Limitar la venta de viviendas a los no residentes rompe la unidad del pacto en el Gobierno canario

Ni una "limitación en la venta de viviendas a extranjeros no arraigados en Canarias, fuente de una nueva burbuja especulativa", ni fomentar un "reparto más equitativo de la riqueza que genera el turismo". El PP se ha desmarcado de sus socios que sustentan el Gobierno que preside Fernando Clavijo -CC, ASG y AHI- y junto a Vox votó en contra este miércoles de ambas conclusiones incluidas en el informe final de la comisión parlamentaria de estudio sobre el reto demográfico. No obstante, sí admitieron la posibilidad, defendida por CC, de estudiar "las vías que el derecho comunitario ofrece aprovechando la condición de región ultraperiférica (RUP) de Canarias, el interés general, o la combinación de ambas, para la adopción de medidas poblacionales generadoras de un derecho especial que regule la residencia" de foráneos.

La restricción a la adquisión de viviendas para extranjeros, que forma parte del ideario de CC desde hace décadas, quedó fuera del pacto de gobernabilidad suscrito con el PP en 2023 para investir a Clavijo como presidente precisamente porque los conservadores están en contra de propuestas que vayan en contra del derecho comunitario. Por ese motivo, en este año y medio de legislatura se ha intentado soslayar el debate en el seno de la coalición gubernamental, incluso cuando los nacionalistas lo incluyeron en su programa electoral a los comicios al Parlamento Europeo.

Estas desavenencias internas podrían haber tenido el jueves un nuevo capítulo público, ya que CC solicitó la comparecencia de la consejera conservadora Matilde Asián para que en su calidad de responsable de las relaciones con la Unión Europea (UE) explicara las "acciones que plantea el Gobierno con el objeto de limitar la residencia de ciudadanos europeos en las islas". Sin embargo, a última hora de esta tarde los nacionalistas decidieron aplazarla para evitar más tiranteces innecesarias con sus socios del PP.

La propuesta de limitar la venta de casas partió de NC-Bc y también fue apoyada por los socialistas. La misma añade que es "fundamental" que esta medida restrictiva "esté basada en el interés general, justificada debidamente y basada en el principio de proporcionalidad", por lo que también es "imprescindible impulsar" con carácter previo “la obra pública de vivienda protegida, así como el desarrollo de un Plan para la puesta en alquiler residencial de una parte significativa de las más de 211.000 viviendas vacías” que existen en el Archipiélago.

Los conservadores y el partido de extrema derecha también se opusieron a la propuesta de CC, apoyada por el resto de grupos, sobre que el Ejecutivo autonómico promueva, junto a los agentes sociales, un "reparto más equitativo de la riqueza que genera el turismo, especialmente en los trabajadores del sector a los que, además, hay que darles acceso a una mejor formación para que logren mejores puestos con mayor salario", que es una de las políticas clave que defiende el presidente Clavijo. No obstante, el PP si apoyó la propuesta del PSOE para "fomentar la corresponsabilidad social del empresariado turístico".

En lo que no hubo ninguna fisura entre los socios gubernamentales fue en rechazar la ecotasa que defienden tanto PSOE como NC-Bc o una moratoria insularizada de los ‘canaristas’, cuya finalidad era paralizar "de forma urgente autorizaciones para las viviendas vacacionales por decreto ley hasta la aprobación de una Ley de Vivienda Vacacional". A cambio, los nacionalistas plantearon y se aprobó, con la única oposición de Vox, "implantar medidas de protección y salvaguarda de los espacios naturales protegidos, de tal manera que permitan su uso y disfrute en consonancia con la sostenibilidad".

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