La ocupación ilegal del territorio no cesa: 642 infracciones en seis meses

La ocupación ilegal del territorio en Canarias se mantiene al alza pese al incremento de la vigilancia y las inspecciones, las denuncias de la Administración y las sanciones que se imponen. La pandemia del Covid ha supuesto un antes y un después en las infracciones constructivas ya que se han incrementado con respecto a la década 2010-2020 debido, entre otros motivos, a la huida a las zonas rurales de familias y personas que, en bastantes ocasiones, ocupan suelo rústico o agrario sin licencia ni autorización y levantan edificaciones clandestinas que, tarde o temprano, son detectadas, lo que implica la apertura de un expediente. La tendencia se ha mantenido en el primer semestre de 2024, periodo en el que se han abierto 642 infracciones urbanísticas, un 33% más que en el mismo periodo de 2023, que alcanzaron las 426.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn), organismo autónomo encargado de inspeccionar la disciplina urbanística y medioambiental, acaba de cumplir 25 años –comenzó su andadura en junio de 1999– y tiene más trabajo que nunca. En este cuarto de siglo ha abierto cerca de 60.000 expedientes si se incluyen los del primer semestre de este año, 59.086 hasta el cierre de 2023. El 76% de las infracciones son las constructivas y las relacionadas con el vertido de residuos, de tal forma que en el cómputo global de estos 25 años la Agencia ha impuesto 23.348 infracciones por residuos y 21.844 expedientes por construcciones ilegales.

La directora de la Agencia, Montserrat Ortega, admite que en los últimos años la entidad se ha visto «sobrepasada» por el gran volumen de trabajo que recae sobre la misma, ya que no solo se trata de las infracciones constructivas o de residuos sino que hay hasta 15 tipos de vulneraciones territoriales y ambientales sobre las que la Agencia tiene competencias para inspeccionar y abrir expedientes caso de los vertidos al mar, incumplimiento de la ley de Costas, ley de envases, impacto ambiental, cetáceos, extracción de áridos, ley de prevención de la contaminación, patrimonio natural y biodiversidad o responsabilidad medioambiental. «La plantilla tiene voluntad y ganas, llegamos pero nos gustaría llegar más rápido, aunque debemos ceñirnos a los recursos de los que disponemos», añade Ortega.

La plantilla de la Agencia de Protección del Medio Natural ronda los 150 efectivos, una ocupación alta después de la última reforma de la relación de puestos de trabajo (RPT). Pero el personal sigue siendo insuficiente para abarcar todo el territorio de las Islas y frenar el cierto «descontrol» que se ha producido después del Covid en la ocupación del suelo rústico. Para que la vigilancia sobre las infracciones urbanísticas tengan efecto la colaboración de los ayuntamientos es indispensable, pero a día de hoy, y después de 25 años de existencia, solo 19 de los 88 ayuntamientos de Canarias y tres de los siete cabildos están consorciados con la Agencia. ¿Indiferencia o descoordinación? «He lanzado invitaciones a los ayuntamientos para que se lo piensen y se consorcien porque si trabajamos todos en la misma línea podremos colaborar mejor», añade la directora del órgano autonómico.

Colaboración

La colaboración entre administraciones y cuerpos de seguridad y vigilancia es fundamental para evitar los desmanes sobre el territorio. Según los datos oficiales, entre 2016 y 2023 fueron los agentes del Seprona de la Guardia Civil los que interpusieron más denuncias –3.822–, seguido de los ayuntamientos –2.849–, los cabildos –2.302–, el personal de la Agencia –1.440– y la Policía Canaria –919–.

A la vista de las estadísticas, en los últimos años se ha consolidado el repunte de las construcciones ilegales, la vulneración más ostensible y flagrante sobre el territorio. «Después del confinamiento ha habido una especie de huida hacia las zonas rurales para vivir en casas más amplias y con terrenos, pero ha sido una salida de las ciudades un tanto descontrolada y sin mucho rigor porque se ocupa suelo que algunas veces no es ni siquiera de la gente que lo ocupa», explica Ortega. Pero no todos los suelos rústicos permiten el uso residencial y aquí es donde surgen los problemas porque se ocupa el suelo agrario con edificaciones que aparentan ser un cuarto de aperos o un establo para los animales y terminan convirtiéndose en casas que son segundas residencias o para residir de forma estable sin ningún tipo de licencia ni autorización. «La gente compra, ocupa y se pone a construir donde no es posible porque no se dan cuenta que se tienen derechos pero también obligaciones y es un riesgo ponerse a invertir y edificar sin permiso», advierte la directora de la Agencia, sobre todo en lo que más está proliferando que es en el suelo rústico de protección agraria. Muchos de los que infringen la legalidad se aprovechan de la lentitud administrativa en la tramitación de los expedientes o del proceso judicial cuando recurren las órdenes de paralización o demolición, que son suspendidas hasta que se resuelva el pleito.

Entre 1999, cuando comenzó la Agencia y las estadísticas, hasta 2008 las infracciones constructivas superaban el millar cada año y fue a partir de 2009 cuando comenzó a bajar el diapasón hasta llegar solo a los 350 expedientes en 2019. Paralelamente, a partir de 2003 comenzó la escalada de los expedientes abiertos por los vertidos ilegales de residuos, que fueron creciendo de forma imparable hasta 2017 mientras caían las edificaciones clandestinas. Como ejemplo, en 2006 se denunciaron 2.094 infracciones de residuos, que fue el año con más sanciones por este motivo. En el caso de las construcciones, en 2002 se levantaron 1.633 expedientes como año con más aperturas.

El año 2020 y la pandemia marcan un punto de inflexión en la evolución que había en relación con la disciplina urbanística en materia de construcciones. De 350 expedientes en 2019 se pasó a 586 en 2020, 678 en 2021, se volvió al millar en 2022 –1.021– y 811 en 2023. En los primeros seis meses de este año ya se han abierto 642 expedientes, lo que hace prever que el año puede terminar por encima del millar de nuevo si la tendencia se mantiene en la misma línea.

Montserrat Ortega explica que la Agencia ha podido en estos años desarrollar una labor «didáctica» en materia de residuos, ya que en muchas ocasiones han sido talleres o industrias las que vierten residuos y se les ha instruido para que gestionen sus desperdicios y reconduzcan su situación de la ilegalidad a la legalidad y así poder mantener sus negocios. Sin embargo, en materia de edificaciones y construcciones la situación es más complicada porque hay propietarios que no acatan el apercibimiento cuando se detecta la construcción. «La gente asume con rapidez otras infracciones administrativas, pero en materia urbanística impera el discurso de que en mi propiedad puedo hacer lo que quiera cuando eso no es así, también hay derechos y deberes que parece que no están tan claros», relata la directora de la Agencia de Protección.

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