La prohibición del Estado a que el REF incentive fabricar barcos y coches en Canarias está "caduca"

Los asesores fiscales insisten en la inseguridad jurídica que genera la lentitud en adaptar los instrumentos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) y alertan sobre el «escaso mantenimiento» del fuero canario, por lo que hay que estar constantemente encima del Gobierno central. Por tanto, consideran «urgente» que se corrijan las «incertidumbres y disfunciones» de los mecanismos fiscales del REF en aspectos clave como la materialización de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) en aplicaciones informáticas o en la creación de empleo. Y abogan por poner el foco en la atracción de inversiones al Archipiélago, con la inclusión, por ejemplo, de sectores industriales que pueden ser ahora mismo beneficiarios de los incentivos, como la construcción naval, las fibras sintéticas o la industria del automóvil.

Mientras Europa permite que estos sectores sean receptores de instrumentos como la RIC, la Deducción por inversiones (DIC) o las bonificaciones a la producción de bienes, la ley del REF sigue sin actualizarse y quedan fuera, expone Orlando Luján, secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y miembro de la Cátedra del REF, que participó el pasado viernes en la comisión del Parlamento regional que revisa el fuero canario.

En la ley del REF de 1994 quedaron excluidos distintos sectores industriales, como la fabricación de barcos en las Islas (que no la reparación naval), la industria del automóvil o de fibras sintéticas, altamente utilizadas en el mundo de la moda como el poliéster, pero el Reglamento General de Exención por Categorías de Europa no impide, desde 2016, que estas industrias se beneficien de las ayudas regionales en la Unión Europea.

Una prohibición caduca

Por tanto, la prohibición en aplicar los incentivos del REF en estos estores que pueden contribuir a la implantación de este tipo de industrias en las Islas está «obsoleta» y es un «veto caduco» que se ha mantenido y no tiene sentido, sostiene Luján. Por ello, apunta que una mejora clara del fuero canario es la modificación de la ley 19/94, suprimiendo las restricciones sectoriales no vigentes, de modo que se permita aplicar incentivos REF a todos los sectores que permita la UE para diversificar la economía canaria.

Luján ve «lamentable» que tras años de quejas la RIC balear incluya aplicaciones ‘software’ y la canaria no

En este contexto, indica que la industria del automóvil tiene múltiples aplicaciones, no solo se trata de poner una fábrica de coches, sino de cualquier tipo de vehículos, como los eléctricos, y «más con la nueva movilidad», pero «no hay incentivos para que esas entidades que quisieran fabricar aquí lo hagan», remarca. Por eso, propone que se eliminen esas restricciones, «y luego vendrán o no vendrán», y además son sectores en crecimiento, reflexiona.

Aplicaciones informáticas

El problema es que el Estado no corrige estas cuestiones si no existe una demanda expresa y, en este caso, al parecer no la ha habido por parte de Canarias porque quizás ni contemplaban la posible inclusión de estos sectores. Puede ser por desconocimiento, pero en el caso de las aplicaciones informáticas, tanto el Estado, como el Gobierno canario sí están al tanto de la situación que lleva coleando desde hace años, sin que se haya dado una solución a la materialización de la RIC en este sector tan importante para la digitalización de las Islas.

En la ley 8/2018 donde se modificó el REF se eliminó en la práctica «por error» la materialización de la RIC en aplicaciones informáticas «justo cuando mayor importancia cobra el software para la digitalización, el teletrabajo y la competitividad», indica Luján, quien fue, además, uno de los promotores del Manifiesto del REF cuando en la pandemia se evidenciaron las carencias en la aplicación real de los incentivos.

Pese a la restricción en Canarias, la Reserva para Inversiones Balear (RIB), que entró en vigor en enero de 2023, como un calco de la canaria y sin ser región ultraperiférica (RUP), sí incluye la materialización en aplicaciones informáticas. Así, en una región con un PIB per cápita superior en un 40% al de Canarias en 2023 (34.381 euros versus 24.345 euros) «se puede, y en Canarias no», recalca el experto en el REF, que considera «lamentable» que esta situación no se haya corregido en cinco años, pese a que los asesores fiscales lo han pedido en numerosas ocasiones.

«Lo tenía que haber aprobado el Parlamento estatal en la modificación que se pidió desde Canarias en 2020», insiste.7

Inseguridad jurídica del REF

La pandemia puso de manifiesto los problemas de los incentivos del fuero canario en las empresas y autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios y, como consecuencia, incumplían las inversiones o la creación de empleo que se les exigían para acogerse a la RIC o a la DIC, pero, pese al paso de los años y a las quejas, muchas cuestiones siguen en el limbo. La regularización de la materialización de la Reserva para Inversiones en empleo, por ejemplo, es «imprecisa y genera múltiples dudas en su aplicación», lo que reduce el impacto del incentivo, apunta Luján, al igual que el mantenimiento de la inversión en caso de jubilación o incapacidad, entre otras cuestiones.

Los expertos remarcan que se han de dar soluciones a la inseguridad jurídica de los instrumentos fiscales

RIC para viviendas asequibles

En cuanto a la revisión del fuero, el comisionado del REF, José Ramón Barrera, indica que están planteando una modificación general en conjunto con la comisión parlamentaria, y una vez se alcance el consenso en las Islas, se negociará con el Estado para su aprobación en las Cortes generales. Ahí caben esos aspectos para mejorar el REF, aunque cuestiones con carácter de urgencia, como la aplicación de la RIC en la construcción de viviendas para alquileres asequibles ya se están tramitando en el Congreso.

Barrera sostiene que están formulando muchos aspectos del REF innovadores como deducciones en el IRPF para residentes, la reserva de capitalización o un régimen específico para las actividades que no están implantadas en Canarias , un nuevo modelo que pueda estar ultimado este año para plantear su aplicación en 2026.

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