El PSOE busca llevar al Tribunal Constitucional las cuentas de Asián por modificar cinco leyes "por la puerta de atrás"

El PSOE tiene intención de llevar "hasta las últimas consecuencias" dejar sin efecto las cinco modificaciones de leyes que el presupuesto de Canarias para 2025 elaborado por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, "reforma por la puerta de atrás": Servicios Sociales de 2019 y dos posteriores decretos que la desarrollan, Suelo, Ordenación Sanitaria, Consejo Consultivo y Cabildos. Así lo anunció este jueves, Manuel Hernández, portavoz presupuestario del PSOE, en la Comisión de Presupuestos durante el debate para aprobar el dictamen a las enmiendas parciales presentadas a las cuentas canarias.

Aunque Hernández no se extendió durante su comparecencia en dar más explicaciones, fuentes socialistas han asegurado que esa conclusión final será elevar al Tribunal Constitucional (TC) las cuentas canarias del próximo año -para lo que necsitan el apoyo de 50 diputados del Congreso- por ir contra la propia doctrina que sentenció que "las leyes de presupuestos no pueden contener cualquier clase de normas, o lo que es lo mismo, su contenido no puede ser libremente fijado, por cuanto está sujeto a unos límites materiales".

Previamente, y aunque esa vía no tiene visos de prosperar, el Grupo Socialista presentará varias enmiendas 'in voce' durante el debate presupuestario final que el Parlamento celebrará el próximo martes, 17 de diciembre, con el fin de que los grupos que sostienen al Gobierno que preside Fernando Clavijo anulen las disposiciones finales de la ley presupuestaria que reforman esas leyes. Además, analizan si elevar al TC la decisión de la Mesa del Parlamento de no anular las enmiendas que el 'cuatirpartito' aprobó para que sean los ayuntamientos quienes "elijan el tipo de prestaciones que reciben los usuarios y usuarias y no éstos, sustentados en el informe de valoración" en relación con las ayudas a domicilio relativas a Dependencia establecidas en la vigente Ley de Servicios Sociales, tal y como pidieron sin éxito los 28 diputados socialistas y 'canaristas' a título individual la pasada semana a la Mesa de la Cámara.

PSOE y NC insisten en que las decisiones del Gobierno y de la Mesa del Parlamento son inconstitucionales en cuanto contraviene la doctrina del TC que asegura que las cuentas tienen la "específica función que constitucionalmente se atribuye" a la "ordenación jurídica del gasto público y ser instrumento o vehículo de la política económica del Gobierno", tal y como dijo en 2013, y de "las exigencias del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución". Es decir, que "una ley de contenido constitucionalmente definido como la de presupuestos generales no debe contener más disposiciones que las que corresponden a su función constitucional", tal y como reza otra sentencia de 1992.

Con independencia de la 'vía judicial' que pretende abrir el PSOE, ha quedado aprobado el informe de la ponencia sobre las enmiendas presupuestarias de la pasada semana. Ese dictamen será refrendado en el debate del martes, para el que se mantienen vivas alrededor de 700 modificaciones presentadas por los grupos que no apoyan al gobierno, que solo han transado medio centenar de enmiendas con el PSOE, NC y Vox.

Hernández criticó esta actitud de los grupos gubernamentales de rechazar el 96% de las 455 enmiendas socialistas "sin apenas debate ni explicación". Esther González (NC) ha subrayado también que ninguna de las 176 enmiendas parciales presentadas por su grupo ha sido aprobada y lo propio hizo el portavoz de Vox, Nicasio Galván, que presentó 94 modificaciones y ninguna se admitió.

Por contra, el nacionalista José Miguel Barragán aseguró que "gracias a la aprobación de 190 enmiendas se han movido 200 millones de euros de lugar" y afeó a los partidos de la oposición que "pintar cantidades en las modificaciones para quedar bien no tiene sentido ni es justo".

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