El Gobierno avisa a los cabildos que deben responsabilizarse de las multas de la UE por vertidos de 'aguas negras'

El Gobierno de Canarias no está dispuesto a "seguir afrontando en solitario" las sanciones de la Unión Europea (UE) por mal tratamiento de aguas residuales urbanas "si hay inacción por parte de las autoridades locales", por lo que el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha transmitido a los cabildos en la última reunión de la Mesa del Agua que deberán corresponsabilizarse de las multas que procedan de Bruselas.

Miranda, que compareció este viernes en el Parlamento, afirmó a una pregunta concreta del diputado de Vox Javier Nieto que en este momento solo hay una sanción viva, que implica al tinerfeño Valle de Güímar -Canarias ya ha abonado ocho millones de euros a razón de 687.000 euros semestrales- pero que la UE tiene puesta la lupa en tres nuevos expedientes sobre tratamiento de aguas que "afectan a 37 aglomeraciones de núcleos urbanos en todas las islas".

En el examen europeo que puede concluir en sanciones se incluyen la depuradora de Playa Blanca (Lanzarote), el saneamiento de El Cotillo (Fuerteventura) o la red de saneamiento de El Paso (La Palma). Además, hay otro expediente abierto por residuos sólidos urbanos en Majanicho (Fuerteventura) y hay una demanda por 47 vertederos ilegales, de los que 26 ya han sido solucionados por el Gobierno canario.

Por este motivo, Miranda insistió en que "cada administración local debe ser responsable de sus obras, de sus actividades y sus deficiencias".

El Consejo de Gobierno aprobará el lunes un crédito extraordinario para las desaladoras de Janubio y Díaz Rijo

"Se ha insistido a los consejos insulares que son ellos quienes deben impulsar los proyectos para corregir estas deficiencias detectadas", insistió el responsable de Política Territorial.

Miranda recordó que "cada seis meses se informa a Europa del avance de las medidas" que se están adoptando para hacer frente a los requerimientos y que en enero de 2025 se producirá el siguiente informe, y no escondió su preocupación por los procedimientos abiertos que pueden derivar en nuevas sanciones. 

Por tal motivo, insistió en que su departamento está planificando junto a los consejos insulares la forma de evitar, "incluso asumiendo algunos proyectos que contribuirán a eliminar ese riesgo para Canarias". 

Obras hidráulicas

Miranda también compareció en el Parlamento para explicar sus actuaciones a la hora de abordar la emergencia hídrica, sobre todo en Lanzarote y La Graciosa, y anunció que "en las próximas semanas promulgaremos la declaración de interés regional" de las obras del nuevo sistema de saneamiento y depuración y el lunes el Consejo de Gobierno "aprobará una modificación presupuestaria de dos millones de euros para ampliar las plantas desaladoras de Janubio y Díaz Rijo".

"Canarias pone dinero, estamos afrontando en solitario los 1.400 millones de euros que hay que desarrollar, pero el Estado se tiene que implicar; no nos importa poner parte de la financiación, pero el Gobierno de España debe poner el resto sin pedirnos devolver su aportación", dijo Miranda para, acto seguido, pedir "la ayuda del PSOE canario y lograr sentarnos a negociar con el Ministerio un convenio que nos ayude a financiar la cantidad de obras previstas", cuyo montante está cuantificado en 1.400 millones de euros. 

El consejero espera reunirse lo antes posible con la nueva ministra Sara Aagesen, que sustituye a Teresa Ribera, y poder convencerla de revertir la idea de su antecesora, que defendía una cofinanciación que implicaría que las administraciones canarias deben devolver el 50% de las aportaciones para obras hidráulicas y que Miranda rechaza.

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