Investigación sobre contratos irregulares en la pandemia
La Agencia Tributaria persiste en el cobro de los cuatro millones a RR7
La directora afirma que el expediente sigue abierto y se siguen realizando actuaciones porque no se puede correr el riesgo de que prescriba

La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, durante la comisión. / Efe
La Agencia Tributaria Canaria no da por perdidos los cuatro millones abonados por el Servicio Canario de Salud (SCS) a la empresa RR7 durante la pandemia, por el pago de un millón de mascarillas que nunca llegaron. La directora del organismo, Raquel Peligero, compareció este lunes 20 de enero en la comisión parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la emergencia sanitaria y detalló que el expediente para su reintegro continúa abierto. De esta manera, se continúan realizando actuaciones para intentar resarcir este daño a las arcas públicas y evitar que llegue a prescribir, lo que ocurriría una vez transcurran cuatro años sin que el ente lleve a cabo ninguna acción para recuperar este dinero.
Aunque Peligero se amparó durante toda su comparencia en el carácter reservado de los datos tributarios para no ahondar en detalles específicos de este expediente, sí aclaró que se trata de un caso de especial importancia, por el montante que hay pendiente y que, por lo tanto, «no nos podemos permitir que prescriba».
Peligero no entró a dilucidar si ya se ha recuperado parte de ese dinero –como sí ha deslizado el expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres– pero detallo las actuaciones que se llevan a cabo en este tipo de procesos para intentar cobrar y que van desde el embargo del dinero en metálico y las cuentas bancarias hasta los bienes del deudor como de su entorno, en el caso de que hubiera razones para pensar que hubiera existido un alzamiento de bienes. Por lo tanto, reiteró que son procesos largos porque hay «auténticos maestros en la ocultación del patrimonio», pero la agencia tiene en su mano «herramientas jurídicas» para cobrar.
Este lunes también compareció en esta comisión Fernando Figuereo, exconsejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias y responsable del proyecto de informe elaborado en mayo de 2022 que detectó que el anterior Gobierno de Canarias había contratado durante el covid con dos empresas que «carecían de capacidad para obrar con la administración». Un informe que en aquel momento el organismo dejó sobre la mesa, pero que en noviembre del año pasado, después de la renovación del pleno de la Audiencia de Cuentas tras el proceso electoral, sí fue aprobado sin apenas retoques.
El ahora director de Emergencias del Gobierno canario se ratificó en lo expuesto en este documento y aunque negó haber recibido presiones durante su elaboración, sí reconoció que tuvo conocimiento de que existía «malestar». Asimismo, expuso que en su opinión a pesar de la situación de emergencia se debió de haber utilizado la concurrencia en estos contratos, cosa que no se hizo, y que se debió de averiguar la capacidad de la empresa para trabajar con la administración canaria, una labor que con las herramientas telemáticas actuales no habría durado más de «un par de horas».
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