Canarias quiere anclar la gratuidad del transporte en una ley estatal

Canarias reclama que la gratuidad del transporte público de guaguas y tranvía sea una «medida estructural» y, por tanto, tenga un anclaje en una ley estatal , de forma que no quede al albur de las confrontaciones de los partidos políticos. El Gobierno regional e instituciones como el Cabildo de Tenerife coincidieron este miércoles en censurar que no es de justicia que se tenga en vilo a la ciudadanía sobre medidas tan importantes para Canarias como las ayudas para los damnificados del volcán de La Palma, la revalorización de las pensiones o la gratuidad de las guaguas y el tranvía, tras el rechazo la semana pasada al decreto ómnibus del Gobierno de España, y su recuperación in extremis en el paquete de medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros, después de un acuerdo del PSOE y Junts.

"Espectáculo esperpéntico"

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, si bien celebró que se haya reconducido esta rocambolesca situación en un real decreto-ley nuevo, ha sido «un espectáculo esperpéntico» que ha sometido a la «incertidumbre a la ciudadanía y a las administraciones públicas» canarias, aunque los cabildos grancanario y tinerfeño, entre otros, dieran una respuesta inmediata de que iban a mantener la gratuidad del transporte hasta que se dilucidara una solución en el ámbito estatal. El Gobierno de Canarias defiende, por tanto, que se recoja la gratuidad «en una ley que le dé estabilidad, en cumplimiento de la agenda canaria, y que no dependa de los partidos», enfatizó ayer Alfonso Cabello.

REF o ley de Movilidad

Para Rosa Dávila, exconsejera de Hacienda del Gobierno canario y presidenta del Cabildo de Tenerife, la gratuidad de las guaguas y el tranvía en Canarias «no debe ser un parche que quede al albur de decisiones de partidos políticos que no tienen en cuenta los intereses de las Islas». A su juicio, esta medida debe ser estructural, más allá del año presupuestario, y por ello los cabildos van a trabajar con el Gobierno de Canarias para «anclarlo» en leyes como la de Movilidad o a través del artículo 8 del Régimen Económico y Fiscal (REF), apunta .

En este artículo se reconoce al transporte público regular de viajeros el carácter de servicio público esencial, dadas las características especiales de Canarias como región insular, y se precisa que la planificación y gestión se llevará a cabo de manera integrada y con carácter insular, garantizándose su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado. Además, en esta financiación se han de tener en cuenta las especiales circunstancias en las que, debido a la ultraperificidad, la configuración geográfica, la distribución de la población y la afluencia turística, se desarrolla esta actividad en Canarias.

El portavoz del Gobierno sostiene al respecto que se ha demostrado en las Islas el éxito de la gratuidad del transporte público terrestre y recuerda que el Archipiélago no recibe las multimillonarias inversiones que el Estado realiza para la red ferroviaria de la Península. El coste anual del transporte público gratuito en Canarias asciende a 140 millones de euros, de los cuales el Estado solo aporta 81 millones, una cifra que no alcanza ni el 60% de la cuantía total, obligando a los cabildos a asumir el resto para este servicio esencial. 

Suscríbete para seguir leyendo