Primer paso para que los municipios turísticos tengan su propia ley

Los municipios turísticos de Canarias están más cerca de tener su propia ley. Este miércoles el Parlamento admitió a trámite, con la abstención de Vox, la proposición legislativa impulsada por 13 ayuntamientos para "promover la calidad en la prestación de los servicios públicos al conjunto de la población empadronada y la turística, contribuyendo a un turismo sostenible y más seguro y satisfactorio para ambas", así como la dotación de una organización administrativa municipal "adecuadamente dimensionada, eficaz, eficiente y próxima, tanto al ciudadano como al usuario de los servicios turísticos" . Esos son los objetivos de la propuesta legislativa impulsada por San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Mogán, Pájara, Teguise, Tías y Yaiza, municipios que superan los 400.000 habitantes y empadronan al 20% de la población del Archipiélago. 

Una lista que puede ser ampliada, ya que el artículo 9 de la futura ley estipula que para lograr la condición de municipio turístico se deberá contar con una población visitante que sea cinco veces superior a la empadronada y contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamientos turísticos a 31 de diciembre el año anterior a la solicitud.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, encargado de defender la proposición legislativa, aseguró que con esta tramitación "estamos ligando la municipalidad al Parlamento" más allá de las relaciones que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) mantiene con el resto de los niveles de la Administración pública y recordó que en estas localidades "la población flotante, formada por visitantes y quienes prestan servicios, cuadruplica a la empadronada".

Bajo esta premisa, Pérez insistió en que "las herramientas organizativas que ofrece la regulación de los municipios de régimen común son demasiado arcaicas para a la gestión de los turísticos", motivo por el que hay que dotar con nuevas posibilidades a "quienes son el motor de la economía regional" que permitan una "visión más equilibrada y sostenible" para prestar un óptimo servicio público a sus dos poblaciones.

Para lograr lo que se pretende, el texto -que será enmendado durante su tramitación por los grupos parlamentarios- mandata a estas localidades a "regenerar las áreas turísticas degradadas", evitar la "saturación turística del destino", atender a la "renovación y mejora del entorno urbano directamente relacionado con el turismo", la "defensa de la naturaleza y la salvaguarda del medio ambiente, propugnando un turismo sostenible", la "protección de los valores culturales, etnográficos y tradicionales" de estas zonas y garantizar la convivencia de los intereses de la población empadronada y la turística.

Todos los grupos defendieron que la iniciativa compensará las desigualdades entre territorios al proporcionar nuevas herramientas que avanzarán hacia un modelo de turismo sostenible y de redistribución de la riqueza.

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