Sorpresa en CC ante la propuesta del PSOE de limitar la acusación popular que usó desde 2009 contra Clavijo y San Ginés

Sorprendidos y con incredulidad. Así fue la reacción de la portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, y su homólogo nacionalista en el Senado, Pedro San Ginés, tras conocer la proposición de ley del PSOE "anti ultras" que presentó este viernes y con la que buscan, desde el Ejecutivo de Sánchez, impedir a los partidos ejercer de acusación popular e inadmitir querellas basadas en meros recortes de prensa. No en balde, destacados dirigentes y cargos públicos nacionalistas, como el propio senador lanzaroteño y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han 'padecido' desde 2019 este instrumento jurídico por parte de los socialistas en varias causas judiciales.

Por ese motivo, Valido aseguró en una comparecencia pública ante los medios que al PSOE que "no le preocupó mucho" esta cuestión cuando "hicieron uso de estas herramientas -personarse como acusación popular- para acabar con sus adversarios políticos en las Islas", aunque dijo que hasta que no conozca el texto "en profundidad" su partido no "se posicionará". El propio San Ginés, uno de los más afectados por las personaciones socialistas en las causas abiertas contra él en los juzgados desde 2009, recordó incluso que fue "víctima de una presentación como acusación popular reciente" por parte del PSOE y no entendió cómo es posible que ahora el partido socialista presente esta proposición de ley cuando "se personaron como acusación popular en una causa" contra una denuncia presentada por el Cabildo de Lanzarote contra él.

Se refería el senador al hecho de que el pasado mes de diciembre cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, en Lanzarote, desestimó, concretamente, la solicitud del PSOE de personarse como acusación popular en la causa contra el senador y otros investigados por falta de "interés legítimo". Un asunto judicial que se originó tras una denuncia presentada por Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), empresa pública dependiente del Cabildo insular, cuando estaba bajo la presidencia de la socialista Dolores Corujo, actual diputada en el Congreso por Las Palmas y secretaria general del PSOE en la isla lanzaroteña. En la denuncia, se acusaba a San Ginés de estar relacionado con los pagos por la contratación del abogado Ignacio Calatayud -amigo de San Ginés- por parte de Inalsa y el Consorcio del Agua de Lanzarote -formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos lanzaroteños- cuando era presidente de la corporación insular.

El Tribunal Supremo había archivado esa causa en noviembre, al no hallar indicios de criminalidad en su gestión como presidente del Cabildo de Lanzarote, al igual que hizo el juzgado de Arrecife, con lo que se descartó la comisión de cualquier tipo de irregularidad administrativa. Sin embargo, el PSOE, tal y como confirmó el propio San Ginés, "intentó personarse en la causa". Lo hizo con "un poder firmado por la directora gerente federal del PSOE estatal, Ana María Fuentes Pacheco, y con el aval del secretario de los socialistas en las Islas y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el fin de frenar el archivo definitivo del caso".

"Todavía estoy pendiente del recurso que presentará a la desestimación", insistió el senador.

Sin embargo, fuentes del PSOE aseguran que estos procedimientos están estandarizados, que dependen de forma directa de la dirección federal y que en ningún momento ni la cúpula regional ni su secretario Torres toman parte en los mismos.

Pero no ha sido el único nacionalista que ha sufrido lo que ahora intenta, por ley, evitar el PSOE. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, también ha vivido una situación similar con el caso Reparos y el caso Grúas. Esta vez cuando era alcalde de La Laguna y por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con los decretos que dictó, desde 2011 hasta 2014, para levantar reparos de la Intervención General que, según la acusación particular socialista, habrían permitido a empresas privadas continuar gestionando servicios municipales una vez extinguidos los contratos. El Tribunal Supremo entendió en marzo de 2023 que los hechos recogidos no revestían apariencia de delito porque las resoluciones adoptadas cuando Clavijo era alcalde de La Laguna no fueron arbitrarias. Esa acusación fue presentada por el exconcejal y exsenador socialista Santiago Pérez y Clavijo la calificó de ser "denuncia política por parte del PSOE y Podemos" con el "fin de hacer daño" al partido nacionalista.

Previamente, en 2019, el Tribunal Supremo archivó la causa en la que se personaron contra Clavijo tanto Unidas Se Puede como Por Tenerife-Nueva Canarias, coalición en la que ese momento militaba Santiago Pérez por el llamado caso Grúas sobre una presunta prevaricación y fondos públicos en la gestión municipal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a través de una concesionaria privada.

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