Más de 3.500 interinos, pendientes de su estabilidad definitiva en 2025

La Dirección General de Función Pública finaliza el año 2024 culminando a trancas y barrancas los trámites más engorrosos de la estabilización del personal interino y temporal de la Administración General, pero no logra cerrar del todo el proceso y prevé terminarlo en el primer trimestre de 2025. La ley estatal obliga a las administraciones públicas a cerrar la estabilización este 31 de diciembre y a bajar la tasa de temporalidad hasta el 8% por imposición de la Unión Europea, pero ni la una ni la otra se van a cumplir ni en Canarias ni en otras comunidades autónomas y corporaciones locales. A día de hoy la gran mayoría de los 3.520 funcionarios y personal laboral en abuso de temporalidad de los centros directivos de la Comunidad Autónoma están pendientes de sus nombramientos y contratos definitivos para consolidar sus puestos de trabajo.

La ley que dio origen a los procesos de estabilización –la 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público– cumple hoy tres años desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno central consideró que el plazo de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2024, era suficiente para que la Administración del Estado, las comunidades autónomas, el sector público y las corporaciones locales consolidaran los puestos de más de 800.000 interinos y temporales públicos que había en ese momento en España. Recientemente el ministro de Función Pública, Óscar López, aseguró que antes de finalizar el año se lograría estabilizar la situación de unos 320.000 empleados, cantidad que está lejos aún de cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, que ha apercibido en varias ocasiones a España con sanciones por la elevada inestabilidad laboral de las plantillas que trabajan para la Administración.

Concurso de méritos

El Gobierno canario puso en marcha 188 convocatorias en el ámbito de la Administración General para asegurar los puestos de trabajo de 3.520 funcionarios –213 plazas– y laborales –3.307–. Actualmente ya se han publicado las puntuaciones definitivas y las propuestas de aspirantes seleccionados de 146 categorías, mientras que otras 31 se encuentran aún en fase del baremo provisional de las puntuaciones del concurso de méritos, con lo que todavía queda el plazo de reclamaciones, corrección de errores y la publicación de las listas definitivas.

Entre las categorías laborales que aún están en la fase de baremo provisional se encuentra una de las más numerosas, la de auxiliares administrativos, con más de 600 plazas por estabilizar, la inmensa mayoría de laborales, y cuya valoración provisional se publicó hace 11 días, el 18 de diciembre, por lo que las puntuaciones definitivas no estarán hasta bien avanzado el mes de enero y después restaría el proceso de llamamiento, contratación y toma de posesión de los afectados.

Los datos oficiales de Función Pública reflejan que se han ofertado únicamente 100 puestos de trabajo, por lo que queda aún todo el procedimiento de los nombramientos de funcionarios y contratos del personal laboral. El Ejecutivo defiende que el plan que se había propuesto al entrar el actual pacto de gobierno era culminar todas las pruebas selectivas a 31 de diciembre de 2024 y, a día de hoy, todos los procesos están ejecutados con 146 listas definitivas y el resto provisionales, que se irán resolviendo en el primer trimestre de 2025.

Los sindicatos habían advertido que al paso que iban los procesos era muy difícil que se cerrarán el 31 de diciembre al cien por cien y también ponían en duda la rebaja al 8% de la tasa de temporalidad. A la Administración General hay que unir Educación y Sanidad, procesos que también han estado sujetos a controversias, con entrada de docentes de otras comunidades en el caso de Educación y con procesos que aún no se sabe a ciencia cierta cuando acabarán, en el caso del Servicio Canario de Salud (SCS). En todos los casos el Gobierno central se ha mostrado flexible para dilatar los plazos más allá de lo que establece la ley 20/2021, sin embargo está por concretar cómo se van a regular los nuevos plazos para modificar la norma y la argumentación ante Bruselas para evitar sanciones o la congelación de los fondos europeos.

Gestiones

El actual equipo de la Dirección General de Función Pública defiende su gestión en el año y medio que lleva al frente de los procesos de estabilización y recuerda que desde que entró en vigor la ley, en diciembre de 2021, hasta que se publicaron las convocatorias pasó un año. El plazo de presentación de solicitudes se demoró hasta abril de 2023. En julio de 2023, con la entrada del nuevo Gobierno, no se habían publicado los listados provisionales de personas admitidas. Se presentaron nada menos que 10.640 solicitudes para las 3.520 plazas a estabilizar en Administración General.

Desde el verano de 2023 se puso en marcha un plan de choque específico para los procesos de estabilización que ha supuesto la incorporación de 16 efectivos y un nuevo aplicativo informático para gestionar estos procedimientos. Esta situación se mezcló con las ofertas ordinarias de empleo público, en la que se superponían la ejecución de las convocatorias de 2018 y 2019 con los procesos pendientes de 2020, 2021 y 2022. Asimismo se detectaron algunas irregularidades en la oferta de 2019 que obligaron a paralizar temporalmente las pruebas de administrativos y auxiliares.

En los últimos meses se tomó la decisión de reducir los plazos a la mitad mediante un decreto para acelerar los trámites y evitar así una demora que hubiese empeorado aún más la situación en la que se encuentran los procesos. Muchos afectados se quejan de la falta de información y transparencia porque todavía no han consolidado sus puestos de trabajo.

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