Illa le ‘vende’ a Canarias, la región más perjudicada, el concierto catalán

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, hace este viernes en Canarias la primera parada de su gira por las comunidades autónomas para defender que el acuerdo entre el PSOE y Esquerra (ERC) para darle a Cataluña un trato singular en materia de financiación no perjudicará al resto de regiones. Illa, el hombre a quien Pedro Sánchez le encomendó la pacificación de la comunidad levantina tras los convulsos años del procés, arranca así su tournée autonómica en un contexto marcado por la irresuelta crisis migratoria y el bloqueo en el Congreso a la subida de las pensiones y la gratuidad del transporte público y en uno de los territorios que más sufriría –si no el que más– la materialización del pacto suscrito por socialistas y republicanos: un concierto fiscal en toda regla que reduciría sobremanera los fondos con que se sufragan las llamadas políticas redistributivas. Esas políticas que procuran la equiparación material de todos los ciudadanos de España, entre otras cosas con la financiación –el dinero– suficiente para que los servicios públicos en la pobre Canarias tengan la misma calidad que en las ricas Madrid y Cataluña. Así que no lo tendrá fácil el molt honorable para convencer al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de que es posible lo que para los expertos en la materia –con el eminente Ángel de la Fuente a la cabeza– es poco menos que la cuadratura del círculo: que el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) pierda 28.000 millones por el concierto catalán y que, al mismo tiempo, el resto de comunidades ni se dé cuenta, es decir, no vea reducirse los fondos que recibe.

¿Hay un solo sistema?

En España hay en realidad dos sistemas de financiación: el SFA –el régimen común– y el modelo foral del que disfrutan País Vasco y Navarra. El sistema foral se justifica en razones históricas reconocidas de forma explícita en la Constitución, un reconocimiento que, en su materialización, ha dado lugar a que vascos y navarros tengan un nivel de autonomía fiscal casi como el de cualquier país soberano. Recaudan todos los tributos y se quedan con el rendimiento de aquellos a cambio de una cantidad –un cupo, de ahí lo del cupo vasco– que Vitoria y Pamplona negocian de manera bilateral con Madrid. En teoría, esa cuantía, ese cupo, es el pago de las comunidades forales por los servicios que el Estado presta en sus territorios. Sin embargo, la opinión generalizada entre los expertos es que esa aportación de Navarra y País Vasco es mínima, escuálida, residual. No en vano, el cálculo de ese cupo, una operación opaca y como tal a espaldas de los ciudadanos, ha servido para satisfacer intereses políticos en más de una ocasión. Los defensores del concierto vasco y del convenio navarro –de corte manifiestamente confederal por cuanto dos autonomías ricas no contribuyen a la solidaridad interterritorial en la medida en que deberían o podrían– se amparan en la Constitución pero obvian que esta también aclara que las diferencias entre comunidades no pueden degenerar en «privilegios económicos y sociales».

¿En qué consiste el SFA?

El régimen común, el que se identifica con el SFA, es el que rige para las otras 15 autonomías, incluida Canarias. Hubo un tiempo en el que proliferaban entre las filas del PSOE –entre aquellos del ala más jacobina– las voces que propugnaban el fin de los privilegios vasco-navarros y la necesidad de su integración en el sistema común. Hoy, en cambio, los socialistas están dispuestos a privilegiar también a Cataluña. El SFA se divide en cuatro grandes fondos: los de Suficiencia, Competitividad, Cooperación y el de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Este último, un fondo de tipo Robin Hood –así se lo menciona en manuales y libros de texto por aquello de que su mecanismo, como hacía el arquero de Nottingham, consiste en robarles a los ricos para darles a los pobres–, es el principal exponente de la solidaridad. El fondo se nutre con dineros procedentes de las 15 comunidades de régimen común, que aportan el 75% de la recaudación por una serie de impuestos que tienen cedidos –el 50% del IRPF, el 100% del de Sucesiones y Donaciones, el 100% del de Transmisiones Patrimoniales...–, y con una cuota que pone el Estado. Y luego ese montante se redistribuye entre las 15 autonomías en función de su población ajustada, para cuyo cálculo se tienen en cuenta variables –amén del número real de habitantes de cada región– como la mayor o menor cantidad de jóvenes y de mayores de 65 años, la superficie, la dispersión demográfica... Unas variables que volverán a discutirse cuando se negocie la reforma del SFA –Canarias, verbigracia, quiere que se tengan en cuenta sus mayores tasas de pobreza– y que son sin duda mejorables –como el sistema mismo, de lo que dan fe algunas diferencias de financiación entre territorios difícilmente justificables–, lo que no obsta para que este fondo de garantía sea el más claro exponente de un sistema en cuyo espíritu está la solidaridad entre comunidades –cuando menos entre 15 de las 17 comunidades autónomas–.

¿Cómo está Canarias?

Del SFA –incluidos los otros tres fondos que lo componen, de menor entidad– resultan tres regiones que ponen más de lo que reciben y doce, las restantes, que reciben más de lo que ponen. Las tres contribuyentes netas son las ricas Baleares, Madrid y Cataluña –cuyos PIB per cápita están por encima de la media nacional– y las perceptoras netas, el resto. Un resto en el que figura el Archipiélago, que tiene el dudoso honor de ser una de las autonomías más pobres, con una renta por habitante que apenas equivale al 78,6% de la media estatal –como símil cabría decir que por cada cien euros que el español medio tiene en los bolsillos, el canario tipo apenas tiene 78 euros con 60 céntimos–. En el fondo es esto lo que explica por qué las Islas reciben más de lo que ponen y por qué Cataluña –con un PIB per cápita que alcanza el 114,1% de la media del país– pone más de lo que recibe. Quitarles a los ricos para darles a los pobres. En cifras, esto se traduce en que Canarias, un territorio alejado de la Europa continental, fragmentado y con un pequeño mercado interior, es la región que más dinero recibe –casi 6.987,9 millones de euros– en relación con el que aporta –2.858,2 millones–. Recibe un 144,5% más de lo que pone.

¿Y sin Cataluña?

Según la liquidación del SFA del ejercicio de 2022, Cataluña contribuye al sistema con 27.784,1 millones de euros, de modo que la pregunta es evidente: ¿es posible que la comunidad mediterránea recaude y se quede con el rendimiento íntegro de los impuestos nacionales en su territorio –que es lo que dice el pacto entre PSOE y Esquerra–, que su aportación a la solidaridad se reduzca así a mínimos –se habla de que habría una especie de cuota de solidaridad que no evitaría una sensible merma en la caja común– y, al mismo tiempo, que Canarias y el resto de autonomías que son perceptoras netas no pierdan dinero con el que costear sus servicios públicos? Ángel de la Fuente lo tiene claro: no, no es posible. En una aproximación al agujero fiscal que resultaría del tenor literal del pacto entre PSOE y ERC, considerando un escenario en el que la Generalitat aspire a reducir entre el 30% y el 60% de lo que considera su «déficit fiscal recurrente» –y una vez pagados el cupo por los servicios que el Estado presta en Cataluña y esa nueva cuota de solidaridad–, el menoscabo para el conjunto del Estado oscilaría entre los 6.600 y los 13.200 millones al año.

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