Entrevista | Gemma Pinyol-Jiménez Directora de políticas migratorias en Instrategies
Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en Instrategies: «La reforma de extranjería es víctima de la polarización»
La directora de políticas migratorias en Instrategies presenta en Casa África su estudio sobre la distribución solidaria de menores migrantes sin referentes familiares

Gemma Pinyol-Jiménez, en Casa África. / José Carlos Guerra
¿Cuál es la conclusión de su estudio sobre la distribución solidaria de menores migrantes sin referentes familiares?
El estudio es un encargo del Gobierno de Canarias y se trata de una propuesta de trabajo. Es una herramienta para empezar a debatir y buscar mecanismos de cooperación y colaboración entre territorios. Es un instrumento para trabajar y abrir el debate en términos de gestión, no en términos jurídicos o mediáticos. El estudio establece criterios de reparto, que están abiertos a diálogo, para fijar un coeficiente de distribución de los menores migrantes. Esta es una figura que permite establecer unos criterios objetivos que eviten abrir el debate cada vez que se produzca un cambio en el color político de una institución. La idea del coeficiente se ha utilizado en el marco de la Unión Europea y, en concreto, en Alemania, donde funciona correctamente desde hace veinte años.
¿Qué criterios ha tenido en cuenta a la hora de fijar el coeficiente?
La población, el PIB per cápita y el nivel de desempleo de cada comunidad autónoma. A esto añadimos el dato de acogida, que es la cifra de menores que llegan a un territorio en un determinado periodo, y el efecto de solidaridad, basado en cuántos menores han entrado en los últimos cinco años en el sistema de acogida de la región.
¿Cuál es el coeficiente que le tocaría acoger a Canarias siguiendo estos criterios?
A Canarias le tocaría acoger al 4,37% del total de los menores migrantes llegados a España en el año. Esto es solo una propuesta técnica que hay que negociar, pero tener este tipo de debates ayuda a mejorar la gobernanza migratoria y discutir en base a unas cifras. En este país tenemos un problema serio con los datos de acogida de menores. No están sistematizados y las cifras que ofrecen las comunidades autónomas no coinciden con las del registro de menores extranjeros que tiene el Gobierno central.
¿Por qué ha fallado la solidaridad voluntaria?
El asunto migratorio se incluye en la agenda de una manera compleja y no se trata bien. Se aborda en términos de oposición y de una forma muy epidérmica. No se habla de política migratoria, se habla de si a la gente le gusta o no la inmigración. Venimos de una tradición de poca voluntad de colaboración, no solo en España sino en toda Europa. En el Pacto Migratorio y de Asilo se incluye el concepto de solidaridad voluntaria porque no podían impulsar nada obligatorio.
¿Existe alguna vía para que el reparto de los menores no dependa exclusivamente de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería?
Legalmente esa es la única opción para hacerlo obligatorio, pero creo que hay mucho margen para tomar decisiones voluntarias. Si bien para eso entraríamos en otro escenario, que es la discusión partidista y, en este momento, el país pasa por una situación de extrema polarización. Por esto, estos instrumentos fijados con criterios objetivos permiten que todo funcione aún cuando el contexto no es el más favorable para el diálogo.
¿La crispación política ha obstaculizado el reparto voluntario y la reforma legal?
Tanto la reforma de la ley de extranjería como el reparto voluntario de los menores son víctimas de la polarización, que viene agitada por otras razones que nada tienen que ver con el con el debate migratorio. La polarización no es solo dialéctica y acaba afectando a la gestión pública.
¿Qué valoración hace de la gestión que ha hecho Canarias de la emergencia humanitaria, con más de 5.400 niños y jóvenes migrantes bajo su tutela?
El Gobierno de Canarias ha demostrado una gran implicación y preocupación. El problema es que seguimos tratando el fenómeno como una crisis, cuando ya es algo estructural. En las Islas siempre hay bastante consenso con respecto a la cuestión migratoria y hay cierto sentimiento de maltrato por parte del resto del Estado. En parte, esto es verdad y obliga a que el Gobierno central se ponga las pilas y abra un debate más amplio, más allá de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.
¿Ve como una opción realista la posibilidad de retornar menores a sus países de origen?
Para mí esto es un gran debate. Yo creo que hay que intentar retornar a los niños a sus familias. Por lo menos, hacer una llamada para saber, como mínimo, si la familia quiere que vuelva y si se le puede ayudar en algo para que vuelva. Creo que tratamos con cierto paternalismo estos modelos familiares dando por hecho que los vamos a cuidar mejor aquí que allí. Es como si un niño español se pierde en un aeropuerto de un país europeo y los servicios sociales deciden quedárselo sin antes, al menos, llamar a sus padres. Otra cosa es cuando las familias no pueden garantizar los derechos del menor o el niño ya no tiene familiares cercanos, pero creo que debería ser obligatorio, al menos, una llamada para conocer su situación y saber si es posible la reunificación. Entiendo que es un trabajo muy costoso y que el retorno sería algo muy residual, con lo que no va a solucionar nada, pero por lo menos intentarlo por respeto a los modelos de identidad familiar de otros países
¿Qué peligros sociales conlleva de cara al futuro que no podamos atender e integrar correctamente a los miles de menores migrantes que llegan solos a España?
Las sociedades que no tiene una cohesión social elevada acaban siendo disfuncionales. Se trata de darles oportunidades, porque el coste social de no hacerlo es muy alto. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) publicó un informe sobre el coste económico del racismo y me pareció muy interesante, porque la gente piensa que es solo una cuestión ética, moral y de principios democráticos, pero es que también es ineficiente económicamente. No me gusta centrarme en los factores economicistas, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para su integración porque, además de romper la cohesión social, poner en tensión a los barrios y afectar al futuro de los chicos, su no integración cuesta dinero.
¿Europa puede hacer algo para presionar a España a equilibrar el reparto de menores?
La Unión Europea pone unas líneas comunes, unos objetivos comunes y unas normas comunes, pero deja mucho margen para los Estados.
¿Podemos esperar solidaridad de terceros países cuando entre comunidades autónomas ha fallado?
En términos legales sí se puede recibir ayuda de la UE, pero pedir solidaridad cuando no la tienes dentro de tu propia casa, resulta poco creíble. No solo hay que pensar en un reparto como única vía de ayuda europea, porque la UE también cuenta con fondos para los programas de atención a menores.
¿La aplicación del Pacto Migratorio y de Asilo de la UE aliviará o empeorará la situación de Canarias frente al fenómeno migratorio?
Yo estoy bastante preocupada y no sé si no estoy leyendo bien el pacto. Creo que su aplicación obligará a territorios como Canarias a crear grandes centros cerrados para migrantes. Los territorios frontera, como las Islas, se convertirán en espacios estancos de gestión migratoria y esto, al final, lo pagará la sociedad canaria. También pienso que lo que van a proponer es tan extremo que al final acabará por no aplicarse y nos podemos salvar.
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