Control de la gestión pública
Vigilancia antifraude por decreto
El Gobierno aprueba el miércoles un decreto que mejora la fiscalización de los fondos europeos en la gestión pública con la puesta en marcha de un comité político y otro técnico que controlarán que no haya fraude. Además, cada departamento contará con una unidad que supervisará el buen uso de dinero comunitario

Varios funcionarios entran al Edificio de Servicios Múltiples I en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

Lucha contra el fraude en la gestión pública. El miércoles está previsto que el Consejo de Gobierno dé luz verde al decreto por el que se aprueba la estructura organizativa y el régimen de actuación contra el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de ejecución y gestión de los fondos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El decreto, que pasó por información pública el pasado mes de agosto, establece que se deben crear unidades administrativas antifraude en los departamentos que gestionan fondos públicos para controlar el buen uso de los mismos y prevenir la corrupción y los conflictos de intereses.
Con esta fórmula el Ejecutivo autonómico cumple con la obligación de la Unión Europea (UE) de ejercer un control sobre la gestión de los fondos comunitarios. La inspección y supervisión dependerá de estas unidades antifraude, pero también de dos nuevos órganos: el Comité Antifraude y la Comisión Técnica Antifraude.
El primero, con un carácter más político, estará presidido por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo. Junto a él, también tendrán voz y voto en el comité otros viceconsejeros y directores generales de los departamentos de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Por otra parte, la Comisión será el órgano de soporte y apoyo técnico y estará conformada por funcionarios que designen las direcciones generales de las consejerías citadas. El Comité se reunirá, como mínimo, una vez por semestre y la Comisión, celebrará una reunión ordinaria trimestral.
Revisar la gestión
Con este decreto el Gobierno buscar revisar la gestión de fondos comunitarios, pero el documento también pretende asentar las bases que permitan «extender el objeto de su actuación al ámbito de gestión general del sector público autonómico, mejorando el sistema de gestión y control interno».
La nueva estructura que –previsiblemente– se aprobará el miércoles impulsa el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública canaria aprobado en el año 2022. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo obliga a contar con este documento para cumplir con los requisitos de transparencia y buen uso del dinero comunitario en los proyectos. Pero existen dos informes de la Audiencia de Cuentas que indican que el plan, hasta ahora, era mejorable. «El desarrollo del plan ha sido escaso y solo ha habido avances parciales», apunta el último informe del órgano fiscalizador.
Ahora el decreto establece que el plan de la Administración «tomará en consideración las recomendaciones de las instituciones y organismos europeos y nacionales competentes, así como las de la Audiencia de Cuentas de Canarias».
Con la nueva estrategia no solo se crean unidades administrativas y órganos de control, también se delimita las obligaciones de los empleados públicos en caso de conocer la existencia de posibles irregularidades. Existe un sistema interno de información para trasladar de forma confidencial sospechas de presuntas acciones corruptas y situaciones en las que se dé un conflicto de interés.
El decreto establece, además, que en los procesos selectivos de acceso al empleo público, en particular en lo que concierne al acceso a los distintos Cuerpos y Escalas adscritos a los Grupos A1 y A2 de la Administración pública de la Comunidad, se integrará como contenido de las pruebas de acceso el área material de control antifraude, corrupción y conflictos de interés. Una vez sean nombrados como personal funcionario de carrera, se les entregará material formativo y una guía inicial con el área antifraude en el departamento al que estén adscritos.
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