El Gobierno de Canarias llama a un frente común si hay castigo por incumplir la regla de gasto

En el Gobierno de Canarias confían en que ninguna fuerza política se ponga de perfil en caso de que el Ministerio de Hacienda osase exigirle a la Comunidad Autónoma un plan de ajuste por el incumplimiento –lo que aún está por ver pero es más que probable– de la regla de gasto. En un escenario en el que el PSOE, que lleva las riendas del Ejecutivo central, está dispuesto a darle a Cataluña un concierto en términos similares a los de las forales Navarra y País Vasco –lo que pondría en jaque el principio de solidaridad interterritorial–, en el Gobierno del Archipiélago, y más en concreto en su Consejería de Hacienda, esperan que todos los partidos con representación en el Parlamento regional, de izquierda a derecha e incluidos los socialistas isleños, sean capaces de organizarse en un frente común y enfrentarse, juntos, al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La casualidad quiso que este miércoles coincidiesen una nueva comisión de Presupuestos y Hacienda en el Parlamento autonómico y la publicación del número 303 de los Cuadernos de información económica de Funcas, la antigua Fundación de las Cajas de Ahorros y uno de los think tank o centros de estudio más prestigiosos del país. El caso es que los Cuadernos de información económica incluyen sendos análisis de Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo que ha trabajado como experto para, entre otros, el Banco Mundial, la Comisión Europea o la OCDE, y del también catedrático Desiderio Romero, de la Universidad Rey Juan Carlos, en los que se corrobora que las Islas serán una de las comunidades especialmente perjudicadas por el concierto catalán. No en vano, y como ya había advertido Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos en finanzas autonómicas, si el acuerdo entre el PSOE y los independentistas de Esquerra saliese adelante en los términos que hasta ahora han trascendido, España caminaría hacia una suerte de Estado confederal –que no federal– en el que el eslabón más débil de la cadena serían las autonomías más pobres, las grandes damnificadas de la «reducción de la nivelación interterritorial», que no es más que la materialización de ese principio de solidaridad en virtud del cual los territorios con mayor capacidad fiscal –Cataluña, por ejemplo– contribuyen a que los más pobres –Andalucía, Extremadura, Canarias– puedan disfrutar de unos servicios públicos homologables. Si Cataluña no aporta, o aporta menos, los ciudadanos de esas regiones más desfavorecidas serán, en términos gruesos, los que paguen el pato en forma de peores servicios públicos, sobre todo a largo plazo y en mayor medida cuantas más comunidades ricas exijan, siguiendo el ejemplo catalán, su propio concierto. El de Funcas es, por tanto, un nuevo aviso a navegantes sobre lo mucho que implica el pacto fiscal entre PSOE y Esquerra, implicaciones que ya se observan en la dialéctica política por más que lo acordado entre socialistas e independentistas esté muy lejos de convertirse en ley. Y un ejemplo se vio este miércoles en el Parlamento canario.

En la comisión de Presupuestos y Hacienda, la protagonista fue la regla de gasto, que junto con el principio de equilibrio o superávit estructural y el límite de deuda constituye las reglas fiscales. El Archipiélago disfruta de una envidiable salud financiera que le permite estar en superávit y ser la autonomía menos endeudada de todo el Estado. Ello no obsta, sin embargo, para que las Islas vayan a incumplir en 2024, con casi total seguridad, la regla de gasto, que es esa norma que establece que el desembolso de las administraciones públicas, en este caso la canaria, no podrá incrementarse en el ejercicio más allá del porcentaje en que se prevé que vaya a crecer el PIB nacional a medio plazo. Se trata de evitar un dispendio que comprometa el futuro de las finanzas públicas. Así que los grupos de la oposición, en especial los del PSOE y Nueva Canarias (NC-Bc), le reprocharon a la consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Matilde Asián, este previsible incumplimiento de la regla de gasto, algo que, de confirmarse –habrá que esperar hasta el próximo marzo–, abocaría al Gobierno de Canarias a tener que poner en práctica un plan de ajuste, tutelado por el Ministerio de Hacienda, que reduciría su margen de gasto. No obstante, lo cierto es que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le resultaría harto difícil justificar la imposición de un plan de ajuste a uno de los territorios más disciplinados en la aplicación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera después de años de mirar para otro lado con los incumplimientos –flagrantes en algunos casos– de otras comunidades. Le sería aún más difícil cuando la mayor parte de las autonomías –es muy probable que todas, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIReF– tampoco podrá ajustarse a la regla de gasto. Y todavía más, y es aquí donde cobra sentido la advertencia del informe de Funcas, cuando el partido que lidera el Gobierno central, el PSOE, defiende un concierto en favor de una Cataluña que precisamente ha sido de los territorios que más se han saltado a la torera los principios de estabilidad y sostenibilidad –la deuda pública de las Islas está por debajo del techo del 13% del PIB, el máximo fijado, mientras que la de Cataluña equivale a más del 30% de su Producto Interior Bruto–.

Con todo lo anterior, a la consejera de Hacienda le fue fácil zafarse de la crítica de la oposición. En primer lugar, Asián se preguntó, dado que el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 será generalizado, si acaso el Ministerio de Hacienda «va a adoptar medidas contra todos». Además, la responsable de las finanzas autonómicas recordó que no se han impuesto planes de ajuste a regiones que han incumplido las reglas fiscales de forma flagrante –a Cataluña, concierto al margen, incluso se le va a condonar la deuda que tiene contraída con el propio Estado–, con lo que sería «profundamente injusto» que sí se hiciera ahora contra un territorio que, como el Archipiélago, se ha afanado por cumplir la ley de estabilidad desde que esta se promulgase allá en 2012 –un mérito de todos los sucesivos Gobiernos de Canarias–. Es más, que se penalizase al Archipiélago cuando el mismo Estado –que en última instancia es el que debe acreditar ante Bruselas la salud de sus finanzas, no cada una de sus divisiones territoriales– incumple los límites de déficit y de deuda, este último con creces. «¿Qué ocurre...? ¿Qué es Canarias...?, ¿una niña huérfana?», se quejó Asián. «No creo que esto pueda suceder», subrayó.

Llamamiento a la unidad

Al hilo de lo anterior, la consejera fue incluso un paso más allá y pidió unidad institucional y política en caso de que el Ejecutivo de Sánchez ose sancionar a la región por saltarse la regla de gasto. «Los canarios, todas las fuerzas políticas», deberían oponerse, argumentó la representante del PP. «Si el Gobierno de España impusiera un plan de ajuste a Canarias mientras condona la deuda o el déficit a otras comunidades, sería profundamente injusto», insistió Asián, que recordó que si el Archipiélago se atuviese a la regla de gasto, el superávit llegaría a los 800 millones de euros, un dinero que solo podría destinarse para amortizar deuda –así lo dice la normativa– en la comunidad, paradójicamente, menos endeudada de España. Y eso mientras se prometen quitas por doquier. «No parece razonable», sentenció la consejera.

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