El Gobierno de España recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo para menores migrantes en Canarias

El Consejo de Estado advierte de que el conflicto de competencias no es suficiente y que la norma del Ejecutivo canario debe ser revisada por afectar a los derechos de los menores migrantes

Clavijo afirma que los menores migrantes "están siendo recogidos con menos garantías"

Acfi Press

El Día

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Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Estado ha respaldado la decisión del Gobierno central de llevar al Tribunal Constitucional el protocolo del Gobierno de Canarias sobre la atención a menores migrantes no acompañados, aunque critica que el planteamiento se quede corto. En su dictamen, avanzado por la CADENA SER, el órgano consultivo subraya que el conflicto de competencias que plantea el Ejecutivo central es insuficiente, ya que la medida también vulnera los derechos fundamentales de estos menores. El Consejo de Estado da, pues, el visto bueno para que hoy el Consejo de Ministros lleva a Canarias ante le Tribunal Constitucional.

El dictamen insta al Gobierno a impugnar la norma canaria, lo que conllevaría automáticamente la suspensión del protocolo durante un plazo de hasta cinco meses. Según el Consejo de Estado, la actuación del Gobierno autonómico canario viola el orden constitucional al afectar a los derechos que asisten a los menores en situación de abandono, algo que no puede limitarse a una cuestión meramente competencial.

El Consejo de Estado recalca que, según la ley, convenios y tratados internacionales suscritos por España, las autoridades autonómicas están obligadas a atender y acoger a los menores migrantes no acompañados desde el momento en que son localizados y entregados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dictamen desmonta el argumento del Gobierno canario respecto a las dificultades para la identificación y la falta de recursos, afirmando que esas circunstancias no justifican el rechazo o la demora en la atención que requieren los menores.

El dictamen reconoce que las razones del Gobierno canario para aprobar el protocolo pueden ser comprensibles, pero insiste en que la exigencia de una resolución judicial o administrativa para cada menor es ilegal. Según el Consejo de Estado, esto constituye un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia que el derecho español e internacional garantizan a los menores migrantes no acompañados.

Finalmente, el órgano consultivo insta a la creación de más plazas para atender a los migrantes en Canarias y llama a la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para enfrentar la crisis migratoria, recordando la importancia de la lealtad institucional en la gestión de este fenómeno.

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