Pacheco defiende el informe Figuereo y niega presiones
El presidente de la Audiencia de Cuentas cuestiona el segundo pago a la empresa RR7

El presidente de la Audiciencia de Cuentas, Pedro Pacheco. / Europa Press
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, defendió este martes 21 de enero que el pleno del organismo aprobase hace unos meses el conocido como Informe Figuereo. Un documento elaborado por los técnicos de la Audiencia bajo la dirección del exconsejero, Fernando Figuereo, que detectó que durante lo peor de la pandemia el Gobierno de Canarias, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres, había suscrito contratos con empresas que «carecían de capacidad de obrar con la administración». Entre ellas Soluciones de Gestión SL, vinculada a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, investigados ahora por presunta corrupción o RR7, la compañía a la que se le pagaron cuatro millones de euros por un lote de un millón de mascarillas que nunca llegaron. El informe, sin apenas retoques, fue aprobado por el actual pleno de la Audiencia de Cuentas, después de que el anterior lo dejara sobre la mesa en 2022 por la negativa de los exconsejeros María Inmaculada Saavedra y Gervasio Rodríguez.
Ambos comparecieron este martes en la comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, en la que también participó el presidente de la Audiencia de Cuentas. Pacheco sostuvo que no entiende que se cuestione la ratificación de este informe y que en 2022, cuando se sometió por primera vez a votación, se pudo haber aprobado con su voto de calidad, algo que no le pareció respetuoso al haber una consejera de baja.
El responsable de la Audiencia de Cuentas también negó que se hubieran recibido presiones de ningún tipo y afirmó que en ningún caso tuvo conocimiento de que existiera malestar por parte del Gobierno anterior por la elaboración de este informe, ni tiene constancia de que haya existido «algún tipo de insinuación».
Respecto a la conclusión del informe que señala que se contrató con empresas que no reunían los requisitos necesarios, indicó que tras el primer pago de dos millones de euros a la empresa RR7, al no haberse entregado la mercancía, se debió iniciar una contratación ordinaria, y no proceder al segundo pago.
Por su parte, el exconsejero Gervasio Rodríguez señaló que en aquel momento lo más importante era dotar de material sanitario a la población y argumentó que él no quiso votar en contra del informe, sino que fue partidario de dejarlo sobre la mesa para seguir trabajándolo, pero al someterlo finalmente a votación sí emitió un voto negativo. Argumentó que sus motivos para querer aplazar esta votación eran la falta de informes jurídicos que lo amparasen y la inclusión de discrepancias técnicas. Aun así, su frase más repetida durante su comparecencia fue «permítame que me reserve mi opinión», ya que no contestó a muchas de las preguntas de los diputados.
María Inmaculada Saavedra, que se encargaba como consejera de la Audiencia de Cuenta del área de entes autonómicos dependientes y universidades, no fue ponente del borrador del informe para el que finalmente votó en contra porque, en su opinión, había algunas definiciones que debieron ser más precisas y porque no estaba de acuerdo en algunas apreciaciones técnicas. Respecto a si considera que hubo irregularidades, dejó claro que debido a la excepcional situación la ley permitía el uso del contrato de emergencia. «El articulado permitía prescindir del expediente de contratación y de los requisitos formales», explicó y que incluso se podría recurrir al contrato verbal.
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