Crisis migratoria | Destensión en la ofensiva del Estado contra Canarias
Clavijo fuerza al Gobierno a negociar con el PP un pacto migratorio tras la reunión interministerial
Clavijo confía en un acuerdo sobre la reforma de extranjería, pero se niega a retirar el protocolo de acogida que Gobierno central amenaza con elevar al Tribunal Constitucional
“Si todo este revuelo sirve para alcanzar un acuerdo, bienvenido sea”, afirma el presidente de Canarias
Mientras llega el acuerdo, en Canarias se seguirá atendiendo a todos los niños que lleguen no acompañados
El presidente canario critica que el Gobierno no le haya remitido ningún informe jurídico o documento legal sobre la supuesta inconstitucionalidad de la resolución.

Clavijo tgras reunirse con la Comisión Interministerial de Inmigración / Europa Press
Punto de inflexión aparente en el conflicto político e institucional en relación con el problema de los menores migrantes no acompañados en Canarias, y con el enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central por la aplicación de un nuevo protocolo de acogida de este colectivo por parte de la administración autonómica. Por primera vez desde que el 23 de julio fracasó en el Congreso la reforma de la ley de extranjería por la oposición del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo parecen en disposición de sentarse a negociar para tratar de cerrar un acuerdo al respecto. Así lo expresó este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras haber asistido a la reunión de la Comisión Interministerial sobre Inmigración, y así se lo transmitió a Fernando Clavijo, en ese mismo foro, al que asistió el presidente de Canarias para abordar la situación de los menores en las Islas.
Esta expectativa de negociación política sirvió para distender el ambiente entre Canarias y el Estado tras el anuncio del Ejecutivo central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución del gobierno regional de no asumir nuevas acogidas de menores en las condiciones en las que lo hacía antes al considerar que es competencia del Estado, y pese al ultimátum de una semana para que la retire. El presidente regional defendió el nuevo protocolo ante los ministros con responsabilidades en gestión migratoria, y rechazó dar marcha atrás, insistiendo en que es un mecanismo aprobado por el Gobierno de España en 2014 y que el informe de la Fiscalía que ha motivado el anuncio del recurso al TC no lo cuestiona, sino todo lo contrario. “Canarias no se ha negado nunca a recibir a ningún menor. Siempre hemos mirado por el interés del menor”, dijo el dirigente nacionalista antes de asegurar que el informe de la Fiscalía “lo que dice de facto es que tenemos que aplicar ese protocolo de 2014”.
Clavijo: "El informe de la Fiscalía lo que dice de facto es que tenemos que aplicar el protocolo de 2014”
“Si no hay reforma de la ley vamos a mantener la garantía que establece el protocolo. Vamos a negociar siempre, incluso las dos cosas a la vez”, afirmó en referencia a los procedimientos de acogida y la modificación legal que se pretende. Eso sí, dejó claro que si esta no se produce, su gobierno mantendrá activa la resolución que el Estado pretende recurrir ante el TC. “Vamos a ver qué dice el informe del Consejo de Estado y en todo caso nos atendremos a lo que diga el Constitucional”, aclaró Clavijo, quien criticó que el Gobierno no le haya remitido ningún informe jurídico o documento legal sobre la supuesta inconstitucionalidad de la resolución.
En el ámbito estrictamente político, el ministro Torres anunció ayer que en las próximas fechas mantendrá una nueva reunión con el PP para tratar de desbloquear la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. El responsable de Política Territorial explicó que ha transmitido a la dirección de los populares su voluntad de reunirse “cuanto antes” y que cuenta con el visto bueno de ese partido. “Ahora, toca cuadrar agendas con las administraciones afectadas”, añadió el ministro, que invitó a Clavijo a participar en esos encuentros. Torres recordó que este mismo martes el Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Constitucional el protocolo de atención a menores migrantes aprobado por Canarias, solicitando un informe al respecto del Consejo de Estado, pero al tiempo confió en que la vía de la negociación sirva para resolver la situación. A su juicio, la clave de todo el conflicto está en la reforma legal para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger a los menores migrantes que se encuentren en territorios saturados, como son Canarias o Ceuta en estos momentos.
Al respecto Clavijo llama la atención sobre la disposición el Gobierno central a hablar ahora de con el PP de las dos cuestiones fundamentales que ese partido ya puso sobre la mesa durante las negociaciones de julio en el Congreso, y que también se mantuvieron en agosto: la elaboración de un listado sobre las plazas de acogida de todas las comunidades autónomas y la financiación durante todo el tiempo en que los menores sean tutelados por estas administraciones. Como primer paso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comunicó a Clavijo que ya dispone de ese documento realizado sobre la base de los criterios de distribución que se aprobó en 2022 en la Conferencia Sectorial de Adolescencia, aunque no le reportó la información concreta al respecto, en espera de convocar en las próximas semanas ese mismo foro para plantear la futura distribución.
El presidente de Canarias dio por hecho que el pleito jurídico con el Estado sobre el nuevo protocolo seguirá su curso en tanto no se aplique un sistema de reparto como el que se pretende en la reforma legal, señalando, en todo caso, que Canarias no necesitará aplicarlo si se alcanza ese pacto en extranjería. Reivindicó el papel de su gobierno en la búsqueda de soluciones y en la intermediación entre el Ejecutivo central y el PP para tratar de cerrar un pacto, y se otorgó el mérito de haber abierto esta ventana de oportunidad para la negociación. “Hemos conseguido que el Gobierno y el PP se sienten y si todo este revuelo (en referencia al polémico protocolo y el recurso anunciado por el Estado) ha servido para ello, bienvenido sea”, recalcó. “Estamos como antes del 23 de julio, pero con el Gobierno y el PP dispuestos a sentarse”, insistió.
“Hemos conseguido que el Gobierno y el PP se sienten y si todo este revuelo ha servido para ello, bienvenido sea”, recalcó Clavijo.
El presidente regional consideró que el Ejecutivo central ha aceptado que la negociación con el PP asume parte del documento que él mismo firmó con Feijóo para abordar la crisis migratoria, aunque dio a entender que el acuerdo más factible es el que específicamente se centra en la acogida de menores, y ve más difícil un pacto de Estado sobre la gestión del fenómeno migratorio. Señaló en este sentido que “una cosa es la reforma de la ley y otra el acuerdo con el PP”. “Siempre he dicho que esto un acuerdo de país que necesita la participación del PP porque gobierna en la mayoría de comunidades autónomas”, resaltó.
En relación con el acuerdo del Consejo de Ministros para solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre el protocolo de recepción de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Canarias, el ministro Torres aseguró que tuvo conocimiento del mismo por los medios, días después de haber convocado la reunión de la Comisión Interministerial este martes, y que en ningún momento el Ejecutivo canario informó o intercambió documentos. “El protocolo se publicó el pasado jueves y entró en vigor al día siguiente. Entendemos que vulnera la Constitución y, ante los informes jurídicos, estamos obligados a actuar”, aclaró
Recordó que el Consejo de Ministros, además de solicitar dictamen, a iniciativa del propio Ministerio de Política Territorial, ha propuesto a la Comunidad Autónoma la convocatoria urgente de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para estudiar las discrepancias planteadas, con el objetivo de tratar de evitar la conflictividad entre las administraciones estatal y autonómica. “Queremos apostar por el diálogo, negociar y alcanzar acuerdos”, afirmó.
Si el protocolo canario para la recepción de menores migrantes no es una norma jurídica, ¿por qué lo quieren enviar al Tribunal Constitucional?
El Consejo de Ministros puso en marcha ayer el procedimiento para recurrir el protocolo aprobado por el Gobierno Canarias para la recepción de los menores migrantes llegados de forma irregular al Archipiélago sin el respaldo de un familiar adulto. El Gobierno de España acordó solicitar un informe al Consejo de Estado sobre ese protocolo con carácter urgente, como paso previo a entablar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la comunidad autónoma. El Ejecutivo central pretende que el TC aclare que la protección de los menores es una competencia autonómica. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, propuso convocar de manera urgente a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado para tratar de evitar el conflicto entre administraciones.
- ¿El protocolo es una ley?
El protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias no es una norma jurídica, es una guía de actuación que busca ordenar la manera en la que la comunidad autónoma recibe a los menores migrantes no acompañados que le entrega el Estado para su tutela. Con ese documento, Canarias no se está negando a atender a los menores, sino que plantea una serie de condiciones para regular la entrega de los niños, igual que se exigen determinados requisitos para acceder a cualquier servicio público como, por ejemplo, la Seguridad Social.
- Si no es una norma, ¿puede ir al TC?
El protocolo regional es una resolución administrativa contra la que cabe recurso en vía administrativa, con el que incluso se podría solicitar una suspensión cautelar del protocolo. Si bien, según fuentes jurídicas, el artículo 167 de la Constitución podría ser una vía de impugnación. Según este artículo, el Estado puede recurrir, además de las leyes, los actos de la comunidad autónoma, siempre que defiendan que el protocolo va en contra de la Constitución. Según las mismas fuentes, lo único que se puede analizar es si Canarias está invadiendo competencias del Estado o está haciendo una dejación de sus propias competencias a través del protocolo aprobado el pasado 12 de septiembre.
- ¿Cómo debe ser la recepción de un menor según el protocolo nacional y el territorial?
Ambos protocolos tienen muchos puntos en común, en ambos se exige que cada niño sea reseñado por la Policía, que recogerá las huellas dactilares de los niños, les hará una fotografía y recabarán toda la información posible sobre su filiación, edad y nacionalidad, así como toda la documentación de la que disponga el menor. A continuación, debe ser inscrito en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (RMENA) de la Policía Nacional. También exigen que los niños sean informados sobre sus derechos en un idioma que puedan entender. Todo ello, bajo la supervisión del Ministerio Fiscal.
- ¿Qué añade el protocolo canario al creado por el Estado en 2014?
La primera exigencia que incluye el Gobierno Canario es que la comunidad autónoma no recibirá a ningún menor que no esté previamente reseñado de forma individual, para evitar confusiones, como ya ha ocurrido. Además, pide que se escuche al menor antes de traspasar su tutela al Ejecutivo regional, para determinar si reúne las condiciones para ser solicitante de asilo. Antes de acoger a ningún niño tendrá que verificar la disponibilidad de plazas en la red de acogida «en las condiciones de garantías legalmente exigidas para ser atendido». Por último, también plantea que la entrega de los menores se lleve a cabo en las comisarías de la Policía Autonómica.
- ¿Está contemplado en el protocolo que los territorios elaboren su propia guía?
El Protocolo Marco se aprueba en 2014 por los ministerios de Justicia, Interior, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como por la Fiscalía General del Estado. En su apartado primero, el protocolo nacional prevé que deba ser completado con los correspondientes protocolos territoriales para que -según sus respectivas normas estatutarias- pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas.
- ¿Qué dice la Fiscalía?
El Ministerio de Juventud e Infancia envió a la Fiscalía un informe en el que expone que el protocolo canario «puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España». La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, considera que el Ejecutivo autonómico pretende que el interés superior del menor quede individualizado en el momento en el que desembarca, cuando su evaluación «se va configurando a lo largo del tiempo». También critica que el protocolo no refleja las repercusiones que puede tener sobre el niño el no ser acogido por la comunidad autónoma y que permanezca con la policía. Además, subraya que después de un peligroso viaje a bordo de una barquilla precaria, el menor «no está en disposición de ser oído con garantías». Por último, considera que la guía de actuación parece obligar al Estado a realizar actuaciones que requieren de más tiempo que una mera identificación y reseña inicial, como averiguar si los menores puede ser objeto de protección internacional.
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