Silencio (también) en la aduana

Y otra vez. La comisión de investigación sobre el caso terminará adoptando el lenguaje de los sordomudos para, al menos, demostrar cierta coherencia, con el señor Enseñat levantando el dedo índice hacia el Dios del Sinaí o con la señora Fierro construyendo con sus dos pálidas manos un corazoncito imaginario a la altura del pecho, por poner un par de ejemplos. En la reunión celebrada ayer habían sido llamadas a declarar dos funcionarias técnicas del Departamento de Aduanas, integrado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, adscrita al Ministerio de Hacienda. Ambas puntualizaron que no proporcionarían información sobre ningún asunto concreto (sic) pero que podrían hacerlo respecto a los procedimientos habituales de gestión en Vigilancia Aduanera. Es como si un obstetra te advirtiese que no te puede decir si un bebé recién nacido es blanco o negro, pero que generosamente te contará el proceso del parto. Hubo que esperar que José Alberto Díaz Estébanez tomara la palabra en el primer interrogatorio -por llamarlo así - para que alguien preguntara bajo qué precepto legal consideraba la convocada que la información que se le demandaba era de carácter reservado.

María José Caballero es la máxima responsable de Aduanas en el aeropuerto de Gran Canaria y mientras rechazaba casi todas las preguntas bajo la fórmula ‘no le puedo contestar’ supo mantener una cierta afabilidad. El portavoz de Vox, Nicasio Galván, no le sacó ni una gota de información, al igual que a Jesús Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera. Tampoco obtuvo excesivo éxito Esther González, de Nueva Canarias, que intervino desde Gran Canaria y que parecía estar pensando en otras cosas. La perplejidad se generalizó y solo los psocialistas no parecían ni ligeramente perturbados. Las expectativas que había levantado la comparecencia de las funcionarias eran modestas, pero sus señorías no se esperaban semejante ejercicio de mutismo pétreo. 

Fernando Enseñat, del Partido Popular, aprovechó los minutos iniciales de su intervención para trazar un panorama dantesco de las corrupciones en la compra de material médico durante la pandemia y las responsabilidades derivadas de los gobiernos socialistas. Y lo cierto es que -por una vez- Enseñat apenas exageró llevado por su furia antisanchista: el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, está a punto de ser imputado y es difícil hacer juegos de manos cuando te arde en el bolsillo el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Al cronista -le ha pasado muchas veces ya- se le antoja que el diputado que obtiene mayor rentabilidad en las preguntas durante las sesiones de esta comisión es el señor Díaz Estébanez, para el cual la comisión de investigación avanza dificultosamente «a trompicones» a causa de todas las preguntas que se quedan sin respuesta en este largo responso. Pero al menos las preguntas de Díaz Estébanez, si no consiguieron ampliar la información disponible, sí lograron descubrir que nuestra ignorancia no deja de ampliarse. Cada vez está más claro lo oscuro que está esto. Porque gracias a las pesquisas del diputado coalicionero se descubrió ayer que no se tiene constancia de la destrucción de las mascarillas contratadas por el Servicio Canario de Salud a RR7 United SL, la empresa de Rayco González que nunca antes de la pandemia (ni después tampoco) se dedicó a la compraventa de mascarillas quirúrgicas, y que hizo una primera entrega de este producto, tan defectuosas que se habían detenido, fiscalizado y, según la narrativa vigente del caso, destruidos en la Aduana. Las dos funcionarias comparecientes ayer (a María Jesús Caballero la siguió María Ortega, responsable regional de Aduanas en Canarias hasta 2022) precisaron que, según la normativa vigente, a quien le corresponde destruir un producto falsificado, como era el caso, es al titular de la propiedad intelectual de dicho producto.

-Entonces, ¿fue la empresa titular de la propiedad intelectual de las mascarillas quien las destruyó?

-No puedo hablar de eso.

-Bien. Pero con carácter general y habitual es la empresa titular de la propiedad intelectual quien destruye los productos falsificados?

-Con carácter general sí. 

-Pero en esta comisión todos recordamos que el asesor fiscal de la empresa RR7 afirmó que ello había pagado la destrucción de las mascarillas.

-No puedo responderle.

-¿Y quién certifica en todo caso el proceso de destrucción? ¿Aduanas?

-Aduanas está presente en la destrucción del producto.

-¿Y lo certifica, no?

- No… Según la normativa vigente debe estar presente.

-¿Es posible que a través de un acuerdo la empresa que ha importado ese material fraudulento se ponga de acuerdo con el titular de los derechos intelectuales y se aproveche dicho material para otros fines?

- No lo sé…eeee… No le puedo responder.

Desde la una de la tarde de ayer, aproximadamente, sabemos que no sabemos fehacientemente si las 900.000 mascarillas falsificadas -y por tanto defectuosas - que la empresa RR7 entregó a cambio de cuatro millones de euros fueron o no destruidas. Atentos que un día igual aparecen en un mercadillo de Guaza. 

Ambas funcionarias justificaron su silencio por un informe de los servicios jurídicos (sic) que CC solicitó que se incorporara a los documentos de la comisión. Supuestamente se impone reserva a los funcionarios para garantizar que no se transmita ninguna información de naturaleza tributaria. El hecho es que ningún diputado solicitó un solo dato fiscal y que extraer información tributaria de cualquiera de las preguntas planteadas es una suerte de magia potagia que excede las capacidades deductivas o inductivas de los diputados, los tres periodistas y los dos funcionarios presentes en la sala. Responder a la pregunta «¿Tuvo usted contacto con Conrado Domínguez?» no tiene ninguna repercusión en la reserva debida sobre la información fiscal de ninguna empresa o particular. 

Ah, por supuesto, la socialista Nira Fierro tomó la palabra y se atuvo a su metodología habitual. Están los malvados, que solo quieren embarrar, insultar, degradar la democracia y conseguir titulares para conseguir algún voto insignificante, y por otro está el PSOE. Después llega el turno de sus preguntas, que no son sino respuestas inducidas. «Es que la situación era muy difícil…Una mascarilla salvaba una vida…Pero ustedes trabajaban día y noche e hicieron un gran esfuerzo… ¿Alguna vez le pidieron algo raro que ustedes no iban a admitir?» Por último la exaltación del peloteo: «Nuestra gran sanidad…Nuestros grandes sanitarios…Todos los funcionarios que se esforzaron al máximo por salvar vidas, brindar seguridad, hacer que las cosas funcionen bien…» Después de esta supuestas preguntas llega la conclusión lógica: «el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres lo hizo excepcionalmente bien y chimpún». No digo yo que el cuento infantil no sea un género respetable, pero quizás no sea el que mejor encaje en una comisión parlamentaria de investigación.

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