El acceso a la tarjeta sanitaria, la escolarización y el empadronamiento son los factores donde los migrantes aprecian más la desigualdad en Canarias

Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife y CEAR en Las Palmas se ocupan de atender estas situaciones en un plan de ámbito nacional

Imagen de archivo de personas migrantes en situación irregular

Imagen de archivo de personas migrantes en situación irregular / E.D.

Santa Cruz de Tenerife

Las personas migrantes que se hallan en situación irregular aprecian más la desigualdad en Canarias a la hora de acceder a la tarjeta sanitaria, la escolarización de menores o en el empadronamiento en algunos ayuntamientos.

Así lo perciben los representantes de Cruz Roja Española y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que son las ong que en el Archipiélago se ocupan de atender a estas personas y promover acciones para evitar un tratamiento discriminatorio, que se enmarca en un plan nacional impulsado por el Gobierno del Estado.

La diputada del Común, Lola Padrón, mantuvo este miércoles un encuentro con los representantes de dichas organizaciones, Karima El Mahmdi, por Cruz Roja, y Juan Carlos Lorenzo, por CEAR, para conocer de cerca esta realidad.

El servicio de asistencia y orientación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica funciona desde hace once años en la provincia de Las Palmas y unos tres años en la de Santa Cruz de Tenerife.

Lorenzo admitió que el alcance de esta prestación es limitado, por lo que no puede reflejar la situación de discriminación a nivel general que se pueden producir en Canarias.

Padrón explicó que es un programa que tienen las entidades para dar una visión distinta de cómo se trabaja con las personas que llegan desde las costas de África u otros lugares, "centrada en el ser humano, que es lo que interesa en un momento donde todo se centra a nivel más partidista".

Frente a eso, la Diputación del Común quiere saber "cómo se trabaja con esos inmigrantes, qué problemas tienen y en qué podemos ayudar". Los orígenes de este proyecto del Ministerio de Igualdad están en el 2013.

Karima El Mahmdi señaló que este tipo de encuentros los tienen también con otras administraciones para trabajar en red y "que podamos apoyar a todas estas personas".

Lorenzo recordó que a la diputada del Común se le ha explicado a qué se dedica el servicio, qué alcance tiene y cómo se desarrolla en Canarias.

El servicio pretende mejorar la convivencia para generar "los cambios necesarios que eviten situaciones de discriminación", comentó el responsable territorial de CEAR.

Con la prestación se atienden casos de tipo individual o colectivo, con la intención de generar "un cambio de pautas" en el "ámbito sanitario, educativo, del empadronamiento".

Lorenzo está convencido de que la Diputación del Común, como parte del Parlamento de Canarias, puede servir para impulsar las acciones necesarias en administraciones municipales, insulares o autonómicas para evitar discriminaciones.

Los sectores "más proclives" a registrar situaciones de desigualdad son "el acceso a la tarjeta sanitaria", que es "uno de los elementos fundamentales en los que, con mayor frecuencia de la que nos gustaría, detectamos incidencias", según Lorenzo. Aclaró que no necesariamente esta realidad se registra sólo por "mala praxis", sino también por desconocimiento o no tener claras las instrucciones.

Otro de los factores está en el empadronamiento, "que tiene que ser el eje estratégico", pues se trata de la "puerta de entrada" a otros derechos y deberes de las personas inmigrantes, afirmó el representante de CEAR. Existen ayuntamientos en los que no hay problema alguno y otros en los que se convierte en un verdadero obstáculo.

En el ámbito educativo, también se aprecian desigualdades con la escolarización de niños en edad infantil. Para CEAR, a algunas de estas familias se les piden requisitos de escolarización que no pueden cumplir, como pueden ser algunos documentos.

En opinión de Juan Carlos Lorenzo, "hay que analizar que las escuelas infantiles, sobre todo aquellas que dependen de la administración pública, están pensadas para personas que no tienen recursos, y si hay un colectivo que no tiene recursos es el de las familias que están en situación irregular o en proceso de regularización".

También citó la dificultad para el acceso al transporte gratuito. Karima El Mahmdi también mencionó una quinta circunstancia, como es el acceso al empleo.

Lorenzo señaló que el acceso a la vivienda, si ya resulta complejo para otros ciudadanos, se complica mucho más si se trata de personas migrantes, por ejemplo a la hora de alquilar.

También indicó que el acceso al trabajo tiene que ser también en condiciones de igualdad y "no pueden privilegiar, ni en positivo ni en negativo, a personas por su origen". En este caso, puso como ejemplo la actividad de los cuidados a personas de avanzada edad o dependientes.

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