Las prisas por limitar la venta de casas a extranjeros chocan con los juristas

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma aún no han finalizado el informe con el que se pretende que la UE haga una excepción en Canarias para introducir algún tipo de restricción a la compra de viviendas por extranjeros no residentes en las Islas. Aunque se trata de un compromiso político del Ejecutivo, el escenario es complejo y la comunicación formal a Bruselas se demorará porque la intención es agotar todas las posibilidades que ofrece la legalidad y la jurisprudencia comunitarias. Los juristas analizan con detenimiento las opciones viables y el análisis todavía no ha culminado porque se busca lograr una percha jurídica sólida y bien argumentada. De todas formas, los expertos vaticinan que la respuesta de la Comisión Europea tardará y no será una solución a corto y medio plazo para frenar la subida de los precios o la falta de vivienda en el Archipiélago.

Todo pasa por una lectura restrictiva a favor de Canarias del artículo 349 del Tratado de la UE, donde se reconoce a las Islas como región ultraperiférica y las políticas diferenciadas que debe aplicar Bruselas a este tipo de regiones por sus debilidades estructurales, condicionadas por la lejanía del continente y la insularidad. Los juristas se mueven en el escenario de limitar y no prohibir la compra de vivienda por extranjeros porque eso sí que no contaría con el beneplácito de las instituciones comunitarias.

Consistencia

De los tres escenarios en los que se mueven los servicios jurídicos hay unos que tienen más consistencia que otros. La exigencia de un tiempo mínimo de estancia en el país para poder adquirir una vivienda choca frontalmente con el Derecho comunitario, que permite la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la UE en los 27 Estados miembros. Las únicas excepciones a esta norma son que las restricciones estén justificadas por motivos de orden público o seguridad o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido.

La exigencia de una autorización previa a la hora de la adquisición de una vivienda es la otra opción que se baraja. Hay países y regiones de la UE que tienen algún tipo de restricción a la compra de inmuebles o tierras a foráneos pero son limitaciones que ya estaban vigentes en estos países cuando negociaron su entrada en el club comunitario, por lo que una petición como la de Canarias no tiene precedentes en un país como España que entró en la UE sin ningún tipo de especificidad en este sentido. Por ejemplo, Finlandia incluyó una restricción en la adquisición de terrenos o viviendas para el archipiélago de las islas Aland. Un europeo no finlandés necesita el permiso de las autoridades para comprar una propiedad.

Otro escenario que se analiza es una presión fiscal específica para este tipo de operaciones de compraventa inmobiliaria, de tal forma que en el caso de foráneos que quieran adquirir una vivienda en las Islas se les aplique unos gravámenes más elevados que a los ciudadanos nacionales. Esto podría ser discriminatorio en el caso de ciudadanos de la UE, por lo que estaría sujeto a posibles recursos.

El Gobierno regional busca establecer medidas específicas que amortigüen las presiones que existen sobre el mercado inmobiliario y que provoca los elevados precios en los alquileres y compra de viviendas. Ya en Baleares se ha planteado restringir la adquisición de viviendas por extranjeros pero Canarias considera que tiene más opciones que el archipiélago balear al ser considerada región ultraperiférica y contar con una serie de limitaciones y debilidades económicas y sociales que figuran en el Tratado de la UE, algo que no tiene Baleares. Las consultas políticas realizadas hasta ahora en Bruselas no dan buenas perspectivas para conseguir este objetivo.

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