Junts pone freno al acuerdo para el reparto puntual de los menores migrantes

Las dudas sobre cómo afectaría a Cataluña el reparto de 4.400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas, en base a los criterios pactados entre los gobiernos canario y central, están provocando un parón significativo sobre el proceso emprendido con ese objetivo. No es, desde luego, la única razón del retraso del calendario previsto, pero sí la fundamental, según reconocen distintas fuentes consultadas, que ya ven difícil que las negociaciones políticas en el Congreso para lograr el respaldo parlamentario a la propuesta se pueden producir antes de Semana Santa –del 13 al 20 de abril–. La percepción más pesimista de la situación en que se encuentra este debate apunta incluso a un descarrilamiento completo de la propuesta, porque si algo tiene claro el Gobierno central es que no presentará la iniciativa parlamentaria correspondiente si no tiene garantía de que saldrá adelante en la Cámara baja.

La clave de toda esta situación está en la posición de Junts per Cataluña, cuyos siete escaños en el Congreso son necesarios para que la propuesta prospere, partiendo del hecho de que el PP ya ha dejado claro su rechazo a la misma. 

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Aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado en distintas ocasiones su confianza en que los exconvergentes respaldarán la medida, lo cierto es que su posición sigue siendo una incógnita, siempre a merced de las múltiples negociaciones que mantiene con el Gobierno central en diversos temas de actualidad política. Particularmente la que se refiere al traspaso a Cataluña de la gestión integral de la gestión migratoria, incluido el control de las fronteras exteriores, que constitucionalmente competen al Estado y que son las que bloquean, en este momento, dicha negociación.

Pero además, hay otra cuestión que frena el proceso y es de qué forma afecta a Cataluña la distribución de esos niños y niñas sin tutela familiar actualmente en centros de acogida de Canarias (4.000) y de Ceuta (400) que se llevaría a cabo mediante los criterios pactados por Clavijo y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hace más de dos semanas. 

En teoría, esos criterios de población, PIB regional, dispersión poblacional, paro, y esfuerzo de acogida reciente e histórica, no excluye a la comunidad catalana del reparto y seguramente la obligaría a acoger algún determinado número de niños ahora tutelados por las comunidades frontera sur. Pero según reconocen fuentes de la negociación, Junts no apoyará el proceso si, como consecuencia de la aplicación de esos criterios, Cataluña tendrá que asumir nuevas acogidas, por pocas que sean.

Paralelamente, el Gobierno central mantiene en el centro de su estrategia a este respecto el apoyo de la formación independentista catalana a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para que ese reparto de menores migrantes se haga de forma automática cuando cualquiera de las comunidades a las que llegan en primer término sobrepase el 100 % de su tope teórico de acogida. Es, por tanto, una doble negociación cuyas respectivas resoluciones dependerán de un sinfín de factores políticos y de coyuntura, tanto respecto a otros temas en agenda entre Junts y el Gobierno central, como de la negociación específica sobre la crisis migratoria y la situación de los menores.

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En todo caso, y como consecuencia, entre otros elementos, de esta posición de Junts, el calendario inicialmente previsto por el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central para ese reparto extraordinario queda en veremos. El efecto práctico sobre cada una de las cuestiones en negociación o tramitación, aunque en teoría no están directamente vinculadas, es que hay un parón que nadie alcanza a explicar o justificar. 

Calendario congelado

Ahora mismo y desde hace una o dos semanas, según los casos, se mantienen congelados asuntos como la elaboración del informe jurídico de la Abogacía del Estado respecto a la formulación legal en que debe asentarse la propuesta de reparto extraordinario de menores -real decreto ley, proposición de ley o incluyo proyecto de ley- , que oficialmente se consideraba «inminente» ya hace diez días; la reunión entre Clavijo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para definir el marco financiero del sistema de reparto entre todas las comunidades autónomas, que se suspendió por enfermedad de la también vicepresidenta primera pero que ahora sigue pendiente; el cierre definitivo y ya con cifras del número de menores que le tocaría acoger a cada territorio; la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se trasladaría el acuerdo a las distintas comunidades autónomas, que estaba prevista para la semana pasada en Ceuta y que ahora sigue sin fecha; y la presentación de la propuesta concreta a los grupos parlamentarios en el Congreso para obtener el apoyo necesario a cualquiera de las fórmulas legales que se barajan para sostener esa reubicación puntual de menores migrantes. 

El impasse que parece que se ha abierto para intentar despejar todo este panorama incierto y el calendario del proceso está un tanto enmascarado políticamente por el viaje del presidente canario a Mauritania para estrechar lazos con el país de donde parten en este momento el 65 % de las embarcaciones con migrantes a bordo que llegan a Canarias, pese a que solo el 6,6 % de sus ocupantes son originarios de ese país. 

Clavijo mantiene comunicación con todas las partes involucradas en el proceso de reparto extraordinario esperando novedades significativas que le obliguen a retomar su agenda en Madrid, en especial esa reunión con Montero y la negociación, acompañado por los portavoces de los grupos del Parlamento de Canarias, con las formaciones representadas en el Congreso. 

También la fijación definitiva por parte del Gobierno central de la ponderación que se haga de cada criterio de distribución, que será la que determine el número de menores que irá a cada territorio, y con el temor permanente de que Junts pueda abortar cualquier solución si a Cataluña le correspondan siquiera un reducido número de niños y niñas de este colectivo.

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