Canarias, de las pocas regiones que no ‘usan’ el IMV para recortar fondos

Desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, 13 comunidades autónomas han reducido el presupuesto que destinan para asistir a los que menos recursos económicos tienen. Se han ‘aprovechado’ de este subsidio estatal para recortar los fondos a sus propias ayudas. Canarias, sin embargo, ha duplicado la cuantía que destina a las personas que sobreviven bajo el umbral de la pobreza. Los últimos datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúan al Archipiélago como la región que más ha aumentado el presupuesto (103%) para estas prestaciones en los últimos cuatro años.

Mientras comunidades como Madrid han reducido casi a la mitad (91,11%) estas partidas –lo que se traduce en 121 millones menos–, Canarias ha ido contracorriente y es una de las cuatro regiones que no ha aplicado recortes. Desde 2020 ha pasado de destinar 42,8 millones de euros a prestaciones a 86,9.

Hay que recordar que el IMV es una paga dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su cuantía mensual para un adulto es de 658,81 euros.

La prestación canaria, la Renta Canaria de Ciudadanía, es una herramienta similar, pero de ámbito autonómico. Su cuantía (604 euros) es algo inferior a la del ingreso estatal. La ley autonómica que le da sustento permite, al contrario que en otras regiones, complementar ambas prestaciones dependiendo de la situación de las familias.

Pese a lo positivo de los datos, solo el 6,6% de la población bajo el umbral de la pobreza en Canarias percibe una renta mínima. El Archipiélago supera a la media estatal (5,9%), pero sigue bastante por debajo de comunidades como Navarra (38,2%) o País Vasco (51%). Castilla La Mancha (0,3%), Andalucía (0,7%) y Madrid (0,8%) cierran el otro extremo de la lista. En esas zonas, las ayudas no llegan siquiera a una de cada cien personas en situación de riesgo socioeconómico.

Solo el 6,6% de la población en situación desfavorable percibe una renta mínima en el Archipiélago

En esta línea, la directora de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Elizabeth Santana, subraya que una de sus grandes prioridades es ampliar la cobertura para la prevención de situaciones de exclusión social y pobreza severa en el territorio insular. «El presupuesto no se disminuirá en ningún caso», sostiene.

Según recoge el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, más de medio millón de personas se encuentran en riesgo de pobreza en las Islas. De ellas, alrededor de 13.000 familias se benefician de la Renta Canaria de Ciudadanía, una ayuda que fue aprobada en la anterior legislatura y que vino a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). «La idea es coordinarnos con el Ministerio de Inclusión para remitir de manera directa a los perceptores de la renta autonómica que reúnan los requisitos del IMV», es decir, que si están en condiciones de cobrar la ayuda estatal, de mayor importe, efectivamente la cobren, lo que permitiría incorporar nuevos perceptores de la paga canaria. «Así complementaríamos la prestación y seguiríamos ofreciendo el itinerario de acompañamiento social que estamos reglamentando en estos momentos», explica la representante del Ejecutivo regional.

Canarias, Aragón y la Comunidad Valenciana son las únicas zonas donde aumenta el número de perceptores

En España, desde 2020 se han reducido un 28,6% los perceptores de rentas mínimas, lo que significa que uno de cada tres beneficiarios se ha perdido. En contra de la tendencia nacional, las Islas han experimentado un aumento de beneficiarios del 88,2%.

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