120 euros por reunión- y que lo mismo sucede con el vicepresidente segundo, Mario Cabrera - 3.010 euros al representar a la circunscripción de Fuerteventura o, lo que es lo mismo, 215 euros por reunión-, de la presidenta Astrid Pérez no hay ninguna certificación, ya que en su perfil no aparece ni siquiera la pestaña dedicada a asistencias, con lo que es imposible calcular la cuantía de las indemnizaciones recibidas porque no se computa si ha asistido a más reuniones -o a las mismas o a menos- que el resto de miembros de la Mesa. 

Varios diputados creen que esta decisión aumenta la desafección con la ciudadanía

Con todo, y aunque es imposible saberlo porque se mantiene oculta esa información, si hubiera asistido a las mismas 14 reuniones, la presidenta Pérez habría cobrado en dietas en lo que va del mes de febrero un total de 3.570 euros, a raíz de 255 euros "por funciones de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara, incluyendo también su actividad parlamentaria".  

Conviene recordar que, según los datos supuestamente erróneos -y aún no aclarados- que se publicaron en noviembre y que dieron lugar a este cambio de criterio en el Portal de Transparencia, la presidenta Pérez fue quien más cobró en septiembre en concepto de las varias indemnizaciones: 6.586,67 euros, es decir, un 182% más que los 2.333 euros que percibió por dietas en septiembre de 2023.

El "proceso de actualización" llevado a cabo tras publicarse que los ingresos por esas indemnizaciones fueron de media un 131% superiores en términos interanuales desde la subida que se aplicaron en agosto, al pasar de una media de 904 euros mensuales por diputado a más de 2.088 euros continúa sin aclarar, tres meses después, cuáles son las cifras válidas que cobraron sus señorías. Y no parece que tengan intención de explicarlo.

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