Empleo encarga al expresidente de la CEOE tinerfeña el informe de riesgos laborales de las kellys

La Consejería de Empleo que dirige Jéssica de León concedió el estudio de riesgos laborales en el sector hotelero -informe que sentará las bases en las políticas de salud laboral del gabinete que preside Fernando Clavijo- a la empresa Corporación 5 que preside José Carlos Francisco, actual presidente del Consejo Económico y Social (CES) del Ejecutivo y exlíder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife. Esta actuación ha provocado la indignación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y del Grupo Parlamentario Socialista Canario, que pedirá explicaciones a De León en sede parlamentaria en la próxima interpelación en la que se debatirá el balance de dos años de su gestión en salud laboral.

Para Gustavo Santana, portavoz parlamentario del PSOE en el área de Empleo, este informe "nace totalmente deslegitimado, aún sin saber los resultados del estudio, ante la desconfianza que genera entre sindicatos y el colectivo de las kellys que el encargo se haya hecho a la empresa del expresidente de la CEOE de Tenerife".

Una aseveración que se traduce en el comunicado suscrito por Carlos Castillo, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO, en el que se afirma que este encargo a la empresa del expresidente de la patronal tinerfeña "es todo un acierto si lo que se busca es un análisis profundo y serio sobre cómo seguir haciendo la vista gorda ante las condiciones precarias de los empleados y empleadas en la hostelería" de las Islas.

Desde la central sindical se insiste en que "nada mejor que contratar a alguien con una trayectoria impecable de representar a las grandes empresas". O, lo que es lo mismo, consideran que "los lobos están ahora cuidando al rebaño".

Esta desconfianza hacia el contenido final del informe y sus conclusiones lleva al PSOE a dar un paso más y exige a la Consejería de Empleo "elaborar un nuevo estudio de riesgos psicosociales contando con el consenso y la participación de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, pues cuentan con grandes profesionales y especialistas en materia de Prevención de Riesgos Laborales en casi todas las islas", además de que deberá estar ‘vigilado’  por los delegados y delegadas de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud.

Gustavo Santana asegura que el estudio otorgado a José Carlos Francisco "nace ya deslegitimado"

Tanto el sindicato como el PSOE cuestionan el sesgo de un informe que estará elaborado por "las mismas personas que, en su momento, se dedicaron a promover las políticas que han llevado a precarizar los empleos" en el sector de la hostelería canaria.

En este sentido, recuerdan que lo que parece buscar la consejería y concretamente el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, es un "estudio que no incomode demasiado" a la patronal, cuyo "argumentario es que las personas en Canarias no quieren trabajar y que el problema real es el alto índice de absentismo".

En concreto, Santana califica de "chapuza política" el hecho de que "este estudio tan esperado haya sido elaborado por quienes constantemente han criticado situaciones que califican de absentismo laboral, confundiéndolas con la productividad o incluso mezclándolo con los derechos laborales para generar artificialmente relatos en favor de las empresas".

El otro punto conflictivo de este encargo es la justificación del mismo, pues tanto CCOO como los socialistas critican que Empleo haya enarbolado la falta de personal del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) para llevar a cabo esta licitación que ha conseguido Corporación 5.

"Exigimos al Ejecutivo canario más recursos para el Icasel, un organismo que debe ser útil para los trabajadores y trabajadoras de Canarias y que, bajo nuestro criterio, se encuentra infradotado para realizar su labor de asesoramiento y estudios en materia preventiva", se asegura desde el sindicato.

Para Santana, si De León hubiera llevado a cabo el mandato parlamentario de dotar las plazas vacantes en el Icasel "posiblemente se hubiera contado con más de seis técnicos especialistas en Ergonomía y Riesgos Psicosociales en los que se escudan para justificar la concesión a la empresa" del expresidente de la CEOE tinerfeña. 

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