Nuevo varapalo al Gobierno que afecta a las Islas
Cerca de 460.000 isleños se quedan sin subida de las pensiones ni del IMV
Canarias es la comunidad más afectada por la caída del decreto al contar con un mayor número de pagas mínimas y de pensiones no contributivas

Jubilados en un banco en la capital grancanaria. / José Carlos Guerra
Canarias es la comunidad más afectada por el rechazo del Congreso a la revalorización de las pensiones, la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las Islas cuentan con cerca de 342.000 pensionistas que cobran la pensión contributiva, pero de esta cantidad hay unos 90.000 con la paga mínima que eran los más beneficiados por el incremento que contenía el decreto ley que decayó en la Cámara Baja y que ahora tendrá que ser reconducido. Asimismo, el texto contemplaba un aumento extraordinario tanto de las pensiones no contributivas –42.152 canarios– como del IMV en el mismo porcentaje que las pensiones mínimas –un 9%– que afecta a los ingresos de 30.648 familias, más de 73.000 personas. En total son cerca de 460.000 los canarios que se quedan sin incrementos ni revalorizaciones de sus percepciones en febrero.
Una de cada cuatro prestaciones contributivas que se abonan en el Archipiélago no pasa de la cuantía mínima y, además, el peso de las no contributivas es sensiblemente mayor en Canarias que en el conjunto del Estado. Asimismo, la pensión media en las Islas es más baja que la media nacional, por lo que la revalorización que se pretendía suponía un cierto respiro para los jubilados canarios ya que se fijó en el 2,8% de forma general, pero las cuantías más bajas tenían un incremento del 6% y hasta del 9%.
En relación con la prórroga del SMI el Ministerio de Trabajo se vio obligado ayer a aclarar la incertidumbre que se había generado por el decaimiento del decreto. En el texto se incluía una prórroga del salario mínimo de 1.134 euros por 14 mensualidades hasta tanto se aprobase la nueva cantidad que el Gobierno está negociando con los agentes económicos y sociales. Frente al posible vacío legal que se cernía sobre el SMI, el departamento que dirige Yolanda Díaz emitió ayer un criterio interpretativo en el que expone que la derogación de la vigencia del salario mínimo que decayó en el Congreso no afecta a los salarios vigentes ni a las nuevas contrataciones.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo, este criterio determina que, hasta que se fije un nuevo valor para el SMI de 2025, las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al de 2024, es decir que deben cumplir con ese mínimo legal de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. La Inspección de Trabajo vigilará que las personas trabajadoras reciban puntualmente la remuneración pactada y verificará el «cumplimiento estricto» de esta obligación empresarial. En Canarias alrededor de 150.000 trabajadores perciben el SMI y se han beneficiado de los sucesivos aumentos que se han aprobado en los últimos años.
Las guaguas buscan encaje
Pasado el susto inicial, los cabildos y el Gobierno canario insistieron ayer en que las guaguas continuarán siendo gratuitas pese a que el Estado se queda sin fórmula legal para que la partida de los presupuestos estatales destinada a este fin –81 millones de euros– llegue a las Islas. Las empresas operadoras del sector esperan por las indicaciones que lleguen de los cabildos para continuar con los bonos gratuitos a los usuarios de las guaguas. El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, se mostró ayer taxativo y garantizó que la Corporación mantendrá las ayudas al transporte porque tiene la garantía de la partida del Estado y que ahora se busca la fórmula para que ésta llegue a las arcas insulares, tras el rechazo del decreto en el Congreso. El gerente de la Autoridad Única del Transporte, Ruyman Santana, explicó que el Cabildo grancanario cuenta con un presupuesto de 35 millones de euros y que tanto en 2023 como en 2024 realizaron entregas a cuenta a las operadoras para mantener la gratuidad del servicio. Igualmente las empresas buscan financiación en las entidades financieras que después liquidan con los fondos procedentes del Estado.
Por su parte, la directora general de Transportes del Ejecutivo regional, María Fernández, espera que el Gobierno central busque una solución alternativa cuanto antes para que el dinero del Estado llegue a Canarias, aunque recordó que el año pasado se aprobó la transferencia el 27 de diciembre. Fernández admite que a día de hoy la caída del decreto deja sin «amparo legal» la gratuidad del transporte con fondo estatales, por lo que queda en manos de los cabildos que se sostenga la financiación hasta que se encuentre una fórmula alternativa.
La titular de Transporte puntualizó que todavía queda «capacidad de maniobra» para encontrar una solución ya que Canarias tiene la garantía de que el Estado cuenta con financiación en la prórroga de los presupuestos con la misma cuantía que el pasado año, cantidad que se ha quedado corta ante el fuerte incremento de la demanda. De hecho en el caso de Gran Canaria, en 2024 se ha transferido 38 millones del Estado y la Corporación, entre la financiación de los bonos y los intereses de las entidades financieras, se gastó más de 40 millones.
En relación con las ayudas a La Palma, el comisionado especial, Héctor Izquierdo, alertó ayer sobre el impacto de la no convalidación del decreto ómnibus, lo que supone el decaimiento de cinco medidas para los afectados por la erupción del volcán. Entre las medidas suprimidas figura el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), exoneraciones a autónomos, moratorias de préstamos o las bonificaciones de la Seguridad Social.
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