Mujeres a prisión

La II República había empezado a dar los primeros pasos para la equiparación de los derechos civiles entre las mujeres y los hombres, aunque a todas luces insuficientes. El voto femenino y la implantación del matrimonio civil y el divorcio son las medidas más significativas a los que llegaron los políticos y algunas políticas republicanas, aunque las resistencias fueron muy poderosas. Por supuesto, la Iglesia en peso se opuso de manera beligerante a todos estos cambios. Pero no hay duda de que el régimen republicano dio esperanzas de igualdad y muchas féminas se incorporaron a la actividad política.

Existe un libro pionero, realizado por Agustín Millares Cantero, Incógnitas. Mujeres de izquierdas en Gran Canaria, 1931-1939, de lectura obligada para tratar este tema. Muchas de las mujeres citadas en este artículo pasan por estas páginas. Una de ellas, y de manera destacada, es Antonia González Monzón, hermana de ¡tres asesinados! –Félix, Domingo y Juan– y ella misma vilmente torturada y violada por policías y falangistas, según la información oral. Fue condenada a 30 años de prisión, y permaneció en ella hasta 1940. Según el expediente policial por «comunista de acción, peligrosa y propagandista de su ideario» (rollo 22/1939 del TRRP).

Pero hay dos mujeres condenadas a muerte en Gran Canaria, se trata de la alemana Elsa Wolff Papke y Herminia Dos Santos Alemán de padre portugués y madre canaria. A ambas les fusilaron al marido, el panadero de Telde Juan del Peso y al farmacéutico de Agaete Fernando Egea, respectivamente, y a ellas se les conmutó la pena por la de cadena perpetua. Herminia estaba embarazada y vivió la tragedia con el hijo en sus entrañas, fue llevada de la Prisión Provincial de Las Palmas al Hospital San Martín, allí dio a luz el 23 de febrero de 1937 y le dieron de alta para volver a la cárcel en junio de ese año. Ellas y muchas más, como el grupo de mujeres anarquistas de Tenerife, como Carmen Goya Hernández, Margarita Rocha Mata (fusilaron a su novio Néstor Mendoza Santos), María Culí Palou y Nélida Hernández Dorta. También las gomeras Blanca Ascanio Moreno y Jovita Reboso Quintero. Muchas, muchas más.

Al poco del golpe militar, en concreto en la tarde del 7 de agosto de 1936, Julia Soler Córdoba pasaba por la puerta del Hospital San Martín en Las Palmas y no pudo más. No tenía antecedentes políticos, había nacido en Las Palmas, tenía 30 años y era enfermera del mismo Hospital. Todavía no se había producido la redada que se llevó por delante la vida de cinco enfermeros, asesinados y tirados a la Mar Fea a principios de octubre de ese año. Quizá Julia no pudo más porque un día antes se habían producido los primeros crímenes en frío de los golpistas en Canarias, el fusilamiento de Eduardo Suárez y Fernando Egea. Probablemente, su nivel de resistencia colapsó al ver que el recinto hospitalario estaba custodiado por el Ejército. En un alarde de procacidad lingüística se plantó ante el guardia de turno y le gritó: «Cabrón, maricón, hijo de la gran puta, chulo, me cago en la madre que te parió». Así, con todas las palabras. Lo aderezó con una frase más moderada, quizá porque su repertorio estaba ya agotado, diciéndole al asombrado vigilante que era un asesino como los demás individuos que se hallaban al servicio del Ejército rebelde.

La sinceridad de Julia le valió un consejo de guerra sumarísimo ante la manifiesta peligrosidad de esta enemiga de la ‘patria’ y le cayeron dos años de prisión correccional.

Fue «benigno» el Tribunal, si esto hubiera ocurrido unos meses después le habrían caído más de 20 años, seguro. Pero, por supuesto, fue expulsada del ejercicio profesional y tuvo que vender una casa para poder pagar la multa que la Comisión Provincial de Incautación de Bienes le impuso. Varios años después el Tribunal de Responsabilidades Políticas (rollos 81/1939 y 192/1939) investigó a esa enemiga del régimen, para ver si podía clavar más las tachas de su crucifixión. Pero la verdad es que los jueces civiles se acordaron que las sagradas leyes del derecho le impedían tratar de nuevo «una cosa juzgada». Lástima que no se acordaran de los miles de expedientados que ya habían pasado por juicio y que ellos juzgaron de nuevo. O que aplicaran la retroactividad de las leyes sin ningún rubor.

Las injurias a Franco, naturalmente, estaban muy castigadas. Cristina Mena Tejera había nacido en Las Palmas pero residía en Santa Cruz de Tenerife, tenía 19 años, carecía de antecedentes políticos y era hija de un comisario de policía jubilado, Jacinto Mena. El 6 de noviembre de 1937, un guardia municipal estaba repartiendo citaciones de reclutamiento cuando la madre de uno de los afectados dijo que debía morirse el que tuviera la culpa de aquello. Cristina no tuvo dudas sobre el tema y aclaró: «Será el cabrón de Franco». Fue detenida inmediatamente y el consejo de guerra de febrero del año siguiente la condenó a tres años y un día por injurias al jefe del Estado. A finales de 1939 todavía estaba presa en el Depósito Municipal de La Laguna, donde estaban muchas mujeres disidentes (rollo 201/1939).

Otra de ellas era Ramona Ravelo Suárez, natural de La Matanza de Acentejo y sin antecedentes políticos, de 25 años. El 16 de noviembre de 1938 gritó en su pueblo: «Franco, los demonios te coman y mueras afusilado (sic), como mueren mis hermanos». Esto lo dijo porque poco antes un hermano suyo había sido movilizado. Consejo de guerra y por injurias graves le cayó lo mismo que la anterior, tres años y un día.

Probablemente, Cristina y Ramona tuvieran tiempo para compartir sus penas y comentar las semejanzas de sus casos.

Especialmente sensible estaban los tribunales militares a comienzos de 1937. No por casualidad esta época registra el mayor número de fusilamientos y «desapariciones» de republicanos de Gran Canaria y Tenerife. Ya habrá oportunidad de escribir algo de esta terrible época, porque desde enero hasta abril de ese año la Sima de Jinámar fue utilizada a destajo por las partidas de las llamadas fuerzas de «orden» público y falangistas. Aún cientos de cadáveres aguardan en su seno el rescate de la Historia.

Pero la teldense de Jinámar María Falcón Hernández no podía saber el año anterior lo que se preparaba unos kilómetros más arriba del pueblo. Fue juzgada en consejo de guerra por injurias al Ejército. Es curioso que la sentencia no aclare el día del supuesto delito, solo dice «un día de octubre» (de 1936). Así, sin especificar el día, sin concreción, como se requiere de toda buena acusación bien argumentada. Pues no, un día cualquiera de octubre. Quizá los acusadores no se acordaran de la fecha y bastaban solo los recuerdos vagos. Pues ese día indeterminado María vio pasar por la carretera un camión lleno de falangistas y dijo: «Qué lástima que no tengan suerte de llegar allá», refiriéndose al frente de guerra peninsular. Y otro día, también indeterminado, cuando los falangistas estaban incautando gallinas en el pueblo, hizo una pregunta retórica: «...por qué no ponían gofio con agua para los militares».

En los considerandos está el meollo de la sentencia. La primera afirmación era una «vulgar maldición» y el significado de la misma era la ofensa, tipificada en el Código de Justicia Militar. Y la segunda frase tiene «sentido de menosprecio», puesto que los falangistas «tienen carácter de fuerzas militarizadas».

Claro, con María llovía sobre mojado. Informes policiales la tachaban de «comunista de acción en lo compatible con su sexo». Frase interpretable, pero que más o menos decía que su comunismo era algo menor al de los hombres porque era mujer, o algo así. Interpretar estas sesudas sentencias es un ejercicio que se acerca al esoterismo. La vida de María era muy humilde, vivía en un cuartito que sus hermanos habían hecho para ella y limpiaba el local de los comunistas de Jinámar. Pero, según los informes de la Guardia Civil de Telde, tenía «mala conducta», hacía propaganda comunista y se ponía en la entrada de los mítines para controlar a los que iban y a los que no. A estos últimos -según los ‘impecables’ informes- les amenazaba con quemarles la casa cuando se implantara el comunismo. De nada le sirvió declarar que no estaba afiliada a partido alguno y que en su vida había asistido a mítines. En fin, le cayeron dos años por aquellas frases insulsas, aunque el fiscal pidió ocho para ella. Una vez más, la ‘caballerosidad’ de los tribunales se desplegaba en toda su dimensión (rollo 313/1939).

Pero hay otra historia, la de Petronila Álvarez Regalado, cocinera de la casa de Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, intelectual tinerfeño de una valía fuera de lo común: poeta, novelista, conferenciante, abogado eminente y político de Izquierda Republicana, diputado por el Frente Popular por Santa Cruz de Tenerife. Octubre de 1936 sería un mes fatídico para la familia, se conoce que la decisión venía de arriba. Don Luis fue capturado en Cádiz el mismo 18 de julio de 1936 , llevado a Tenerife y asesinado por orden de las autoridades militares. Ni pasó por el campo de concentración de Fyffes. Cosa que sí hizo su hijo Guetón Rodríguez de la Sierra Melo, aunque de nada le sirvió porque también fue ‘desaparecido’ por las mismas fechas que su padre, octubre de 1936. No contentos con estos asesinatos, una partida de falangistas asaltan y medio queman la mansión familiar, Villa Loreto, en la lagunera calle de La Parra, número 1, muy cerca de la Plaza de la Concepción. Esto fue el 21 de ese fatídico mes.

Petronila había nacido en Puerto de la Cruz y vivía con carácter permanente en la mansión lagunera de don Luis desde hacía muchos años, era como de la familia. Poco más sabemos de su historia, salvo que daba de comer a propios y extraños con una gran profusión, incluso a algunos que después participarían en el asalto de la casa. A Petronila le cayó la inflexible justicia del Caudillo. No sabemos exactamente las verdaderas razones, pero lo cierto es que le hicieron consejo de guerra el 8 de octubre de 1936, más o menos cuando don Luis y Guetón han sido asesinados. La sentencia aclara los motivos: «(…) de antecedentes extremistas, con posterioridad al mes de julio último, en reiteradas ocasiones y en lugares públicos tales como la Plaza del Mercado de La Laguna y diversas tiendas donde hacía sus compras, ha venido propagando noticias falsas y contrarias al movimiento militar». Esta acusación tan vaga, sin aclarar el cuándo y el dónde, y con qué testigos, bastó para condenarla por excitación a la rebelión a ocho años de prisión militar.

En este caso, la ‘caballerosidad’ de los juzgadores no se verificó porque, a pesar de que el fiscal había pedido seis años y un día, los delitos de la pobre Petronila eran tan graves que se vieron obligados a subir la condena dos años más (rollo 160/1939).

¿Es una casualidad que coincidieran todas las desgracias contra los Rodríguez de la Sierra en el mes de octubre? Poco probable. En el caso de Petronila más parece una estrategia premeditada para quitar de en medio a alguien tan ligado a la casa y que pudiera entorpecer el asalto posterior.

Hay muchísimas más historias personales de mujeres represaliadas durante el franquismo, y hay un denominador común: si tenían un motivo para denunciar las injusticias no se callaban.

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