Incentivar a la población juvenil para repoblar la ‘Canarias vaciada’

Si las consecuencias sociales y económicas de la sobrepoblación en las dos capitales canarias y en las zonas turísticas encendieron la luz de alarma, el despoblamiento paulatino de los municipios de menos de 10.000 habitantes avisó a las instituciones y fuerzas políticas parlamentarias de que tenían que ampliar el foco para abordar las soluciones al reto demográfico al que se enfrenta Canarias. Por ello, las propuestas de resolución que preparan los grupos parlamentarios al informe elaborado por el abogado Javier Aythami García González, el relator de la comisión de estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional, no solo se centran en abordar los efectos nocivos de la saturación turística entre los residentes, sino en conseguir repoblar la llamada ‘Canarias vaciada’. En concreto, los socialistas proponen "crear una línea microcréditos de hasta 50.000 euros para jóvenes de hasta 30 años que quieran crear una empresa" en estos municipios, así como generar ayudas para el retorno juvenil mediante incentivos a la contratación de personas jóvenes de perfiles profesionales "con alta demanda en nuestro tejido empresarial" o establecer "un aval hipotecario para menores de 30 años que elimine el requisito del 20% de entrada de la vivienda".

Como quiera que los municipios de menos de 10.000 habitantes basan su economía en el sector primario, el PSOE propone "dedicar un mínimo de un millón de euros a planes para la promoción de mujeres y jóvenes en el sector primario" y otorgar "becas para canarios y canarias y sus descendientes que residen fuera de nuestra comunidad para que puedan realizar estudios de posgrado" en las islas más despobladas, "propiciando de nuevo el arraigo a las mismas".

Unas soluciones que, de forma parcial, comparten los nacionalistas de izquierda de NC-Bc, pues su portavoz parlamentario, Luis Campos, defiende que «hay que insularizar las decisiones e, incluso, abordar cada problema de forma distinta en cada zona del Archipiélago».

"Hay municipios en los que hay que apostar por crear escuelas e incentivar a la población joven y otros en los que, al contrario, hay que promover la apertura de centros sociosanitarios y políticas de los cuidados para la Tercera Edad", afirma Campos.

Para NC-Bc, "incluso se puede compaginar una moratoria del alquiler vacacional en determinadas islas, como Lanzarote o Fuerteventura, con facilitarlo en islas como La PalmaLa Gomera" con el fin de atraer a los nómadas digitales o fijar a la juventud a territorios infrapoblados.

"En algunos casos no haría falta ni una moratoria, sino simplemente desclasificar el gran volumen de viviendas vacías que existen para ponerlas en el mercado, como dice la propia ley del suelo", compaginando esta propuesta con la de "ampliar la oferta de viviendas públicas" con el fin de rebajar la emergencia habitacional que existe en zonas concretas del Archipiélago.

Aunque el resto de formaciones parlamentarias no llevan tan adelantadas sus propuestas de resolución, todos sus portavoces en la comisión de estudio confirman que abordarán las dos realidades poblacionales que cohabitan en el Archipiélago.

Los grupos retrasan sus soluciones hasta conocer las ideadas por los cabildos el día 15 de octubre

Unas propuestas que se conocerán de forma definitiva el próximo 17 de octubre, dos días después de que se hagan públicas las elaboradas por los grupos de trabajo de la Conferencia de Presidentes de Cabildos sobre el acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio, el reparto más justo de la riqueza que genera el sector turístico o las diferencias de población entre islas y municipios.

Unas soluciones a unas demandas sociales que fueron el germen de las protestas ciudadanas del 20 de abril y que se replantearán en las convocadas para el próximo 20 de octubre, pues el malestar de la ciudadanía se mantiene al considerar que las instituciones y formaciones políticas no han abordado de forma eficaz los problemas.

Durante cuatro meses 14 juristas, urbanistas y expertos en derecho comunitario y constitucional comparado desbrozaron en el Parlamento regional los aspectos jurídicos sobre las posibilidades de desplegar medidas restrictivas para limitar la compra de vivienda por parte de no residentes y abordaron cómo se deberá ordenar y planificar el suelo y mitigar el impacto de la doble insularidad en la distribución geográfica de la población en las Islas.

En su informe, el relator García González emitió dos mensajes claros: "estudiar la contención de la inmigración residencial y la llegada de nómadas digitales, sopesando excluir de dicha contención a las ‘islas verdes’ a fin de favorecer su crecimiento" y analizar "las posibles vías que el derecho comunitario ofrece aprovechando la condición de región ultraperiférica (RUP) de Canarias, el interés general, o la combinación de ambas, para la adopción de medidas poblacionales generadoras de un derecho especial que regule la residencia en Canarias".

Si bien es cierto que este informe abre la puerta a debatir tanto la posibilidad de una ley de residencia como la limitación de venta de casas a foráneos, tanto el PSOE como NC-Bc y el resto de grupos parlamentarios inciden en que "no podemos quedarnos solo en medidas limitadoras, bien a través de gravámenes fiscales bien con prohibiciones, sino en buscar soluciones a la falta de población" en un total de 47 municipios canarios, es decir, el 50% del territorio del Archipiélago.

Tanto es así que, en paralelo a la Conferencia de Presidentes de Cabildos, el Gobierno canario activó el pasado 16 de mayo un plan específico para conseguir, a través de varias mesas de trabajo, "transformar los territorios rurales en espacios de oportunidades de desarrollo social y económico mediante el acercamiento de talento e ideas al mundo rural".

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