El pacto canario se descuelga de las propuestas de vivienda de Feijóo

El Gobierno canario está dispuesto a estudiar la batería de propuestas lanzadas por el PP nacional en materia de vivienda, pero recuerda que tiene su propia hoja de ruta desde hace un año cuando aprobó la ley de medidas urgentes en la que se declaró la emergencia habitacional. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, puntualizó ayer que «todo suma», tanto las iniciativas del Gobierno central como las de la oposición y otras comunidades autónomas. «El tema de la vivienda es complejo, tiene muchas aristas y por eso no solo aprobamos la ley de medidas urgentes, sino también vamos a regular la vivienda vacacional y estamos ultimando un decreto de simplificación administrativa para movilizar todos los recursos posibles para poner más viviendas en el mercado», añadió el también viceconsejero de Presidencia.

Gracias a que Canarias se ha adelantado a las medidas que se están anunciado desde los partidos nacionales «están en marcha hasta 1.000 viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma, por lo que cualquier iniciativa que se plantee en el contexto estatal que aporte soluciones se estudiará con mesura», dijo Cabello.

Muchas de las iniciativas anunciadas por el PP tras el encuentro que mantuvieron el fin de semana en Asturias presidentes autonómicos y barones del partido ya se han aplicado o están pactadas entre el Ejecutivo canario y las organizaciones empresariales para ponerlas en marcha, advierte la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, Salud Gil. La directiva empresarial cree que el decálogo lanzado por el PP es «sensato» porque hay propuestas que ya se ha experimentado en los planes de viviendas de los años 80 y 90 y hay fórmulas exitosas que deberían volverse a aplicar como el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas, la subsidiación de los préstamos hipotecarios o las ayudas directas a la entrada para la compra de una casa.

Aplicaciones

Cuestiones como la movilización de suelo público o las ayudas al alquiler ya se están aplicando en Canarias. «En las Islas tenemos un contexto normativo y una complicidad entre el actual Gobierno y la iniciativa privada, por lo que hay muchas propuestas que ya se aplican aquí o van a entrar en vigor como la agilización de los trámites o la rehabilitación y regeneración», añade Gil.

Lo que sí proponen los constructores no es solo que se rebaje el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), sino que se acometa una revisión a la baja de toda la cadena impositiva que recae sobre la construcción y venta de viviendas, que supone hasta un 25% de su coste. En el presupuesto autonómico de 2025 se han introducido bonificaciones en el IRPF para los propietarios y para el alquiler. «Este tipo de medidas de reducir impuestos o bonificaciones son acertadas pero hay que ir hacia una revisión de la carga fiscal que grava las viviendas», añade Salud Gil.

La medida del PP de reducir el tipo del ITP hasta el 4% tiene pocos efectos en Canarias ya que el tipo general es del 6,5%, uno de los más reducidos de las comunidades autónomas y está bonificado hasta el 100% para las viviendas protegidas, al igual que el IGIC. También este gravamen está reducido o exento para la vivienda habitual de familias numerosas, personas con discapacidad o familias monoparentales.

Lo que sí exige Salud Gil es que el PP ejerza de oposición y fiscalice al Gobierno para que explique bajo qué normativa y con qué presupuesto va a contar para poner en marcha todas las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer y desde hace algunas semanas. «Lo importante es que las iniciativas se apliquen y que haya presupuesto, Canarias ya tiene en marcha muchas pero el Estado tiene que transferir las partidas a las que se ha comprometido para construir viviendas», subraya. 

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