Parlamento de Canarias | Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas
Una maniobra del PSOE retrasa la Ley de Vivienda Vacacional
Los socialistas, que no ven la urgencia en tramitar la norma, consiguen aplazar hasta el 6 de marzo su toma en consideración

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, y el portavoz Sebastián Franquis durante el último pleno / Arturo Jiménez

A la segunda va la vencida. Vox no lo consiguió el pasado martes pero el PSOE sí logró este viernes que no haya debate el próximo miércoles para tomar en consideración la polémica Ley de Vivienda Vacacional que el Gobierno canario solicitó que se tramitara por la vía de urgencia. La urgencia se mantiene, pero se aplaza el primer debate que suponía el 'pistoletazo de salida' a su tramitación parlamentaria.
Así lo ha decidido la Mesa del Parlamento, reunida de manera perentoria para resolver la petición del PSOE de "reconsideración" de la tramitación urgente de la nueva norma. Una solicitud basada en que "el Gobierno, en un evidente fraude de ley, ha tratado de justificar una urgencia en la tramitación que no se compadece con las propias decisiones que ha ido adoptando durante su tramitación interna, que ha durado 17 meses". Un período de tiempo en el que, según los datos de los socialistas, las viviendas vacacionales pasaron de ser 46.186 en octubre de 2023 a 64.412 en diciembre de 2024.
Aunque la Mesa decidió mantener la vía urgente acordada desde el principio, sí tuvo que modificar los plazos establecidos para que los grupos de la oposición puedan presentar las enmiendas a la totalidad, lo que ha obligado a habilitar un pleno especial, fuera de los previstos en el calendario oficial, para abordar esta ley antes de que se celebre el Debate sobre el estado de la nacionalidad previsto del 11 al 13 de marzo. La fecha elegida será el jueves 6 de marzo, en plena semana grande de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tal y como han solicitado los portavoces de CC y el PP, José Miguel Barragán y Luz Reverón.
La Mesa, tras deliberar el asunto, amplió el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad hasta las "23:59:59 horas del día [miércoles] 26 de febrero de 2025", es decir, bastantes horas después de cuando en principio se había decidido que se produjera la discusión parlamentaria, lo que convertía en imposible presentar una enmienda a la totalidad a un proyecto legislativo que previamente hubiera sido admitido a trámite. Con ello, el PSOE logra que el debate se retrase aunque se mantiene su tramitación por la vía de urgencia.
Tras conocerse la decisión de la Mesa de la Cámara de posponer una semana el debate de la ley que se impulsa desde la Consejería de Turismo, que dirige Jéssica de León, el PP no tardó en arremeter contra los socialistas: "Tendrán que explicar a sus electores y a todas las personas que sufren la emergencia habitacional en Canarias cómo es posible que considere que regular el alquiler vacacional no es una urgencia en el Archipiélago".
El PP critica que el PSOE, "que engordó el problema, ahora trate de bloquear la solución"
David Morales, secretario de Turismo y Empleo del PP canario y diputado regional, considera "evidente" que con esta maniobra parlamentaria se pone de manifiesto "que el modelo del PSOE para el uso turístico de viviendas es el que llevaron a cabo cuando gobernaron: no hacer absolutamente nada".
Es más, considera "lamentable que el PSOE, que miró para otro lado y alimentó la proliferación de este tipo de alojamientos sin mecanismos de control de ningún tipo en Canarias, intente retrasar ahora la tan necesaria regulación", máxime cuando el propio presidente del Gobierno central y máximo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, ha manifestado en reiteradas ocasiones que "ante la emergencia habitacional que sufre todo el país hace falta menos Airbnb y más viviendas".
"Ellos engordaron el problema y ahora tratan de bloquear la solución", remacha Morales.
En el escrito remitido por el PSOE a la Mesa del Parlamento se insiste en que "la decisión del Gobierno de rechazar cualquier atisbo de suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias vacacionales a través de una moratoria, tal y como recomendaban sus propios informes, ha supuesto que desde que el 18 de octubre de 2023 hasta que se aprueba en Consejo de Gobierno el proyecto de ley el 26 de diciembre de 2024, las viviendas vacacionales han crecido en Canarias en un 38,56%, lo que suponen 17.926 viviendas más".
54 documentos y 2.858 páginas
En su estrategia, el PSOE ha echado mano, primero, de lo abultado del expediente legislativo, ante el que se confiesan abrumados y, segundo, de la presión de responsabilidad ante la ciudadanía en busca de un culpable.
Es decir, de una parte argumentan que el expediente del proyecto de ley que "está compuesto por 54 documentos que en total suman 2.858 páginas" y que, de ellas, "1.763 corresponden a los tres anexos de alegaciones de particulares e instituciones y de esos colectivos afectados a los que el Gobierno les arroga el calificativo de desinformadores y de generadores de alarma social".
De otro lado, avisa a la Mesa de consecuencias futuras: "si considera que el análisis de tal volumen de documentación mediante la reducción de plazos que comporta la tramitación de emergencia no merma los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo, en cuanto procedimiento de formación de la voluntad del órgano, entendemos que resultaría preciso", advierten, "que justificara tal decisión a los efectos de eludir cualquier tacha de irregularidad que pudiera comportar el trámite legislativo".
La tramitación parlamentaria de este proyecto legislativo, que la consejera Jéssica de León entregó a la presidenta de la Cámara el pasado 6 de febrero, no ha estado exento de polémicas. El pasado lunes se produjo un envío masivo de correos electrónicos a los diputados por parte de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt) contra el proyecto legislativo que regulará el alquiler vacacional -alguno recibió hasta 508 mails en tres horas-. Esta situación llevó a Vox a pedir sin éxito la paralización de la tramitación del proyecto legislativo por la vía de urgencia.
Además, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) discrepa del texto actual porque "intenta trasladar competencias" a los ayuntamientos que están residenciadas en los cabildos y éstos también mostraron su escepticismo ante varios aspectos de la norma.
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