La Radiotelevisión Canaria inicia su ‘desconexión’ del Parlamento

La nueva ley que regulará la Radiotelevisión Canaria (RTVC) da un vuelco a su organización y funcionamiento. La norma intenta acabar con la guerra política que ha condicionado al ente público en la última década por su dependencia del Parlamento y las diferencias entre los grupos políticos en el nombramiento de los órganos de dirección y el mandato marco. De hecho, en la memoria del anteproyecto de ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias se reconoce que la vigente Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas y las seis modificaciones que se han realizado de la misma con posterioridad han sido claramente «inoperativas», por lo que es necesario una nueva regulación.

A lo largo del texto de la norma se evidencia que hacer depender la RTVC del Parlamento ha conllevado más problemas que soluciones al funcionamiento normal del ente público, por lo que se introducen nuevos criterios que suponen una mayor autonomía del mismo y su adscripción directa al sector público autonómico. Ejemplos sintomáticos son un mandato marco inexistente que, después de más de 10 años, el Parlamento de Canarias no ha podido aprobar «imposibilitando así la fijación de criterios y toma de decisiones determinantes que en la propia Ley se condicionan a la aprobación del mismo», recoge la justificación de la nueva norma.

Asimismo, las disputas políticas y la obligatoriedad de mayorías reforzadas en la Cámara han imposibilitado normalizar la composición de los órganos de dirección y supervisión de la Radiotelevisión Canaria. El texto del anteproyecto de ley mantiene la estructura actual del ente público RTVC formada por la Junta de Control, la Dirección General, el Consejo Asesor y el Consejo de Informativos. Sin embargo después de diez años ninguno de estos órganos ha podido ser constituido a pesar de los varios intentos que se han producido, pero que se han visto frustrados uno detrás de otro en el Parlamento.

En el caso de la Junta de Control –antiguo Consejo de Administración– seguirá siendo potestad del Parlamento su nombramiento pero su mandato ya no será de cuatro años fijos, sino lo que dure la legislatura para que sus miembros sean elegidos por las mayorías políticas que salgan de cada proceso electoral. Asimismo, se elimina la dedicación exclusiva de los componentes de la Junta de Control, por lo que los puestos dejan de ser retribuidos. Ya en la primera ley de la RTVC de 1984 se contemplaba esta opción. También se rebaja las competencias de este órgano a la hora de las contrataciones, que serán a partir de los 1,5 millones de euros y no un millón como hasta ahora.

Menos componentes

El texto propuesto para regular la RTVC refuerza la figura de la Dirección General, que tendrá más competencias para evitar la paralización en la gestión de la entidad y seguirá siendo nombrada por el Gobierno y ratificada por el Parlamento por mayoría absoluta. También será elegida por el periodo legislativo y asume las funciones de la Junta de Control en el caso de que este órgano no esté constituido. La figura de administrador general desaparece del organigrama.

En el caso del Consejo Asesor, que tampoco se ha constituido hasta ahora, se reduce el número de miembros, que pasa de 26 a 18 miembros: los siete cabildos, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), tres miembros a propuesta del Gobierno de Canarias, dos representantes de la industria cultural y audiovisual, dos de las asociaciones de consumidores y usuarios, las dos universidades públicas de las Islas y un representante del Consejo Escolar de Canarias.

Entre los aspectos más relevantes de los cambios que se introducen figura que la Radiotelevisión Canaria pasa a integrarse plenamente en el sector público institucional autonómico al considerar que la ley de 2014 coloca al ente público en un «limbo jurídico», al dejarlo en una dependencia casi absoluta del Parlamento. De esta forma se ha configurado un ente público «carente de adscripción institucional concreta, en un híbrido administrativo-parlamentario, lo que viene evidenciando graves problemas operativos que es preciso resolver», recoge la memoria justificativa del anteproyecto de ley expuesta en el portal de Transparencia para recoger propuestas y sugerencias.

Pero no solo el ente público RTVC pasa a integrarse plenamente en el sector público institucional de la Comunidad Autónoma, sino que se recoge la propuesta de que las dos sociedades mercantiles Radio Pública de Canarias SA y Televisión Pública de Canarias SA se fusionen para generar una única sociedad al considerarse que la actual división es «ineficaz» para su gestión. El texto recoge que, pese a esta separación del Parlamento para entrar en el sector público autonómico, la independencia del ente RTVC en la prestación del servicio está garantizada y ambas son compatibles.

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