La Guardia Civil refuta la versión del ministro en el Congreso

«No me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo y no hubo ninguna orden para contratar». Fueron las palabras del expresidente del Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres, hoy responsable de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática en el Gabinete de Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros celebrado el último 2 de abril. «Claridad absoluta. Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia», ahondó entonces el exjefe del Ejecutivo regional, que insistió en esta idea en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Koldo: «Jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes».

Sin embargo, el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación de la presunta trama –se indagan posibles delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias– desmiente la versión de Torres de que «jamás» nadie del Ministerio de Transporte se puso en contacto con él. De hecho lo contactaron el mismo Koldo García –el exasesor de José Luis Ábalos que da nombre al caso– y también Ignacio Díaz Tapia, uno de los cuatro empresarios investigados junto con el propio Koldo. Es más, la investigación de la UCO revela que el expresidente canario respondió a al menos uno de los mensajes de Díaz Tapia, amén de que de los whatsapps que le enviaba Koldo se infiere una relación o al menos un conocimiento previo entre ambos.

De hecho, siempre según el relato de los agentes de la Unidad Central Operativa, representantes de Eurofins Megalab –empresa vinculada a la supuesta trama que acabó por hacerse con tres contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) valorados en casi 5,4 millones de euros– incluso le presentaron su propuesta sobre un «protocolo» de pruebas PCR de forma presencial, es decir, en persona. Eurofins Megalab es la misma firma por la que Koldo intermedió a su favor en varios mensajes enviados al ministro. «Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR, ¿vale? Que es muy interesante. [...] Creo que es cojonudo y, bueno, opinamos todos lo mismo y la primera debería de ser Canarias», le comunicó el presunto conseguidor de la trama al expresidente regional en un mensaje de voz.

Tras la divulgación del informe de la UCO, Torres no concretó ayer el alcance de su relación con el exasesor de José Luis Ábalos y se limitó a recordar que él no ordenó comprar material sanitario a ninguna empresa concreta, informó Efe. En una rueda de prensa en la Moncloa para informar de la reunión mantenida por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de Navarra, María Chivite, el ministro evitó entrar en detalles sobre las nuevas revelaciones de la investigación de la Guardia Civil. Torres se limitó a explicar que durante la pandemia, el Ejecutivo canario recibió a «distintas personas», que todas las ofertas de material se canalizaron por los técnicos del Servicio Canario de la Salud, que eran quienes decidían la contratación, y que él «nunca» dio órdenes para que se contratara con una u otra firma.

No obstante, la investigación de la UCO recuerda que fueron dos las empresas relacionadas con la presunta trama que acabaron contratando con el Gobierno de Canarias –y con instituciones a lo largo y ancho del país–: Soluciones de Gestión, que se hizo con una serie de contratos para el suministro y transporte de mascarillas por hasta 12,3 millones de euros, y Megalab, que al final resultó adjudicataria de tres contratos por cerca de 5,4 millones. Tres adjudicaciones «relacionadas con la realización de tests para la detección del covid; no obstante, en particular, cabe destacar que el primero de estos contratos» [para la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que llegaban por avión a las Islas procedentes de otros puntos de España] coincide «con el proyecto para el cual Koldo habría tratado de ejercer su influencia» sobre el expresidente del Gobierno de Canarias. Los tres contratos en cuestión se adjudicaron el 18 de diciembre de 2020 y el 1 de enero y 1 de febrero de 2021, con Blas Trujillo como consejero de Sanidad.