Montero tendrá la última palabra en la propuesta para el reparto de menores

El texto consensuado entre Canarias y el Estado precisa aún de algunos retoques y fijar los criterios de distribución

La ministra de Hacienda dimensionará el coste de la operación antes de pasar la propuesta al Congreso

Menores llegados en cayuco al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria.

Menores llegados en cayuco al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. / Quique Cubelo

Cuando se cumple el plazo de diez días al que se comprometieron Canarias y el Estado, ya hay una propuesta legal prácticamente cerrada para el reparto extraordinario y puntual de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta hacia el resto de comunidades autónomas (4.000 y 400 respectivamente). Falta por concretar, para dar por cerrada la que se entiende como una alternativa a la fracasada reforma de la ley de extranjería, la fórmula legal de aprobación –real decreto o proposición de ley–, los criterios de reparto y el cálculo de su coste económico, y de qué forma el Estado le hará frente.

Este es uno de los elementos que marcará el debate político y parlamentario que se abrirá cuando el texto esté finiquitado y se traslade a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dimensionar el coste de la operación y dar el visto bueno definitivo al acuerdo sobre la propuesta. Será un paso decisivo previo a la presentación de la misma al conjunto de comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para la semana del 10 al 16 de febrero, y a los grupos parlamentarios del Congreso, por las mismas fechas, para su eventual apoyo en la Cámara, a cuyos portavoces se dirigirán con ese objetivo tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

De momento, ambos dirigentes hablaron por teléfono el sábado para constatar que los aspectos más técnicos de la propuesta presentada de manera conjunta por Canarias y el País Vasco en el marco de la Conferencia de Presidentes del 20 de diciembre en Santander, se habían corregido de forma consensuada por los equipos jurídicos de cada una de las partes, aunque faltan por incluir aspectos relacionados con la aplicación de la medida en la comunidad foral. «Ya tenemos un texto que se cerró en la reunión del viernes pasado. Hay que hacer algunas matizaciones, porque nosotros seguimos insistiendo en que la figura es el real decreto ley», afirmó ayer Clavijo en París, a donde ha viajado para buscar el apoyo de la Unesco y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a la crisis migratoria que vive el Archipiélago.

El presidente canario insiste, por tanto, en la necesidad de que la propuesta se apruebe por el Consejo de Ministros para su aplicación inmediata antes de ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días. La otra alternativa posible, por la que se inclina el Estado por considerarla más segura, es que algún grupo presente en la Cámara baja una proposición de ley y que sea tramitada de la forma más urgente posible. Desde el ministerio de Torres se asegura que el documento que se está trabajando no entra en esa cuestión y que al respecto decidirá la Abogacía del Estado, teniendo en cuenta el informe que emitirá el Consejo de Estado. Torres ya aseguró tras su última entrevista con Clavijo que él no tendría ningún inconveniente en la utilización de la figura del real decreto ley pero que «esto no lo decidirá la política, sino los servicios jurídicos», siempre con la idea de asegurar que la medida no quedará varada por los posibles recursos judiciales que puedan plantear el PP, Vox o las comunidades gobernadas por los populares.

Clavijo destacó ayer como «avance importante» el que se haya producido el cotejo de posiciones entre los abogados de la Presidencia del Gobierno canario y los del departamento de Torres y aseguró que el ministro le había dicho que «ahora tiene que verlo la vicepresidenta primera [en referencia a Montero]», supuestamente para que el Ministerio de Hacienda haga el oportuno estudio económico de una medida como esta. 

Sin embargo, el texto debe precisar todavía algo importante como son los criterios de distribución que se van a aplicar. La propuesta de Clavijo y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, establecía un sistema de reparto basado fundamentalmente en la población de cada territorio de acogida, pero teniendo en cuenta otros elementos como el PIB regional y acogidas medias por cada 100.000 habitantes durante los últimos seis meses, con una variable de «desempleo y solidaridad» que pondere el esfuerzo que, en este sentido, han mostrado los distintos territorios durante los últimos cinco años.

Según comentó Clavijo desde París, esa decisión aún no está tomada. «Eso quedará en las bases del texto esta semana. Ha sido un avance importante para que, una vez María Jesús Montero lo pueda ver y tengamos el criterio de distribución, poder acudir los primeros días de febrero a la búsqueda de los apoyos de los grupos parlamentarios», resaltó. 

El PP, sin embargo, mantiene su rechazo tanto a la reforma de la ley de extranjería como a esta propuesta de reparto extraordinario. Su último reclamo es que sea el Estado el que se haga cargo de la tutela de estos niños y que establezca por su cuenta un reparto a los territorios como se hace en el caso de los adultos, es decir, con financiación y centros dependientes por completo de la administración central, o llegando a acuerdos con las comunidades para cederles instalaciones a estas y pagarles todo el coste de la acogida.

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