CRÓNICA PARLAMENTARIA

Buf, un respondón

Comisión para la Verdad y la Integridad Democráticas (COVID)

La comisión de investigación se constituyó el pasado 20 de mayo.

La comisión de investigación se constituyó el pasado 20 de mayo. / Parlamento de Canarias

Alfonso González Jerez

Alfonso González Jerez

La comisión de investigación ha cumplido seis meses de vida. Se constituyó el pasado 20 de mayo. Por entonces se acordó que, en caso necesario, podría extenderse cuatro meses más, y esa prolongación temporal, hasta mediados de marzo, parece inevitable a la mayoría. Sin embargo, el PSOE insistirá en dos meses más de prórroga para que la comisión esté finiquitada a mediados de enero, en vísperas del Congreso Regional que reelegirá a Ángel Víctor Torres secretario general de los socialistas canarios. Se proclamaría así que nada ni nadie ha podido ni podrá con Torres, incluidas esas tristes comisiones de investigación auspiciadas por la derecha francopantana y/o criolla. Ayer, por supuesto, el PSOE continuó con su técnica habitual, que no es preguntar si algo había estado mal, sino felicitarse con el interrogado porque todo salió bien. O mejor dicho: inmejorablemente. La diputada Nira Fierro dirige a los socialistas de la comisión a la sombra de Miguel Pérez del Pino, Moái alto e imperturbable tallado por Sebastián Franquis. Es realmente enigmático que no haya ocurrido nada irregular y se esté desarrollando una comisión de investigación. El PSOE llevó ayer a la comisión a Antonio Martín Almendros, presidente de la compañía de transporte Martín e Hijos, una empresa sólida y muy respetada en el sector. El señor Martín Almendros fue un dechado de cortesía y afabilidad, pero no se termina muy bien de entender qué hacía sentado ahí. Parecía muy cómodo y espontáneo, pero no lo suficiente, por ejemplo, para que dijera con cierta exactitud quien era su contacto en el Servicio Canario de Salud, por más que reconoció algunas llamadas de Conrado Domínguez una vez que fue nombrado director general del SCS, no antes. Curiosamente, quien era su “contacto”, según reconoció varias veces, fue Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria del que se ignora que sea directivo o funcionario de la Consejería de Sanidad (Nota bene: resulta singularmente curioso que la comisión no haya llamado a ningún miembro de nuestra aristocracia empresarial para calibrar su información o su opinión acerca de la gestión pandémica, a un Miguel Ángel Ramírez, por poner un ejemplo al azar). Fierro exaltó la generosa contribución de las empresas de Martín Almendros que como muchas otras organizaciones empresariales y políticas supieron estar a la altura y festejar nuestra común condición humana en un momento crítico de nuestra historia. Íbamos a morirnos, pero nos queríamos mucho, altos y bajos, pobres y ricos, socialistas y socialistas. Así es la gente, vino a decir la diputada socialista, no esa mugre de intereses canallescos que se empecinan en retratar algunos grupos parlamentarios. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente que es lo que nos gusta más.

Después de la comparecencia de Francisco Tortosa, un técnico de Riesgos Laborales, que fue como tomarse un pinchito de tortilla en el Orche, llegó la de Francisco Sánchez Román, un técnico de larga experiencia que en los momentos críticos de 2020 fue el interventor delegado de la Intervención General de la Comunidad autónomo en la Consejería de Hacienda. Su estadía se prolongó hasta 2023. Expuso con meticulosidad su criterio. Resumidamente: la flexibilización extraordinaria de las normas legales para que las administraciones públicas pudieran adquirir mascarillas y otros equipamientos médicos durante los meses más duros de la pandemia no excusaban intentar, al menos, el máximo rigor procedimental y documental. “Al menos hay que intentar, y que quede constancia del intento, que las empresas acrediten su solvencia financiera, por ejemplo”, puntualizó. A su juicio “debió resolverse el contrato con la empresa RR7 cuando falló en su primer envío y no suministró el material comprometido”. Los socialistas se pusieron tensitos. Manuel Hernández Cerezo se lanzó a un monólogo para resaltar que esa era una opinión del señor Tortosa, como si su plúmbeo palique no fuera también opinativo. “Sin duda conoce usted el contexto como uno de los principios del Derecho”, improvisó el pobre diputado, que era observado por Fierro como una mantis religiosa. Pero ya se le había acabado el tiempo.  

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